Creíbles o no, la profusión de datos que la prensa oficialista de la época publicaba sobre los resultados de los refrendos o las elecciones en tiempos de Driss Basri, el todopoderoso ministro del Interior de Hassan II, poco puede compararse a la parquedad de cifras que con motivo del referéndum constitucional del 1 de julio ha ofrecido el sitio oficial de la Agencia MAP dedicado a publicar los datos de este escrutinio (http://www.map.ma/mapfr/resultats-fr.pdf). Con un flamante director nombrado apenas unos días antes de la jornada de voto, salido del ala más dura de la prensa nacional, Khalil Hachimi Idrissi, director del periódico Aujourd’hui le Maroc, el sitio de la MAP se ha limitado a dar algunas cifras globales, de voto, participación, nacional y a escala regional, en medio de algunas felicitaciones de gobiernos al monarca por los resultados del escrutinio. En tiempos de Basri se publicaba, reales o no, hasta los datos provinciales de la participación cada dos horas a lo largo de la jornada electoral.
El Marruecos de Mohamed VI debería tener por norma la transparencia como una garantía de la credibilidad del sistema. El ministerio del Interior y los medios oficiales de información han dado prueba en contrario, no haciendo gala de profusión de datos, limitándose a publicar unas cifras sucintas y hasta contradictorias.
La precipitación con la que se ha planteado este referéndum ha impedido que pueda ser observado o controlado con garantías por los sectores concernidos. Los partidarios del proyecto constitucional no han mostrado interés alguno en el control del proceso y no han enviado nikngún interventor para verificar la limpieza del escrutinio. Los que se han manifestado contrarios, tampoco han orquestado sistema alguno para la vigilancia del voto, optando por el tradicional “boicot” al referéndum que siempre (con la excepción de 1996) reclamaron los opositores al régimen para las anteriores constituciones desde 1962. Pero este boicot ha quedado como siempre enmascarado detrás de la abstención. Por otra parte, los once días que ha durado la campaña electoral, lanzada tan sólo 48 horas después de ser hecho público el texto constitucional, no hubieran permitido organizar un mecanismo de control efectivo. Tan sólo 47 observadores formados por el oficial Consejo Nacional de Derechos Humanos han podido vigilar en una parte de las regiones del país algunas de las 39.969 mesas electorales, lo que no ofrece garantía alguna.
Pero la clave ha estado en el censo menguante. El 6 de junio el ministerio del Interior hizo público el censo oficial de votantes, cifrándolo en 13.106.948 electores, una cifra inferior a la de los cuatro censos de los comicios celebrados en la era de Mohamed VI. Con 250.000 inscritos menos que en las municipales de 2009 y con 2.400.000 menos que en las legislativas de 2007. Es evidente que las autoridades no han puesto mucho celo en el crecimiento del censo que sólo podría lograr una mayor visibilización de una abstención convertida en el gran miedo de las autoridades. Pero lo que estas han ocultado es que el censo no recoge más que el 59,6 % de la población en edad de votar ya que las listas se componen tan sólo de las personas que se han inscrito en ellas.
La estimación de la población para 2011 según el HCP, la comisaría de planificación responsable del censo, es de 32.187.000 personas. Los mayores de 18 años en edad de votar son 21.991.295. Faltan pues del censo electoral 8.884.347 personas. Todo ello sin tener en cuenta los residentes en el extranjero, unos tres millones, que el censo de la población ignoró, sin que se precisara nunca si estaban o no contabilizados en él.
El sábado 2 de julio el ministro del Interior hizo públicos los resultados definitivos, a la espera de que se conociera el voto de los residentes en el extranjero, operación que se cerraba un día más tarde. El censo anunciado era ya de 13.451.404 votantes, una cifra superior en 345.000 personas al dado a conocer un mes antes como definitivo. Los votantes ascendieron a 9.881.922, lo que implica una participación del 73,46 %, 8,4 puntos por debajo de la obtenida por el anterior referendum en 1996. Resultaron nulos 81.712 votos, afirmativos 9.653.492 y negativos 146.718. El voto “sí” por tanto ha supuesto el 98,5 % de los votos válidos, el 71,7 % de los inscritos, pero tan sólo el 43,89 % del electorado potencial, es decir, de los mayores de 18 años.
Entre los datos publicados están los porcentajes de participación de cada región. Destaca Casablanca con el porcentaje menor (57,17 %) y las regiones del Sahara Occidental con los porcentajes más elevados que llegan en Ued Eddahab (antigua Villa Cisneros) hasta el 92,19. Como siempre las autoridades han tratado de presentar estos resultados como una prueba de la adhesión al trono de los habitantes del Sahara sin precisar nunca la cifra real de inscritos ni su procedencia geográfica.
La prensa marroquí comienza a dar a conocer algunos pormenores de cómo se ha confeccionado el nuevo texto constitucional. En entrevistas al presidente de la comisión técnica que lo redactó, publicadas la víspera del referendum (L’Economiste, 30 de junio) y el mismo día (Ajbar al-Yaum, 1 de julio), Abdellatif Mennouni confiesa que entre el texto que se entregó al rey el 10 de junio y el definitivo hubo cambios “para adaptar el texto al contexto político marroquí”. Cambios fruto de negociaciones entre la comisión y el “mecanismo político de seguimiento”, dirigido por el consejero real Mohamed Moatassim e integrado por los partidos políticos y los principales sindicatos. Se ha filtrado que esos cambios estaban relacionados con cuestiones de identidad, libertad de conciencia y nombramiento de altos cargos como walis, gobernadores o embajadores. El partido islamista PJD se opuso a la libertad de conciencia, obligando a respetar el viejo artículo de 1996 que tan sólo habla de libertad de cultos. La atribución final de la competencia en el nombramiento de los altos cargos al Consejo de Ministros, que preside el rey, en lugar del Consejo de gobierno del que está ausente, es de suponer que sería una sugerencia venida de arriba para mantener el control real sobre estos nombramientos claves.
En cualquier caso, para el presidente de la Comisión, la nueva constitución pretende ser una “apuesta por la transformación de la elite politica actual”, lo que sin duda costará tiempo si no se le permite a dicha elite encuadrada en los partidos políticos la responsabilidad plena sobre los asuntos del Estado, sometida a la tutela permanente del poder real que el nuevo texto mantiene en lo esencial.
Esta es la razón por la que el movimiento contestatario del 20 de febrero ha vuelto a salir el domingo 3 de julio en las principales ciudades de Marruecos (Casablanca, Rabat, Tánger, Safi y Marrakech entre otras) en manifestaciones de varios millares de ciudadanos para expresar que su principal reivindicación de una monarquía parlamentaria y de un Estado de derecho no ha sido satisfecha con la constitución aprobada dos días antes.
