La proclamación de Nicolás Maduro como próximo presidente de Venezuela, realizada en la madrugada del 29 de julio, seis horas después de que cerraran los comicios, reforzó muchas de las líneas de ruptura presentes en América Latina, prefigurando, a la vez, nuevos puntos de fractura en una región ya golpeada por la fragmentación. El anuncio de los resultados, que no un cómputo claro de las actas de las mesas electorales, fue hecho por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo teóricamente independiente pero claramente alineado con el poder Ejecutivo o subordinado al mismo.
La decisión del régimen chavista de falsear la voluntad popular con el anuncio del CNE ha impactado de forma clara tanto en las relaciones bilaterales con los restantes países latinoamericanos como en los vínculos intrarregionales.
Tras las denuncias de fraude, o al menos de imparcialidad en la manipulación de los votos por parte de la oposición venezolana, los gobiernos latinoamericanos tomaron tres actitudes distintas. En primer lugar, aquellos que criticaron, o condenaron incluso, al chavismo y exigieron una mayor transparencia en el escrutinio. Segundo, quienes, de forma opuesta a los anteriores, felicitaron efusivamente a Maduro como claro y legítimo triunfador de la contienda. Y, finalmente México, que se respalda en la idea de la no injerencia en los asuntos de terceros Estados (lo que podría definirse como un corolario de la famosa doctrina Estrada) para reconocer eventualmente el triunfo de Maduro.
Uno de los primeros presidentes en manifestarse fue Gabriel Boric, que desde muy temprano exigió mayor transparencia en la entrega, difusión y recuento de las actas, insistiendo en el hecho de que las cifras presentadas por el CNE son poco creíbles. En términos parecidos se pronunció Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, al expresar sus serias dudas sobre los datos aportados y reclamó que sean transparentes, certeras y apegadas a la voluntad popular.
La importancia del pronunciamiento temprano de Boric viene dada por la presunta proximidad política o ideológica con Maduro, al presentarse ambos como líderes progresistas. Sin embargo, hasta ahora el joven político chileno no ha tenido ningún problema para criticar los excesos de regímenes considerados autoritarios o dictatoriales en América Latina, como Cuba, Nicaragua y la propia Venezuela. Y en esta oportunidad se ha vuelto a posicionar de la misma manera.
En una línea similar, aunque proveniente de gobiernos situados en la derecha, el centroderecha o el centro, está la declaración de los ministros de Exteriores de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que expresaron “su preocupación por las elecciones presidenciales” venezolanas y exigieron “la revisión completa de los resultados” de forma de respetar la voluntad popular. Incluso hablaron de solicitar una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Párrafo aparte merece el intercambio de insultos entre el presidente argentino, Javier Milei, con Maduro y su ministro de Exteriores Yván Gil. En su denuncia del “fraude” cometido en Venezuela, Milei habló directamente del “dictador Maduro”. La respuesta del venezolano no fue menos contundente. Tras corear con el público que festejaba su victoria “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”, lo calificó de vendepatria y cobarde. Por su parte, Gil lo llamó “nazi nauseabundo” y lo acusó de promover el fascismo. El Salvador, que desde hace cuatro años tiene rotas sus relaciones con Venezuela, manifestó a través de su presidente, Nayib Bukele, que el triunfo de Maduro se debió al fraude cometido.
La respuesta venezolana fue prácticamente automática al exigir la salida de todos los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, a la vez que ordenaba la vuelta al país de su personal presente en esos mismos siete países. La medida era una respuesta, según la versión oficial, a “las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derechas, subordinados a Washington, y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima”. Por supuesto, todo esto en el contexto de “respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación”.
Una de las cuestiones más chocantes del comunicado venezolano es la identificación simplista que se hace del gobierno de Boric con el fascismo internacional. Otra, la dureza de sus términos, que, de proseguir, como es bastante previsible, la escalada dialéctica, podría concluir en la ruptura de relaciones diplomáticas con los países involucrados. Esto hubiera sido impensable en tiempos de Hugo Chávez, cuya diplomacia, incluso con Maduro como ministro de Exteriores, tenía una mayor preocupación por las formas.
Finalmente, Colombia y Brasil podrían ocupar un lugar intermedio entre el primer grupo (el de condena) y México, caracterizado por su no injerencismo. La situación de estos dos países, fronterizos con Venezuela, no es sencilla, ya que, de producirse un nuevo recrudecimiento del éxodo de los últimos tiempos, más de dos millones de venezolanos podrían unirse en los próximos dos años a los ocho que ya viven fuera de su país. Colombia, que comparte con Venezuela una frontera muy extensa, también tiene unas intensas relaciones bilaterales, comenzando por el comercio, pero no sólo.
En parte por esta situación, pero también por ciertas afinidades políticas y complicidades pasadas con el régimen de Maduro, se intentó mantener una posición de cierta neutralidad, exigiendo por un lado mayor transparencia, pero sin cargar las tintas en la denuncia de lo ocurrido y sin condenar de forma clara al gobierno venezolano. Mientras el colombiano Gustavo Petro, de usual discurso florido, mantenía un silencio significativo, su ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo, sin condenar a Venezuela llamó a “que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente.”
A su vez, Lula también guarda silencio, aunque tanto Itamaraty (el ministerio brasileño de Exteriores) como Celso Amorim se pronunciaron sobre el tema, si bien sin condenar a nadie. Esto llevó al expresidente argentino Mauricio Macri a pedirle a Lula, más allá de sus diferencias políticas, que “no permanezca callado”. Aún es pronto para saber si hay algún tipo de coordinación entre Brasil y Estados Unidos en relación con Venezuela (sí hubo en el pasado conversaciones importantes), pero lo cierto es que en su comunicado el gobierno brasileño, que también abunda en conceptos como “transparencia, credibilidad y legitimidad”, recalcó el “carácter pacífico” de las elecciones, realizadas bajo “el principio fundamental de la soberanía popular”. Pero, se insiste, esto debe ocurrir con “una verificación imparcial de los resultados”. Amorim, persistió en que antes de proclamarse los resultados habría que hacer públicas las actas, de modo de poder comprobar si el total de los votos se corresponde con la suma de todas las mesas operativas.
En el segundo grupo, de respaldo al chavismo, están Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras, un número importante pero reducido en comparación con los años de esplendor de la Alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América (ALBA) y del proyecto hegemónico de Hugo Chávez. Para el cubano Miguel Díaz-Canel, “triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones”. Por su parte, el nicaragüense matrimonio Ortega-Murillo saludó la “gran victoria” que el “heroico” pueblo venezolano entregó al “comandante eterno”, Hugo Chávez, en el día de su cumpleaños. La hondureña Xiomara Castro fue más enfática al felicitar y hacer llegar un “saludo democrático, socialista y revolucionario al presidente Nicolás Maduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del comandante”.
Finalmente está el más singular caso de México. A través del presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus clásicas mañaneras, dijo que una vez que el CNE informe del resultado del 100% de las mesas reconocerán al nuevo gobierno “electo por el pueblo de Venezuela”. Y concluyo que lo harían “porque así es la democracia”.
La decisión del régimen chavista de falsear la voluntad popular con el anuncio del CNE ha impactado de forma clara tanto en las relaciones bilaterales con los restantes países latinoamericanos como en los vínculos intrarregionales. En primer lugar, se podría incrementar el aislamiento del gobierno venezolano respecto a buena parte de la región. Ahora bien, de momento, la relación con las dos mayores potencias regionales, Brasil y México, no estaría amenazada.
Incluso el futuro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ya comprometido por la deficiente y sesgada presidencia pro tempore hondureña, podría verse aún más tensionado. No hay que olvidar que en 2025 está programada la próxima Cumbre UE-CELAC, que debe celebrarse en Colombia. Si, como se apuntó más arriba, a la escalada dialéctica se le suma una ruptura de relaciones diplomáticas generalizada, las opciones de una mayor cooperación o coordinación latinoamericana en cualquiera de los temas de la vasta agenda regional se verían seriamente afectadas.