Las mujeres iraníes son mayoría en las universidades del país, sobre todo en Teherán. No es extraño verlas conduciendo autobuses, o al frente de pequeños negocios. Pero esta imagen, que podría sugerir cierta autonomía en una región del mundo donde los derechos de las mujeres son vulnerados de manera sistemática –o donde las mujeres sufren discriminaciones sancionadas por la ley– no puede ocultar su realidad.
El país ocupa el puesto 140 (de 144 países) en el ranking que recoge el último Informe de brecha global de género del Foro Mundial de Davos. Con valores cercanos a la paridad en los ámbitos de la salud y la supervivencia; y en la educación, la enorme brecha en la participación y las oportunidades económicas (con un escaso 0,35, siendo 1 el valor de igualdad), o en el empoderamiento político (con un exiguo 0,04) ilustran bien la situación de las mujeres en el espacio público de la toma de decisiones.
Las iraníes son el 55% de los estudiantes universitarios, el 43% de los estudiantes de máster, y el 58% de los que preparan un doctorado. Son también mayoría en los estudios STEM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas). Si bien desde la Revolución Islámica en 1979 el régimen ha alentado a las mujeres a cursar estudios superiores, más recientemente está imponiendo restricciones a su acceso a un número considerable de estudios de grado, argumentando la saturación de salidas profesionales en el mundo laboral. Entre las carreras “limitadas” a las mujeres se incluyen las ingenierías o la física nuclear y la informática, pero también la arqueología, los negocios o la literatura inglesa.
En términos de participación económica, según las estadísticas oficiales la tasa de actividad económica de las mujeres se sitúa en torno al 14%, aunque no hay datos sobre la participación de las mujeres rurales en el sector agrícola, o el de la artesanía. El Informe del Foro Mundial de Davos cifra la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en el 19%.
Las demandas de las mujeres, plasmadas en un manifiesto firmado el 5 de mayo del pasado año (pocos días antes de las elecciones presidenciales y locales) por más de 180 activistas en favor de los derechos de las mujeres incluyen reivindicaciones en materia de participación política, económica, social y cultural. Medidas concretas como una cuota de, al menos, el 30% de los puestos gubernamentales a nivel de ministro y viceministro para las mujeres; asegurar el nombramiento de mujeres en posiciones senior en la administración local y provincial; recuperar las unidades de género en los ministerios; eliminar la “lente securitaria” con la que se considera a las mujeres activistas; crear un clima de libertad para las actividades de las organizaciones de mujeres en la sociedad civil; eliminar la discriminación de género en el ámbito económico y laboral, y aprobar legislación que incremente su participación en la economía; obligar a los empleadores a pagar igual salario por el mismo trabajo; prevenir el despido por embarazo y cuidados postnatales; eliminar la regulación discriminatoria que impide a las mujeres el acceso a determinados estudios universitarios; políticas de apoyo a las mujeres en el ámbito rural; enmienda de las leyes discriminatorias en materia de herencia, nacionalidad, matrimonio y divorcio; fortalecimiento de las leyes para combatir la violencia de género; cese de las acciones de la policía de la moralidad contra las mujeres que no siguen la política del hijab; eliminación de la prohibición de la asistencia como espectadoras a las competiciones deportivas; o el fin de las restricciones de la participación de las mujeres en ciertos deportes y competiciones internacionales.
Las relativas expectativas que había representado la relección del presidente Rohaní (que prometió incorporar mujeres en su gobierno si era elegido) no se han traducido: no hay mujeres ministras en el gabinete del presidente, y tampoco avances en la mejora de la situación de las mujeres, en un país donde la ley les prohíbe derechos fundamentales como el divorcio, el trabajo (para el que necesita el permiso de una figura masculina), la herencia, los cargos políticos, o donde el derecho de familia y penal considera a las mujeres ciudadanas de segunda categoría. Según el último informe de Amnistía Internacional, la violencia de género, y el matrimonio forzado y precoz (la edad legal para las niñas está en los 13 años) son generalizados.
Las resistencias son robustas, pero en Irán las mujeres siguen movilizándose en defensa de un cambio que garantice sus derechos y libertades. El activismo toma distintas formas, que las redes sociales ayudan a viralizar. En diciembre del pasado año, Vida Movahed, una joven de 31 años, desafió, en pleno centro de Teherán, la norma que obliga a todas las mujeres y niñas mayores de 9 años a cubrirse el cabello en público con un velo islámico o “hijab”. El vídeo que la muestra de pie, sola sobre un bloque de cemento, sin pañuelo y ondeando en silencio una bandera blanca, se hizo viral en el marco de la campaña #WhiteWednesdays, que insta a las mujeres a compartir en las redes sociales, cada miércoles, imágenes y videos llevando pañuelos o trozos de tela blancos en protesta por el uso obligatorio del velo. Vida Movahed fue detenida y, tras permanecer en paradero desconocido, fue liberada después de haber estado bajo arresto durante 30 días.
A la protesta de Movahed han seguido otras, utilizando las redes sociales como herramienta para reclamar derechos y libertades y cambios en el régimen iraní. Con hashtags como #Dance, #WomenEmpowerment, #WomenDisobey o #NotToHijab, muchas mujeres, fundamentalmente jóvenes, se graban bailando en distintos lugares de las ciudades. Decenas de ellas han sido detenidas, pues bailar está prohibido desde la Revolución Islámica de 1979.
Sin embargo, algo (aunque muy lentamente) están cambiando las mujeres en esta parte del mundo, donde 50 millones de mujeres en los países árabes están incorporándose al mundo laboral, con el potencial transformador que su participación representa. En Irán, cualquier transformación que pueda considerarse punto de inflexión en un país de más de 80 millones de habitantes –el 65% de los cuales tiene menos de 35 años– tendrá mucho que ver con el cambio que promuevan y al que contribuyan las mujeres, empezando por sus propios derechos y libertades fundamentales.
Según los datos más recientes del Foro Mundial de Davos, al ritmo actual, la igualdad de género en la región de Oriente Medio y el norte de África, no se alcanzará hasta dentro de 580 años. Sin el activismo de las mujeres será imposible revertir esta situación.