Theresa May lo ha vuelto a hacer. Ya cambió de opinión cuando pasó de apoyar el Remain en la campaña del referéndum del año pasado a ser firme defensora del Brexit al tomar las riendas de su partido y del país. Ahora, tras numerosas ocasiones en las que ha venido reiterando desde junio pasado que no habría nuevas elecciones en el Reino Unido hasta 2020, debido al peligro de inestabilidad que ello conllevaba, se ha vuelto a desdecir, anunciando (y sorprendiendo a propios y extraños) la convocatoria anticipada de las mismas para el próximo 8 de junio.
No es la primera vez que una decisión de esta magnitud responde a un cálculo interno del Partido Tory. En su día, el anterior primer ministro, David Cameron, anunció la futura convocatoria del referéndum en su célebre “Bloomberg Speech”, con el que pretendía evitar el riesgo electoral que suponía la fortaleza del UKIP en aquellos momentos. Posteriormente, la propia May reunificó a los Tories a partir de una interpretación particular de lo que suponía el resultado del plebiscito, a pesar de lo ajustado del resultado y del carácter consultivo del mismo. En este momento, la primera ministra ha decidido finalmente escuchar las voces que le aconsejaban aprovechar la debilidad de sus rivales en la oposición, a pesar de que ello puede provocar elementos de incertidumbre para el país, también en el ámbito económico.
“El Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon se ha convertido prácticamente en la única oposición efectiva”
La oposición, paradójicamente, tiene el poder de consentirle a la primera ministra (o no) poder convocar las elecciones, dado que, según el Fixed-term Parliaments Act 2011, solamente se permite que los comicios sean anticipados en dos casos: (1) por la pérdida de confianza en el Gobierno; y (2) por una mayoría de dos tercios que así lo apruebe en la Cámara de los Comunes. No obstante, las posibles dudas respecto al posicionamiento de la oposición se han disipado rápidamente, tras las declaraciones de Jeremy Corbyn (en las que, por cierto, ni menciona el Brexit). Lo cierto, de todas formas, es que el margen de actuación era escaso, dada la imposible contradicción entre que un partido se postule abiertamente como alternativa de gobierno y se niegue en este momento a apoyar una convocatoria electoral, a pesar de las escasas posibilidades que le auguran los sondeos, donde los conservadores lideran con más de 15 puntos de ventaja.
A la mala situación de los laboristas se suma la de los liberal-demócratas, sumidos en una grave crisis tras el descalabro en las elecciones de 2015. El Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon se ha convertido prácticamente en la única oposición efectiva, con la amenaza real de un segundo referéndum de independencia en el horizonte. Por otra parte, no parece nada realista a día de hoy la posibilidad de la creación (y mucho menos, de su éxito, en caso de que se logre articular) de una lista paneuropea, que incluya elementos de los distintos partidos de la oposición y que tenga como objetivo principal revertir el Brexit. Lo cierto es que el Brexit no es reversible, al menos a corto plazo.
En realidad, de lo que se trata es, simple y llanamente, es de imponer su visión de lo que debe ser el Brexit. Para ello May siente que necesita más legitimidad, dado que las negociaciones con la UE van a ser extremadamente complicadas, como ya ha tenido ocasión de experimentar tras ser testigo de la firme unidad europea existente hasta la fecha. Con su decisión, May repite la jugada de Alexis Tsipras, quien, tras el referéndum de 2015 puso su puesto a disposición de los ciudadanos griegos, que le apoyaron en las elecciones anticipadas que tuvieron lugar en septiembre del mismo año, reafirmando su legitimidad para gestionar la crisis griega.
“La tentación de acabar (al menos momentáneamente) con el bipartidismo […] ha sido imposible de resistir”
La premier británica sí se considera legitimada para llevar a cabo el Brexit, pero cree que necesita más apoyo para convertirlo en el “Brexit duro” por el que ella apuesta, tras rechazar la permanencia en el Mercado Interior. May ya fue avisada por activa y por pasiva por parte de los socios comunitarios de que no era posible permanecer en el Mercado Interior y recuperar la soberanía respecto a la libre circulación de personas, rechazar la jurisdicción del Tribunal de Justicia para la UE y no contribuir al presupuesto comunitario. Pero la primera ministra no cuenta por el momento ni con el apoyo de los ciudadanos ni el de los demás partidos ni tampoco de los sectores económicos del país para salir del Mercado Interior.
Al buscar revalidar (y ampliar, pues apenas es de cinco escaños) su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, May quiere cambiar esto, intentando lograr la legitimidad para imponer su Brexit duro. La tentación de acabar (al menos momentáneamente) con el bipartidismo, como apuntan todas las encuestas de los últimos meses, ha sido imposible de resistir y finalmente la primera ministra ha acabado anunciando una medida que había rechazado previamente en numerosas ocasiones. El tiempo dirá si su lectura es la correcta, pero May no debería olvidar que, a pesar de que no le guste y por mucho que su partido sea hegemónico en las instituciones, seguirá teniendo oposición, también en su gestión respecto al Brexit. Y que si hay algo que caracteriza más fielmente a una democracia, es la presencia de una oposición activa a las políticas del Gobierno.
En cualquier caso, si se produce el escenario más lógico a día de hoy, que sería precisamente esta renovación de la mayoría absoluta de los Tories, no habría consecuencias significativas para la UE. La Unión ya trabajaba pensando en las negociaciones con el escenario del “Brexit duro” y con la idea de que, si el Reino Unido planteaba de forma contundente sus demandas, la UE no lo haría en menor medida. En este sentido, todo seguirá como estaba previsto: a finales de abril se aprobarán las guidelines de la negociación y a partir de entonces comenzarán las discusiones para llegar a un acuerdo de divorcio lo antes posible, sabiendo que el plazo máximo es de dos años a contar desde la activación del artículo 50 y que quien más tiene que perder es el Reino Unido.
