El 1 de noviembre de 2024, en Novi Sad, una ciudad a 100 km de la capital serbia, se derrumbó una estación de ferrocarril causando 15 muertes. El accidente de la estación, que había sido reconstruida recientemente, se ha convertido en motivo de indignación popular y masivas protestas antigubernamentales. Los estudiantes de las universidades serbias y sus profesores fueron los primeros en iniciar dichas protestas, declarando una huelga. Tres meses después, como se ha demostrado el pasado 15 de marzo, muchos ciudadanos se unieron a los estudiantes en la mayor manifestación antigubernamental en la historia de Serbia (se estima que en las calles de Belgrado estuvieron entre 500.000 y 700.000 personas). Los manifestantes pretenden demostrar al gobierno y al mundo entero que se ha acabado la apatía política, tan habitual en las sociedades post comunistas. Asimismo, presumen con solemnidad de su indignación, de su esperanza y de su orgullo por expresar públicamente que no quieren vivir en un país cuyo sistema político no es democrático, sino que imita la democracia.
Las actuales protestas antigubernamentales ponen de relieve la indignación de la ciudadanía serbia ante la corrupción, el clientelismo y la cleptocracia reinante en un sistema político de democracia imitativa […].
El principal motivo de las protestas es presionar al gobierno de Aleksandar Vučić para que cumpla cuatro demandas articuladas por los estudiantes: la primera está relacionada con la publicación de toda la documentación relacionada con la reconstrucción de la estación de ferrocarril y su financiación (la Comisión Europea está investigando si se usaron inapropiadamente fondos europeos para su edificación). La segunda y tercera petición están vinculadas a los procesos penales: se exige la identificación de los responsables de los ataques a estudiantes y profesores durante las vigilias pacíficas y el inicio de procedimientos penales en su contra, así como la retirada de los cargos penales contra los estudiantes detenidos. La cuarta demanda es la exigencia de aumentar el presupuesto para la educación superior en un 20%.
Aunque, aparentemente, las demandas son fáciles de cumplir, el gobierno de Aleksandar Vučić no lo ha hecho. Las razones son varias: la primera es que el régimen no está dispuesto a airear la corrupción en sus propias filas, que son las que lo sostienen en el poder. Además, el gobierno serbio percibe las protestas como una “revolución de color” (movimientos populares en los países post comunistas contra los gobiernos cleptocráticos) y que los estudiantes están apoyados por las “fuerzas antiserbias” de los países europeos. Vučić ve en la Administración Trump un aliado, así como en Xi Jinping, Vladímir Putin y Viktor Orbán. El presidente serbio y su gobierno, que controlan todas las instituciones gubernamentales, el sistema jurídico, gran parte de los medios de comunicación, así como las Fuerzas Armadas, han prometido que en Belgrado “no se verá un Maidán” (las protestas de los ucranianos que derrocaron el gobierno de Víktor Yanukóvich en 2013, que acabaron con centenares de fallecidos). Obviamente, el principal objetivo político del gobierno serbio es mantenerse en el poder. Para cumplirlo, ha demostrado una paciencia estratégica: está esperando que, debido a las rencillas entre los lideres estudiantiles y a la falta de apoyo externo, las manifestaciones pierdan fuerza.
Los estudiantes, que han declarado que “no pretenden cambiar el gobierno, sino el sistema”, insisten en su independencia y su separación de los partidos políticos. Sostienen que las instituciones y los políticos de la Unión Europea (UE) prefieren la estabilidad en Serbia, a precio de la democracia imitativa (un sistema político que cumple con la democracia formal y organiza elecciones supuestamente multipartidistas, mientras controla los medios de comunicación y bloquea toda competitividad entre los partidos políticos), y ambicionan cambiar esta postura. Sin embargo, no está claro cómo pretenden hacerlo. Su principal estrategia es presionar al gobierno con las manifestaciones, hasta que cumpla sus demandas, afirmando: “queremos justicia, queremos la verdad y queremos vivir en una sociedad que no sea violenta. Exigimos que se atiendan todas nuestras peticiones”.
El distanciamiento de los manifestantes estudiantiles de los partidos políticos de la oposición al régimen de Vučić refleja su desconfianza en el sistema político y en las instituciones. También es comprensible: los partidos políticos de la oposición están poco articulados, desunidos y, sobre todo, han fracasado en traducir en capital político la indignación popular y las manifestaciones antigubernamentales habidas durante meses en 2023, a raíz de los asesinatos en masa en un colegio en el centro de Belgrado y en Mladenovac. Entonces, Aleksandar Vučić cumplió las exigencias de los manifestantes: convocó elecciones generales anticipadas (en diciembre de 2023) y su Partido Progresista Serbio ganó con mayoría absoluta, consiguiendo 130 de los 250 escaños del Parlamento serbio.
Su victoria se debió a la manipulación de los medios de comunicación, el uso de los medios gubernamentales durante la campaña, el probable pucherazo en Belgrado y Novi Sad, un sistema electoral que no favorece una competitividad política justa y, sobre todo, a la capacidad de Vučić de ocupar dos espacios políticos a la vez: el proeuropeo (el de la oposición) y el proruso –como su ídolo y ejemplo a imitar, Viktor Orbán–. Vučić convirtió las elecciones anticipadas en un referéndum sobre su gobierno y las ganó aparentemente.
Los líderes europeos prefieren la estabilidad en Serbia a las anárquicas protestas, pero, y lo más importante, no ven una clara alternativa política al poder de Vučić. Por mucho que las actuales manifestaciones se comparen con las de octubre de 2000, que presionaron a Slobodan Milošević para reconocer los resultados electorales y la victoria de los partidos de la oposición a su régimen, la situación es muy diferente. Ante todo, en 2000 la oposición había ganado las elecciones. En las elecciones anticipadas de 2023, la oposición a Vučić no las ganó o, por lo menos, no consiguió demostrar que no las perdió.
El cambio político que esperaba la sociedad serbia después de la caída de Milošević se desvaneció por dos razones: el asesinato del primer ministro Zoran Djindjic en 2003, que fue un férreo defensor de la transición a la democracia; y el fracaso de Boris Tadić y Vojislav Koštunica (presidente y primer ministro de Serbia entre 2004 y 2012, respectivamente) de encaminar a Serbia hacia los cambios democráticos necesarios. Aleksandar Vučić ganó las elecciones en 2012 por la indignación de la ciudadanía serbia con la corrupción del entonces gobierno de Tadić. Desde entonces, Vučić, que fue ministro de Información del régimen de Slobodan Milošević, ha mejorado la situación económica de Serbia y las relaciones con los países vecinos. Sin embargo, su gobierno ha supuesto una vuelta al sistema político de la democracia imitativa, como fue el de Milošević y como es el de Viktor Orbán, porque es el sistema que garantiza su poder.
Las actuales protestas antigubernamentales ponen de relieve la indignación de la ciudadanía serbia ante la corrupción, el clientelismo y la cleptocracia reinante en un sistema político de democracia imitativa; pero sin una articulación política clara, que por ahora está ausente, el “cambio del sistema” difícilmente se realizará.