La llegada de Mauricio Macri a la presidencia argentina en diciembre de 2015 complicó la permanencia de Venezuela dentro de Mercosur, una situación que se agravó en agosto del año siguiente tras el relevo de Dilma Rousseff en Brasil. La creciente oposición a los modos políticos del chavismo permitieron al presidente paraguayo, Horacio Cartes, intentar su particular venganza por la suspensión de su país tras el juicio político contra el ex presidente Fernando Lugo, que le terminó costando el cargo.
De este modo, en diciembre de 2016, los cuatro países miembros de Mercosur, los tres ya mencionados más Uruguay, aprobaron la suspensión temporal de Venezuela del bloque de integración por su prolongada demora en adaptar su legislación económica y comercial a la normativa comunitaria. Obviamente que la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro, reflejada en su política de derechos humanos y en las condiciones de detención de Leopoldo López, contribuyeron a adoptar tan dura posición.
En la última Cumbre de Mercosur, celebrada en Mendoza (Argentina), el pasado 21 de julio, se especuló con la expulsión de Venezuela. En esta ocasión el motivo sería la convocatoria para la Asamblea Constituyente a celebrarse el 30 del mismo mes. La idea de la presidencia argentina era formular un ultimátum en los siguientes términos: en tanto la convocatoria electoral agravaría considerablemente la convivencia entre los venezolanos y marcaría un punto de no retorno en la deriva dictatorial del gobierno de Maduro, la persistencia en esa línea de acción forzaría a Mercosur a aprobar la suspensión definitiva de Caracas.
Finalmente la sangre no llegó al río y el comunicado final aprobado no fue tan duro como esperaban argentinos y brasileños. La postura uruguaya, contraria a inmiscuirse en asuntos de terceros países, la tan manida no injerencia, obligó a redactar un documento menos enérgico de lo inicialmente trascendido, que no habla de plazos ni de suspensión temporal o definitiva.
Tras hacer “un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas” e instar “al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos”, los presidentes de Mercosur pidieron a las partes, gobierno y oposición, “no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales.”
Los apoyos recibidos por el comunicado, así como las posturas alternativas (rechazo y abstención) dan buena cuenta de cómo la región se alinea en torno al conflicto venezolano. En la Cumbre de Mendoza participaron los cuatro países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) más Bolivia que está completando su proceso de adhesión, los seis asociados (Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam) y México como invitado especial. De todos ellos Bolivia se opuso claramente al contenido de la declaración, mientras Ecuador, Perú y Surinam no lo firmaron.
La postura más beligerante corrió a cargo de Evo Morales, quien llamó a defender al gobierno de Nicolás Maduro por haber sido elegido por el voto popular, al tiempo que acusó a Estados Unidos de propiciar un golpe en Venezuela, movido por su deseo de apropiarse del petróleo. Por ello instó a los gobiernos participantes en la Cumbre a no ser cómplices de Washington: “Nuestra obligación como región es frenar la intromisión extranjera”.
En la Cumbre paralela, organizada por movimientos sociales kirchneristas y otros grupos bolivarianos de la región, se vertieron argumentos similares a los de Evo Morales. De hecho, fue el único mandatario asistente a Mendoza que tuvo contacto con la Cumbre de los Pueblos o contracumbre. Se da la circunstancia que desde 2006 la llamada Cumbre Social tenía reconocimiento oficial y se realizaba de forma paralela a la cita de los presidentes. Sin embargo en esta ocasión no fue así, dada la distancia que decidió mantener el gobierno argentino con el movimiento bolivariano. Pero este rechazo no impidió que la contracumbre manifestara su fuerte respaldo tanto a Nicolás Maduro como a Cristina Fernández.
De todos modos, y pese a que el comunicado final de la Cumbre de Mercosur fue menos duro de lo esperado, lo que muestra el desarrollo de la cita de Mendoza es el creciente aislamiento regional del régimen bolivariano y el retroceso del proyecto chavista. Incluso Brasil, en cuyas manos recaerá la presidencia rotativa del Mercosur durante el próximo semestre, ha convocado tanto al gobierno de Maduro como a la oposición a una ronda de negociación en Brasilia. Con independencia del éxito que tenga la propuesta del gobierno Temer, probablemente bastante limitada, lo cierto es que hasta hace dos años atrás era totalmente impensable que una instancia de integración regional como Mercosur pusiera en pie de igualdad a las dos partes hoy enfrentadas en Venezuela.
