Con el arranque de las elecciones legislativas en Egipto se confirma lo ya sabido: el fin del experimento de reforma política iniciado con la caída del dictador Hosni Mubarak. Lo que para el presidente Abdelfatah al Sisi y sus corifeos supone la culminación de la hoja de ruta diseñada por los golpistas el 3 de julio de 2013 es, para muchos otros, el cierre definitivo de la esperanza de un verdadero cambio. Habrá que esperar a principios de diciembre para conocer los resultados definitivos del siempre enrevesado proceso electoral egipcio; pero nadie puede tener dudas sobre su resultado: el viejo régimen vuelve a enseñorearse de la agenda política en todas sus dimensiones.
Llamados a las urnas por séptima vez desde la salida forzada de Mubarak (febrero de 2011) –y tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de la ley electoral que debía servir de base para la convocatoria prevista inicialmente el pasado 22 de marzo-, los egipcios son los observadores privilegiados de un fantasmagórico montaje al servicio de las pretensiones de Al Sisi para maniatar al poder legislativo (recordemos que las cámaras llevan largo tiempo inhabilitadas, lo que le ha permitido acumular también el poder legislativo y aprobar directamente más de 260 leyes en todos los ámbitos de la vida nacional). Su pretensión más obvia, haciéndose con el control del parlamento que salga de estas elecciones, es la reforma de la actual Constitución de 2014, que concede a la cámara la potestad de retirar la confianza al presidente y al primer ministro.
En esta primera tacada están llamados a participar los votantes de 14 de las 27 provincias egipcias, con una segunda vuelta a celebrar los días 26 y 27 de octubre en aquellos casos en los que quede por determinar algún escaño al no haber conseguido mayoría suficiente ninguno de los candidatos en liza. Posteriormente, los días 22 y 23 de noviembre, se celebrarán, también a doble vuelta, los comicios en las 13 restantes. En total se han registrado 5.963 candidatos individuales y variadas listas partidarias, con el objetivo común de lograr alguno de los 596 escaños en disputa.
Antes de llegar a ese punto ya son muchos los que se han quedado por el camino; unos por decisión propia y otros por imposibilidad política o incluso económica para poder competir. El aparato estatal se ha encargado de establecer filtros tan elementales como la obligación de presentar nuevos certificados médicos a cada candidato tras los retoques efectuados a la ley electoral después del varapalo judicial de marzo pasado, lo que supone un coste que no todos los candidatos y partidos han podido asumir. A eso se suma la persecución, detención y condena de figuras políticas que –como los Hermanos Musulmanes– son hoy considerados terroristas y, por tanto, quedan no solo marginados de la escena política sino que son perseguidos con saña.
El hecho de que algunos partidos finalmente presenten candidaturas –destaca la presencia del salafista Al Nur, aprovechando su acercamiento inicial a los golpistas para beneficiarse de la eliminación de los HHMM-, no debe llevar a creer que se trata de unos comicios realmente representativos. También han desaparecido del escenario los jóvenes revolucionarios, mientras han quedado olvidados movimientos como Kifaya (2011) y Tamarod (2012), y cualquier figura o fuerza identificada con el cambio que inauguró la movilización ciudadana que condujo a la caída del rais (ahora en simple arresto domiciliario, mientras sus hijos y otros colaboradores cercanos abandonan la prisión sin cargo alguno).
Ese vaciamiento del campo político conduce a un escenario en el que son los llamados “feloul” (los “remanentes” de la dictadura) los que, a buen seguro, van a acaparar los escaños parlamentarios. Así será, en primer lugar, porque el sistema electoral reserva 448 escaños para figuras independientes; es decir, caciques locales, empresarios y significados hombres del régimen de Mubarak con fuerte implantación local y con capacidad para comprar lealtades en sus feudos tradicionales. En cuanto a los escaños asignados a listas partidistas (agrupaciones con nombres tan llamativos como “Por el amor de Egipto”, que agrupa a siete partidos como el nuevo Wafd y Free Egyptians), volvemos a tropezarnos con viejos representantes del formalmente disuelto Partido Nacional Democrático del anterior régimen. Por si esto no fuera suficiente, el propio Al Sisi se encargará de nombrar a otros 28 diputados que completarán la asamblea unicameral egipcia.
Mientras esto ya está en marcha, no se han escuchado (ni cabe pensar que algo así ocurra) ningún mensaje de la comunidad internacional, demandando unas elecciones transparentes. La más elemental real politik practicada en la zona desde hace décadas determina que lo único de lo que cabe preocuparse es de si alguien al mando en El Cairo que garantice la estabilidad del territorio (aunque sea por la fuerza), que asegure la libre circulación por el Canal de Suez y que mantenga la paz con Israel. Y Al Sisi sabe que, mientras cumpla con esas condiciones, nadie va a cuestionar su manera de tratar a su propia ciudadanía…, al menos hasta el próximo cataclismo.
