En su estreno como líder mundial en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, el primer ministro canadiense Justin Trudeau emergió como un nuevo protagonista en el escenario internacional. Su discurso, enfocado en la crisis de los refugiados y en la importancia de sumar esfuerzos ante los retos humanitarios, inspiró admiración en los asistentes. Trudeau dejó claro el papel de Canadá bajo su gobierno, al cerrar su intervención con las palabras “somos canadienses [y] estamos aquí para ayudar.”
La acogida del discurso de Trudeau en la Asamblea General fue la guinda del pastel de un año casi perfecto para el joven líder. En los primeros 12 meses de su mandato, Trudeau se ha ganado la reputación de ser “la voz progresista” en política internacional. Además de su popularidad internacional, Trudeau disfruta de un fuerte índice de aprobación en el país, con 2 de cada 3 canadienses satisfechos con su gestión. El primer ministro viral de Canadá representa un nuevo modelo de político –orgulloso de ser feminista, y que decide demostrar su apoyo a los refugiados sirios recibiéndoles en el aeropuerto.
A pesar de la euforia que hasta ahora ha llegado a definir su mandato, su gobierno ha tenido los primeros 9 meses menos productivos de las últimas dos décadas. Según datos de la biblioteca del parlamento de Canadá, los 10 proyectos de ley aprobados por Trudeau en nueve meses se deslucen en comparación con los gobiernos de sus predecesores Stephen Harper, Paul Martin y Jean Chrétien. El gobierno argumenta que la primera sesión de Trudeau fue enormemente ambiciosa: entre el lanzamiento de una comisión de investigación sobre las mujeres y niñas indígenas asesinadas o desaparecidas, un nuevo programa de subsidios familiares que favorece a las familias de bajos ingresos, y el realojamiento de más de 30.000 refugiados sirios, el primer ministro Trudeau ha estado realmente ocupado.
Aun así, lo cierto es que Trudeau ha empezado a dar la espalda a algunas promesas fundamentales de su campaña electoral. Su compromiso con el medio ambiente, los pueblos indígenas, y la transparencia de las instituciones gubernamentales contribuyeron a que Justin Trudeau consiguiera una mayoría absoluta en noviembre pasado. El incumplimiento de ciertas promesas en estos ámbitos muestra lo que podríamos llamar “el lado imperfecto” de Trudeau, poco visible, pero que es importante reconocer.
Catherine McKenna, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, anunció en septiembre que el objetivo de reducción de emisiones de C02 establecido por el gobierno conservador de Harper no se actualizará. El año pasado en la Cumbre de París, McKenna criticó el objetivo –el más bajo de los países de G7– fijado por Harper por su falta de ambición. Sin embargo, y a pesar de la buena voluntad de McKenna, el gobierno Trudeau primó los intereses económicos de las provincias occidentales, que están sufriendo los efectos de la bajada del precio de petróleo, y frustró las expectativas de los canadienses que esperaban que Trudeau impulsara el liderazgo del país en materia de medio ambiente.
En julio, la ministra de Justicia Jody Wilson-Raybould comunicó que el gobierno no implementará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pese a la promesa electoral. Según Wilson-Raybould, la declaración es “demasiada sencilla”, “impracticable” y “una distracción” de las verdaderas necesidades de la comunidad indígena. Sin embargo, lo cierto es que la implementación de la Declaración supone enfrentar los conflictos y las contradicciones entre las leyes canadienses y sus estipulaciones, que contienen un derecho de veto de las comunidades indígenas en temas que directamente les afectan. Además de complicar el proceso legislativo, el veto pondría en peligro proyectos como el gaseoducto de Kinder Morgan, Pacific Northwest LNG y la presa de Site C.
Durante la campaña, Justin Trudeau prometió reformar una polémica legislación anti-terrorista, el proyecto de ley C-51, promulgado por el gobierno de Harper tras el atentado en 2014 en la Colina del Parlamento en Ottawa, y que ha suscitado fuertes críticas por presuntas infracciones de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Además de posibles abusos de la Carta, a los críticos de la Ley Antiterrorista les preocupa el empoderamiento del CSIS, la agencia canadiense de inteligencia, por la falta de supervisión del gobierno sobre sus actividades. Si bien Trudeau afirmó que su gobierno examinará cuanto antes el C-51 para asegurar su conformidad con la Carta, el RCMP (el cuerpo federal y nacional de policía de Canadá) y el CSIS mantienen las facultades permitidas por el C-51 para desarticular las redes terroristas. Trudeau, que votó a favor de C-51 para no ser visto como un líder débil ante el terrorismo, sigue evitando volver al debate sobre las iniciativas anti-terroristas.
No cabe duda que Justin Trudeau es un líder prometedor. Pero es importante reconocer sus errores. Su buena prensa permanente minimiza las posibles críticas a su gobierno, creando una ausencia de voces críticas que permitan exigirle una sana y deseable rendición de cuentas. Trudeau aspira a que su país ocupe un puesto en el Consejo de Seguridad en 2021, pero necesitará de esas voces críticas para empujarle a ser un líder mejor y más responsable. Es hora de cambiar el cristal de color rosa con el que se mira a Trudeau por las lentes críticas.
