Caracterizar los tráficos ilícitos y redes, con el fin de contribuir a la búsqueda de soluciones eficaces sigue siendo una tarea pendiente. La propia UE reconoce las limitaciones de los resultados obtenidos en relación con la lucha contra el crimen organizado transnacional, pese a los recursos humanos y materiales invertidos.
Quizá parte de las limitaciones en relación con los resultados de esta lucha contra el crimen organizado transnacional proceda de la forma en que se ha abordado el problema. El principio de corresponsabilidad entre las áreas productoras, distribuidoras y consumidoras parece, así, un punto de partida esencial para abordar el análisis de los tráficos y las redes criminales entre América Latina y España y la Unión Europea.
Este principio de corresponsabilidad, en la medida en que pone de manifiesto la dependencia entre las diferentes fases de los mercados ilegales, obliga a adoptar una visión global mediante la cual entender y poder visualizar la existencia de un espacio de inseguridad atlántico común entre América Latina y Europa. Si adoptamos como referencia el mercado de la cocaína, el tráfico ilegal más importante entre América Latina y Europa, se encuentra implicada el área andina, como zona productora; buena parte de Sudamérica y el Sahel, como áreas de tránsito; y España, como mercado de destino y plataforma de distribución al resto de Europa. Toda esta inmensa área es la que conformaría lo que hemos calificado como el espacio de inseguridad atlántico común. La existencia de este espacio hace recomendable la creación de una nueva área de cooperación entre América Latina y la UE, en el que España debe de tener un papel fundamental.
Bajo el principio de corresponsabilidad es posible contemplar los tráficos ilícitos en toda su complejidad y no de manera fragmentada. En otras palabras, para comprender estos mercados y, en consecuencia, poder combatirlos eficazmente, han de ser entendidos como un todo, ya que no es posible separar la oferta de la demanda. Un mercado es dependiente de todas las partes que lo componen. No puede existir sin demanda, sin distribución o sin oferta y cada una de estas partes se retroalimentan la una a la otra.
De ahí que los resultados siempre sean limitados si se pretende resolver la producción o la distribución de mercancías ilícitas, sin contemplar la demanda de los mercados de destino. De igual manera, tampoco resulta del todo útil pretender resolver el consumo, sin tener en cuenta los factores facilitadores que hacen posible la oferta y la distribución. Este tipo de visiones estrechas acaban responsabilizando únicamente a alguna de las áreas implicadas en estos mercados. Visión que, en última instancia, no sólo estigmatiza a determinadas regiones bajo una realidad simplificada y supuestamente dominada únicamente por estas redes criminales, tal y como se denuncia desde América Latina, sino que también impide abordar el problema en toda su complejidad.
En este sentido no deja de ser importante el programa de la UE, a través de la Comisión Europea, EL PAcCTO: Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado. Dicho programa esta liderado por la FIIAPP y Expertise France, con el Instituto Ítalo-Latinoamericano y el Instituto Camões como socios coordinadores, con el respaldo de los Ministerios de Interior y de Justicia, más los Poderes Judiciales y las Fiscalías de España, Francia, Italia y Portugal. Este proyecto, sin duda, indica un cambio mediante el cual podría comenzar a desarrollarse un ámbito de cooperación necesario con América Latina, en el que España puede jugar un papel importante.
Nueva área de cooperación y papel de España
En coherencia con la corresponsabilidad y una visión global de esta amenaza transnacional, la respuesta debe necesariamente desarrollar relaciones de cooperación América Latina-UE. Ciertamente esta área de cooperación ha de ser considerada como nueva, en la medida en que la seguridad no ha sido un punto de la agenda de relaciones entre ambas regiones, pese a que, desde los años noventa, existe este espacio de inseguridad atlántico común. Si bien, el mencionado Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado podría ser un primer paso en este sentido.
En este nuevo ámbito de cooperación España puede tener un papel vertebral por dos motivos fundamentales. Al papel realizado como interlocutor y facilitador del diálogo entre la UE y América Latina, éste si cabe es más oportuno ya que, ante su ubicación estratégica, se ha constituido en puerta de entrada y plataforma para mercancías ilegales como la cocaína, desde donde se distribuye al resto de Europa. No sólo eso, también se ha convertido en lugar de negocio y refugio de estas redes, fundamentalmente colombianas y mexicanas, desde donde aspiran a expandir y consolidar sus negocios hacia Europa y Asia. La lengua y el factor cultural es un elemento de atracción trascendental. En la medida en la que el territorio español es un centro neurálgico de proyección internacional para las redes criminales, ha de serlo para combatir esta amenaza, de ahí el justificado papel que España puede tener en este nuevo espacio de cooperación.