El balance de la resolución 1325, quince años después de su aprobación es, sin paliativos, decepcionante. Logros muy escasos, e insuficiente voluntad política para incorporar a las mujeres (sólo un 9% de mujeres en las mesas de negociación de la paz; sólo el 19% de las misiones de Naciones Unidas sobre el terreno encabezadas por mujeres); enormes obstáculos que persisten en materia de igualdad; escasa protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas (que siguen sufriendo, de manera recurrente y sistemática, violencia sexual en conflictos armados –Mali, República Democrática del Congo, Siria, República Centroafricana-, y nuevas formas de violencia por parte de grupos terroristas); inexistente financiación para garantizar la participación de las mujeres en la prevención de los conflictos, y en la construcción y consolidación de la paz; fracaso frecuente para trasladar al terreno la importancia de incorporar a las mujeres; y un largo etcétera. No hay duda de que estamos muy lejos de las aspiraciones de la 1325 cuando sus objetivos son hoy –en un nuevo contexto internacional crecientemente complejo- más urgentes y necesarios que nunca.
Con ocasión de su aniversario, y en el marco del examen anual de alto nivel, el pasado 12 de octubre se presentó el Informe Global sobre la implementación de la resolución 1325, un estudio independiente que aporta, junto con un conjunto de recomendaciones concretas, datos empíricos sobre el vínculo entre la participación de las mujeres y el éxito y la sostenibilidad de los procesos de paz. Si las mujeres participan en todas las etapas, las posibilidades de lograr y consolidar la paz son mayores. Entre las recomendaciones se destaca la de introducir la agenda de género en todas las tareas y áreas del CSNU; la puesta en marcha de sanciones que tengan en cuenta la perspectiva de género; sesiones informativas más frecuentes de la sociedad civil; o una mayor y adecuada financiación, cuyo “fracaso persistente es el obstáculo más serio, grave e implacable” para alcanzar los objetivos de la 1325. Los Estados miembros, las organizaciones regionales y el sistema de las Naciones Unidas deben abordar con urgencia y determinación la falta de recursos en esta agenda, para lo que el Informe propone que se destine un mínimo del 15% de toda la financiación relativa a la paz y la seguridad.
España identificó la igualdad de género como una de sus prioridades –la primera, afirmó el Presidente del Gobierno- para su bienio 2015-2016 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La presidencia de turno del CSNU este mes de octubre ha sido una oportunidad única para expresar el compromiso con la agenda Mujeres, paz y seguridad, que el gobierno ha traducido en la promoción, junto con otros Estados miembros como el Reino Unido, de una nueva resolución (la 2242) que aspira a ser la nueva referencia para los próximos años, y que ONU Mujeres ha calificado como un instrumento histórico: por su alcance; por el amplio apoyo –sin precedentes- logrado (el co-patrocinio de 71 países, además del apoyo unánime de los 15 miembros del CSNU); y por el interés del debate (en el que participaron 113 oradores, el mayor record en la historia del CSNU, y el primero sobre la materia presidido por un jefe de gobierno).
La 2242, aprobada el 13 de octubre, es una resolución relevante. El gobierno español se había marcado como objetivos del nuevo texto impulsar una arquitectura institucional y un liderazgo más fuertes de Naciones Unidas en la materia, incluidos un lenguaje más sólido en los documentos del CSNU, en particular sobre mandatos y regímenes de sanciones; definir con claridad las responsabilidades del CSNU, con exigencia de resultados; y abordar amenazas ausentes, como el papel de las mujeres en la lucha contra el extremismo violento. La resolución recoge mayoritariamente estos elementos, así como algunos otros recomendados por el Informe Global, pero sobre todo destaca la necesidad de abordar el déficit de financiación (identificando el nuevo Instrumento de Aceleración Global sobre Mujeres, Paz y Seguridad y Acción Humanitaria como una herramienta importante para movilizar nuevos recursos); y de contar con más mujeres liderando en todos los niveles de toma de decisión, incluidos los equipos de mediación, esenciales para garantizar el éxito del proceso.
En el debate del pasado 13 de octubre el Presidente del Gobierno expresó un conjunto notable de compromisos, entre los que hay que destacar la contribución, en 2016, de un millón de euros para el Instrumento de Aceleración Global sobre Mujeres, Paz y Seguridad; la contribución (sin especificar cuantía) para financiar la unidad de género del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de las Naciones Unidas; el incremento (sin señalar cifras) de la ayuda oficial al desarrollo dedicada a Mujeres, Paz y Seguridad; la actualización del Plan de Acción Nacional, incluyendo la presentación al Parlamento de informes periódicos sobre su cumplimiento y la creación de un punto focal nacional; y la asociación de la sociedad civil al diseño y seguimiento de las acciones gubernamentales. Adicionalmente, la inclusión de indicadores de impacto del cumplimiento del Plan, y la suficiente dotación de medios humanos y materiales serían algunas de las mejores prácticas a incorporar si España quiere situarse como uno de los países más activos en la puesta en marcha de la 1325. Y la mejor manera de hacer posible la 2242, aprobada con su impronta. La nueva resolución –la octava ya en la materia desde el año 2000- no tendrá impacto en la realidad de las mujeres y las niñas si no se aprovecha este “momentum” y se asumen compromisos concretos –políticos y financieros- que se traduzcan en resultados tangibles.
La participación y el liderazgo activo de las mujeres son imprescindibles para lograr y consolidar la paz. La igualdad de género es un objetivo clave para el desarrollo sostenible, pues solo un planeta 50/50 puede garantizar mayores cuotas de prosperidad, derechos y libertades, estabilidad y, sin duda, paz y seguridad internacional. Hay que dar el paso.