Tras más de un mes de conflicto abierto, Libia parece lejos de estabilizarse. Ante la negativa de la comunidad internacional a facilitar financiación a los rebeldes, el Consejo Nacional libio que los representa lleva semanas intentando exportar petróleo para conseguir fondos que le permitan afrontar sus necesidades económicas militares y civiles, como el pago de salarios, medicinas o alimentos. Los rebeldes cuentan con Agoco, una empresa con sede en Benghazi subsidiaria de la compañía nacional libia de petróleo, que se desligó de ésta para apoyar a los rebeldes exportando el crudo que produce en el Este del país.
Agoco explota ocho campos petrolíferos en la región de Sirte, que concentra la mayor parte de las reservas del país. Entre ellos destacan el campo de Sarir, el mayor de Libia, y el de Messla. También opera una refinería en Sarir y una terminal de exportación de crudo en Tobruk, unida al campo de Sarir por un oleoducto. La producción normal de Agoco era superior a los 400.000 barriles/día sobre los 1,6 millones de barriles/día producidos por Libia antes del conflicto. Tras la salida de las compañías y operarios extranjeros del país, Agoco ha reducido su producción estimada a unos 100.000 barriles/día, pero incluso esa cantidad parece en cuestión. La paralización de las exportaciones ha saturado la capacidad de almacenamiento de la compañía, que ha tenido que reducir su producción ante la imposibilidad de almacenarla.
Otro de los problemas de los rebeldes para obtener fondos del petróleo de Agoco radica en las dificultades legales. El petróleo libio pertenece a la compañía nacional, por lo que ésta podría denunciar los contratos alcanzados por otros actores. Además, está sometido a embargo, lo que limita su comercialización. Qatar ha decidido recurrir a Qatar Petroleum, su compañía nacional, para que comercialice el petróleo rebelde y deposite los ingresos en una cuenta escrow (una cuenta de fondos en custodia), similar a la empleada en Irak por el programa petróleo por alimentos que, como ésta, estaría exenta del embargo. Los países occidentales parecen dispuestos a permitir esta operativa siempre que se garantice que esos fondos no revertirán en el régimen de Gaddafi, aunque la renuencia mostrada hasta la fecha a armar directamente a los rebeldes plantea algunas dudas al respecto. Este problema no sólo se plantea para el crudo rebelde, sino también para los pagos contractuales de las compañías internacionales a la compañía nacional libia, para el que se manejan soluciones similares.
A principios de abril, Agoco consiguió reanudar la exportación de crudo desde Tobruk despachando el primer petrolero desde el reconocimiento del Consejo Nacional libio por parte de algunos países, en especial Qatar. Para entonces, los campos de Sarir y Messla ya habían sido atacados por las tropas pro-Gaddafi, dañando su capacidad y mostrando que el régimen no está dispuesto a permitir que los rebeldes accedan a semejante fuente de financiación. Esta evolución del conflicto para incluir ataques directos a las infraestructuras petroleras parece apuntar a una estrategia de tierra quemada por parte de Gaddafi. Las implicaciones para el mercado mundial de crudo son limitadas si Arabia Saudita sigue cubriendo la producción perdida libia, aunque ello suponga una perturbación por las diferentes calidades del crudo y, sobre todo, porque conlleva casi 12 días más de transporte hasta los mercados europeos; a los actuales precios del crudo (126 $/barril en el momento de cerrar esta nota, el 11 de abril) ello supone un gran interés económico por adquirir el petróleo rebelde. En cambio, la comercialización del petróleo rebelde sí puede marcar de manera determinante la correlación de fuerzas en el conflicto libio y, por tanto, la duración y el desenlace del mismo.