Cada voto cuenta. Este es el mensaje que se está tratando de trasmitir a los estadounidenses en este primer ciclo electoral desde que la presidencia fuera ganada por el candidato republicano con los decisivos 80.000 votos de Michigan, Pensilvania y Wisconsin. La elección de Donald Trump demostró que las cosas se pueden cambiar incluso contra todo pronóstico. Esa “mayoría silenciosa” se movilizó para votar contra lo establecido y ganó. Ahora son los demócratas quienes esperan reproducir la experiencia movilizando a su electorado para volver a darle la vuelta a la sartén.
Pero los votantes se enfrentan a no pocos obstáculos a la hora de ejercer su derecho en EEUU. En primer lugar, gracias a la aprobación a lo largo de la última década de varias leyes parece cada vez más complicado registrarse para votar e incluso ejercer el propio acto. Hay que tener en cuenta, además, que existen 10.000 jurisdicciones electorales en EEUU y que son los estados los que controlan todo el tema electoral y no el gobierno federal, lo que dificulta aún más la posibilidad de establecer una estrategia o unos estándares comunes.
En segundo lugar, hay que sumar la interferencia rusa en las presidenciales de 2016, que ha llevado a los estadounidenses a cuestionarse la integridad de su propio sistema electoral.
Y en tercer lugar, está el proceso de gerrymandering, por el que se delimitan –o manipulan– los distritos electorales para favorecer a un legislador de un partido concreto, y que parece fuera de control.
Así que existe la sensación de que algunos votantes estadounidenses tienen menos opciones a la hora de decidir a quién mandar a Washington.
Restricciones legislativas al voto
Este otoño, los votantes en al menos ocho estados de EEUU se enfrentan a leyes electorales más estrictas que en 2016. Y en 23 estados deben hacer frente a mayores barreras que en 2010. El principal impedimento suelen ser las duras normas sobre los documentos de identificación válidos para votar (en Texas se puede votar con la licencia de armas pero no con el carnet de estudiante), además de los recortes en la duración de las votaciones anticipadas –este año en Iowa solo tienen 29 días para votar mientras que anteriormente tenían 40– o las crecientes dificultades del voto a distancia.
A pesar de la ola de entusiasmo que hay para este noviembre –hay cifras récord de votantes que se han registrado– las investigaciones apuntan a que estas leyes reducen las participación, en especial entre las minorías, los votantes con menos ingresos, la gente joven, los ancianos y la gente con discapacidades. Para los que asumen que gran parte de estos grupos son potenciales votantes demócratas, saben a quien o a quienes echar la culpa. Pero los legisladores federales y estatales se apoyan en el mito del “fraude electoral” (que arranca de los años 20-30 del siglo pasado) para justificar y continuar justificando todos estos esfuerzos que hacen aún más difícil votar en EEUU.
Hay, sin embargo, quienes tratan de contrarrestar esta tendencia. En los tribunales de al menos ocho estados hay varias demandas que han frenado, al menos temporalmente, algunas de estas iniciativas. Y proliferan como nunca asociaciones apartidistas que intentan inculcar una buena educación electoral e impulsar la movilización entre los votantes.
La seguridad
El sistema electoral de EEUU se ha convertido en una cuestión de seguridad. De hecho fue declarado “infraestructura crítica” por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) en enero de 2017. Poco antes, los estadounidenses supieron que el gobierno ruso había hackeado el servidor del Comité Nacional Demócrata y robado correos privados hasta de la propia Hillary Clinton. Y también supieron que varios intermediarios relacionados con el gobierno ruso atacaron los sistemas electorales de 18 estados, intentaron acceder en al menos seis páginas web a través de las que se ejercía el derecho al voto y lograron entrar en algunos censos electorales.
Puede que la interferencia rusa no cambiara el resultado de la elección –al menos es dificilísimo de comprobar– pero sí ha dañado la confianza de los votantes en la infraestructura y maquinaria que rodea una votación. Y la sensación es que 2016 no será el último ataque.
Los votantes tienen toda la razón. A menudo los ordenadores son antiguos y con sistemas operativos a los que sus desarrolladores dejaron de dar soporte. Puede haber pirateos y mal funcionamiento, las páginas web se pueden caer y los votantes pueden no saber dónde deben dirigirse para votar. Se mantienen máquinas de votación que ya dejaron de fabricarse, que deben ser reemplazadas para el 2020 y para las que no se cuenta con suficiente financiación.
Hay que añadir que en muchos estados la votación es exclusivamente electrónica y se carece de una papeleta de papel que sirva como prueba documental si hiciera falta un recuento. Todo ello merma la confianza en los resultados. El Congreso ha reservado 380 millones de dólares para que los estados mejoren, actualicen y modernicen su infraestructura electoral. Sin embargo, es una cantidad insuficiente para reemplazar todo lo necesario.
Todas estas vulnerabilidades dejan una puerta abierta a la interferencia de actores externos. Según una encuesta a expertos en ciberseguridad, un 85% de ellos creen que las elecciones de media legislatura serán objeto de ciberataques. Y otra afirma que entre un 20 y 30% de votantes barajan la posibilidad de no votar por temor a la falta de seguridad, un porcentaje que crece entre los más jóvenes. ¿Y quién puede interferir? Según al director nacional de Inteligencia, el FBI, el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, hay que preocuparse por Rusia, por China y hasta por Irán. Todos ellos pueden tener como objetivo socavar la confianza de los estadounidenses en las instituciones democráticas, influir en los sentimientos del público y en las políticas del gobierno.
Gerrymandering
El gerrymandering es el proceso de delimitar los distritos electorales de cada estado que en la práctica busca establecer la ventaja política para un legislador determinado y que, por lo tanto, es cuestionada por falta de imparcialidad. El nombre fue acuñado por el periódico Boston Gazette en 1812, como reacción al re-planteamiento de los distritos para una elección al Senado por parte del gobernador Elbridge Gerry del partido Demócrata.
Según algunos análisis, en media docena de estados (gracias a esta práctica) los republicanos obtuvieron una ventaja de alrededor de 17 escaños en la Cámara de Representantes. Y se estima que los demócratas deberían ganar el voto popular por 11 puntos por encima de los republicanos para retomar la Cámara Baja. Hay por tanto un riesgo real de que los demócratas ganen el voto nacional y pierdan la Cámara de Representantes.
Pero no es una práctica exclusiva de los republicanos. Los demócratas han utilizado el proceso de gerrymanderning para asegurarse el control de estados como el de Maryland. Sin embargo, hay más gerrymandered maps republicanos porque el partido tiene mucho más poder a nivel estatal tras las lecciones de media legislatura de 2010. Varios casos están llegando a la Corte Suprema y algunos piensan que algún día se establecerán nuevos estándares para delimitar los mapas electorales.
Pero también hay que ser optimistas. A pesar de todas estas amenazas al sistema electoral –la aprobación de leyes electorales restrictivas, la seguridad del propio sistema y el gerrymandering– hay muchas iniciativas y mucha gente que está luchando por proteger el voto. Veremos qué tal se les da.
