Los países desarrollados están respondiendo a la crisis económica provocada por el COVID-19 con paquetes fiscales que oscilan entre el 6% y el 49% del PIB, según datos de Bruegel. Junto con los déficits fiscales derivados de la caída de la actividad, estos paquetes estimulan la actividad económica con nuevas partidas de gasto, aplazamientos de cobros de impuestos y cotizaciones, y provisiones de liquidez, como las garantías a líneas de crédito empresarial concedidas por bancos nacionales de desarrollo.
Los ministros de Finanzas africanos reunidos en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África durante el estallido de la pandemia, anunciaron paquetes de estímulo de una media de solo el 0,8% del PIB. Sus economías se enfrentaban a retos de liquidez similares o mayores, pero su margen de actuación, obviamente, no era el mismo. Afortunadamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los países del Club de París acudieron en apoyo de sus finanzas desde el inicio de la crisis. En abril de 2020, se acordó una moratoria del servicio de la deuda de todo el año 2020 para los países de bajo ingreso, lo cual supuso una inyección de 44.000 millones de dólares. Según investigadores del T20, esto no es suficiente, pero ha sido el paquete de financiación del desarrollo más importante que se ha aprobado en el marco de la respuesta global al COVID-19.
Mas allá de la asistencia macrofinanciera, la liquidez se ha convertido en una prioridad para otras áreas de la cooperación internacional tradicionalmente dedicadas a asuntos de más largo plazo, como la ayuda al desarrollo. Aunque las agencias donantes no cuentan con dinero fresco para la crisis del COVID-19, están adaptando sus modalidades de ayuda a los desafíos de liquidez de sus países socios. En la UE, la liquidez ha sido señalada explícitamente como una prioridad en la comunicación sobre la respuesta global de la UE al COVID-19 y ha impulsado el apoyo presupuestario directo. En un futuro próximo, el objetivo de liquidez podría impulsar otras modalidades de ayuda, como el Plan Europeo de Inversiones Exteriores, las transferencias de efectivo y los microcréditos.
Antes del estallido de la crisis del COVID-19, la Comisión Europea (CE) ya tenía acuerdos de apoyo presupuestario con casi 100 países en desarrollo. El apoyo presupuestario es dinero transferido directamente a la hacienda pública de un país, y permite aumentar rápidamente su margen fiscal en ámbitos como la salud, la educación y otros servicios básicos. Al mismo tiempo, permite preservar las funciones básicas del Estado y prevenir crisis de solvencia. Cuando las restricciones de viaje, la interrupción de la cadena de suministro y la incertidumbre general bloquearon o retrasaron la ejecución de muchos proyectos de cooperación que involucraban a actores internacionales, la CE y las Delegaciones de la UE aceleraron la implementación de los acuerdos de apoyo presupuestario existentes y la negociación de otros nuevos.
Aunque su vínculo con el sector privado de los países en desarrollo no es tan directo, la CE también piensa en inyectar liquidez a través de bancos y pymes. Para ello, la comunicación de la CE apunta al Plan Europeo de Inversiones Exteriores y a sus socios, los bancos de desarrollo de los Estados miembros, y propone una reorientación de las garantías del presupuesto de la UE hacia la cobertura de riesgos a corto plazo sobre préstamos para microempresas y pymes.
Por último, esta crisis de liquidez podría dar un nuevo impulso a la ayuda directa en efectivo. El Comité de Desarrollo del Parlamento Europeo ha lanzado un debate sobre el uso de transferencias de efectivo y microcréditos como instrumentos para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Ambas herramientas consisten en la entrega de dinero en efectivo a hogares o individuos pobres. Los microcréditos se otorgan en términos reembolsables, y se espera que se inviertan en actividades productivas, mientras que las transferencias de efectivo se espera que se gasten en bienes y servicios básicos para superar una crisis humanitaria temporal, o incluso círculos viciosos de pobreza que pueden durar una generación. En ambos casos, las agencias donantes y sus socios pueden inyectar liquidez en una comunidad incidiendo en primer lugar en los hogares más vulnerables, los cuales acuden a los mercados locales e impulsan con su gasto la economía de toda la comunidad. Estudios empíricos han demostrado que las transferencias de efectivo presentan multiplicadores del gasto mucho más altos que la ayuda en especie, los cuales pueden llegar al 200% (un aumento de 2 euros de actividad económica por cada euro transferido en efectivo).
La Oficina Humanitaria de la CE (ECHO, por sus siglas en inglés) ya se ha comprometido a aumentar las transferencias de efectivo en sus operaciones humanitarias, especialmente en programas a gran escala y en crisis prolongadas. Las evaluaciones de las agencias humanitarias, así como las de la literatura académica, indican que la ayuda en efectivo es más eficiente que la ayuda en especie. Además, en palabras de ECHO , las transferencias de efectivo “brindan a las personas necesitadas una asistencia más amplia y digna, dándoles la opción de elegir qué comprar en función de sus preferencias, apoyan los mercados locales, sientan las bases de la recuperación y la resiliencia de las comunidades, y pueden complementar los sistemas de protección de la seguridad social existentes ”.
A petición de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, el Real Instituto Elcano y la Trans European Policy Studies Association (TEPSA) contribuirán con un estudio al debate sobre el uso preferencial de las transferencias de efectivo y los microcréditos en el contexto de la crisis del COVID-19.
