Ante el aparente punto muerto a que ha llegado el conflicto entre, por una parte, la mayoría de las fuerzas políticas españolas, favorables al mantenimiento de la integridad territorial actual del Estado español, y, por otra, las fuerzas independentistas en Cataluña, desde algunos ámbitos políticos se ha planteado la posibilidad de una reforma constitucional que convirtiese el actual Estado de las autonomías en un Estado federal, con la esperanza de que esa transformación pueda satisfacer a ambas partes.
Aunque en puridad se trata de un asunto interno y no internacional, este conflicto está teniendo una gran repercusión en la imagen de España en el exterior (las noticias sobre Cataluña y el pulso independentista han dominado durante 2015 la atención que se presta a nuestro país en los medios de comunicación internacionales) y en las percepciones externas sobre el riesgo y la inestabilidad del país.
Por este motivo, en la última edición del Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE nº 37), cuyo campo se realizó en noviembre pasado, se ha incluido una pregunta para conocer la opinión de los españoles ante la eventualidad de un cambio constitucional dirigido a convertir España en un Estado federal. En el cuestionario, justo antes de esa pregunta se ha incluido otra, muy semejante a la que suele realizar el CIS en sus Barómetros, para diferenciar a los entrevistados en función de su posición ante el Estado de las autonomías. La pregunta es ésta:
Como se ve, la opción federal –con más autonomía que la actual– sólo domina entre la izquierda, es decir, los que se colocan en los puntos 0 a 3 de un continuum ideológico que va de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha). Tanto en el centro –que agrupa al 50% de la muestra– como, obviamente, en la derecha, el Estado federal es una opción minoritaria. En Cataluña agrupa el 28% de las respuestas, por debajo de la opción independentista.
Se han agrupado las respuestas a esta pregunta para resumirlas en tres grupos, y hemos denominado “centralistas” a los que optan por las dos primeras alternativas –un Estado sin comunidades autónomas o un Estado en el que las comunidades tengan menos autonomía que ahora–, “defensores del statu quo” a los que defienden “un Estado como el actual” y “descentralizadores” a los que optan por un Estado federal donde las comunidades tengan más autonomía que ahora o un Estado en el que puedan convertirse en Estados independientes. En el conjunto de la población los centralistas agrupan a un nada desdeñable 25%, los defensores del statu quo a un 40%, y los descentralizadores a un 29%. En el centro dominan claramente los defensores del statu quo, y en la derecha los “centralistas” se encuentran a la par con ellos (el 43% frente al 44%). Sólo en la izquierda los “descentralizadores” son mayoría, con un 55%.
A la pregunta sobre una posible reforma constitucional federalista, las repuestas favorables suman un 42%, frente al 42% de las opciones en contra. Encontramos, por tanto, un empate completo.
Pero si se distribuyen estas opiniones en función de la ideología y la posición ante el Estado autonómico y se separan las respuestas de Cataluña de las del resto, aparecen claras diferencias.
La propuesta de un cambio constitucional federal es aprobada por los catalanes (63%), la izquierda (61%) y los que hemos llamado “descentralizadores” (81%) y rechazada por el centro y la derecha y, obviamente, por los centralistas y los partidarios del statu quo. Por edades, la propuesta sólo es aprobada entre los más jóvenes (entre 18 y 29 años), aparece un empate en el grupo de 30 a 44 años y es rechazada a partir de los 45 años. Por regiones, Cataluña es la única de las cuatro mayores comunidades autónomas en población (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid) en que la opción de reforma constitucional federalista es valorada positivamente por más de la mitad de los entrevistados.
Estos resultados muestran que la propuesta de cambio constitucional dirigida hacia la formación de un Estado federal resulta, desde la perspectiva de la opinión pública, divisiva, con dos grupos empatados al 50% si excluimos a los que no tienen opinión. Es improbable que logre su objetivo de canalizar el conflicto en Cataluña obteniendo a la vez un consenso social en el resto de España. Estos son los resultados ahora, cuando los que proponen esa reforma federal no han pasado a la fase de concretarla y se presenta solamente como un lema, como si la fórmula federal implicase obviamente alguna distribución específica de competencias. Si este debate llegase a plantearse efectivamente y hubiera que dar respuesta a las preguntas clave, por ejemplo ¿tendrán los eventuales estados federados más o menos competencia que las actuales comunidades autónomas? o ¿tendrán todos ellos la misma competencia sobre sus ingresos fiscales que tienen ahora el País Vasco y Navarra?, los ejes del debate pasarían a ser otros, básicamente los mismos que llevan tantos años ocupando el espacio público de la discusión sobre la ordenación territorial del Estado. Al hilo de eso hay que recordar que, excluyendo a Cataluña, en la media del resto del territorio español los “centralistas” (27%) superan en número a los “descentralizadores” (22%) y que la mayor parte (43%) prefiere dejar las cosas como están.
