En los últimos años la producción de petróleo en Libia ha sido una montaña rusa acompasada a la sucesión de bloqueos, ataques, huelgas y sabotajes a las instalaciones petroleras (algunos recuentos listan hasta 75 incidentes y decenas de muertos). La producción en 2010 fue de cerca de 1,6 millones de barriles/día (b/d), cayó a los 500.000 en 2011 para recuperarse hasta casi 1,4 millones, y luego volver a caer progresivamente por debajo de los 400.000 en 2015. La caída del precio de barril y las dificultades para recuperar el nivel de exportaciones están causando una sangría en la economía y las cuentas de Libia. El déficit público en 2015 será superior al 40% del PIB, y el FMI cree que si la situación no mejora podría acercarse al 70% del PIB en 2016. No se conocen desequilibrios fiscales de ese calibre en la historia económica contemporánea. Aunque el país cuenta con dos colchones importantes, sus reservas de divisas y los activos de su fondo soberano, las primeras están en caída libre y ambas se han visto sometidas a las pugnas entre los dos gobiernos libios. El banco central lleva meses sin publicar datos sobre la evolución de sus reservas de divisas, lo que resulta alarmante pese a los mensajes tranquilizadores de la propia institución y el FMI de que el país todavía tiene reservas para resistir varios meses o incluso 2-3 años.
Pero las disputas por el control de los recursos del banco central y el fondo soberano no son sino el trasfondo de una pugna más directa por los ingresos de los hidrocarburos, que se despliega evidentemente en el pulso por hacerse con la compañía nacional de petróleo y sus subsidiarias y por el control de las infraestructuras energéticas (campos y terminales de exportación). Ya se expuso en 2011 que la agenda energética para Libia consistía en seguridad, reconstrucción y gobernanza, y advertíamos que el conflicto podía degenerar en un conflicto por recursos, como finalmente ha ocurrido. La naturaleza de ese conflicto es extremadamente compleja, con divisiones políticas, territoriales, étnicas y tribales que sólo comparten la economía política del acceso a los recursos de hidrocarburos libios. La situación llegó al extremo que el cuerpo de seguridad encargado de proteger las instalaciones se hizo con ellas para obtener ventajas políticas y económicas, y EEUU tuvo que interceptar el petrolero Morning Star para evitar su venta ilegal por parte del gobierno del Este. Las dificultades en la creación de un gobierno de unidad muestran los obstáculos para asegurar un patrón de gobernanza de esos recursos aceptable para todas las partes en conflicto.
La irrupción del ISIS con ataques recientes a varias instalaciones agrava el problema y plantea el interrogante acerca de si este grupo terrorista pretende replicar la estrategia seguida en Irak y Siria, donde la venta de petróleo le supone ingresos importantes, si bien en descenso tras los ataques aéreos contra sus capacidades. Por el momento, parece que los ataques se han centrado en la destrucción de objetivos para debilitar económicamente a los dos gobiernos en trance de unión, y posiblemente en el robo de combustible para autoabastecerse o vender a las redes de contrabando ya existentes desde hace años. Se calcula que más de la mitad de los combustibles vendidos en Libia a precios subsidiados terminan en aquellos países vecinos donde los precios son mucho más altos (todos menos Argelia). Sin embargo, las condiciones libias no son tan favorables al contrabando como las de Siria o Irak, donde las redes son mucho más densas y cuentan con numerosos intermediarios locales y turcos. El fenómeno sirio de las refinerías de patio trasero tampoco se ha dado en Libia, pues la densidad de población es mucho menor, así como el arraigo del ISIS entre ella, y los principales campos se sitúan lejos de las zonas habitadas de la costa y de las redes de contrabando fronterizas. No obstante, las noticias acerca de que el ISIS está buscando ingenieros y antiguos trabajadores del sector energético libio, desempleados por el cierre de gran parte de las instalaciones y la salida de las grandes compañías internacionales, pueden indicar un cambio de estrategia.
La comunidad internacional tiene un margen de maniobra reducido para afrontar el pulso por el control de los recursos y la ofensiva del ISIS. Respecto a la primera, ha mostrado el compromiso firme de respetar la integridad de la compañía nacional de petróleo y los contratos firmados con las compañías occidentales, así como del banco central y el fondo soberano, y de no permitir ventas de crudo por otros actores, incluso cuando se trata de ventas apoyadas por el gobierno que reconoce como legítimo. Esa postura, aunque políticamente difícil de explicar, debe ser mantenida para evitar la descomposición de las únicas instituciones que siguen mereciendo tal nombre en Libia. En cambio, medidas como embargos, congelación de activos y/o creación de cuentas controladas por la comunidad internacional para gestionar los ingresos petroleros libios resultan muy problemáticas. Eso supondría de facto erradicar la soberanía libia y tener que tomar decisiones directas de gasto muy arriesgadas, incluido lidiar con la corrupción. La responsabilidad parece tan excesiva como insuficiente la capacidad para gestionar los pagos, aparte de que nadie en Naciones Unidas quiere repetir el fiasco del programa de alimentos por petróleo iraquí.
La vía del gobierno de unidad parece ser la única posible, pero las conveniencias políticas no deben ocultar la urgencia económica de recuperar la exportación de petróleo para que la economía libia vuelva a ser viable. Como ha alertado el International Crisis Group, un colapso en los pagos del banco central a las milicias podría sumir al país en un caos aún más severo, afectando también a los empleados públicos y las importaciones vitales, ofreciendo nuevas oportunidades al ISIS. Sólo una gobernanza correcta de los hidrocarburos libios y de sus ingresos, que abarque no sólo la redistribución de rentas entre facciones sino también un modelo transparente y eficaz en beneficio del conjunto de la población libia, puede asegurar la estabilidad a largo plazo del país y de su sector energético. En el corto plazo, la comunidad internacional sigue lamentando la ausencia de alternativas para evitar que el ISIS destruya las infraestructuras energéticas del país, cuando ya tiene que empezar a preocuparse por el salto cualitativo que supondría un cambio de estrategia para hacerse con el control de esos recursos y procurarse nuevas vías de financiación y resortes de proyección de poder. En Libia parece más difícil que en Siria, pero la volatilidad del país no permite descartar tajantemente los escenarios más adversos.
