Uno de los principales defectos de la competencia electoral en las democracias es que los partidos y sus líderes sienten la tentación de hacer promesas sin pararse a confirmar que sean realizables. En Italia, la opinión pública es hoy una de las más reactivas de Europa en contra de la inmigración, sólo por debajo de varios de los países del Este y de Grecia, y este tema ha sido uno de los principales en la campaña electoral.
Pese a que el número de llegadas a Italia se ha reducido a la mitad por el acuerdo que el país alcanzó en 2017 con Libia y por la actuación italiana en países de paso más al sur, como Níger, todavía se estima, sin mucha certeza, que se encuentran en Italia alrededor de 500.000 inmigrantes sin permiso de residencia, en su mayoría subsaharianos, sin derecho al asilo, y con un difícil encaje en el mercado de trabajo. Todo ello sobre un fondo de economía estancada, que no crece o lo hace por debajo de la media europea desde hace más de diez años, lo que provoca un clima general de insatisfacción y hace aumentar la percepción de que esos inmigrantes que han llegado desde África son una carga para el país. Al rechazo contra esa presencia se une la impresión extendida de que el resto de la Unión Europea no está siendo suficientemente solidaria con Italia.
Durante la pasada campaña electoral sólo la Liga Norte se ocupó de la inmigración, mientras que el Movimiento 5 Estrellas (M5S) se mantenía bien alejado de un tema considerado electoralmente “tóxico”. Las promesas de la Liga, cuyo líder, Matteo Salvini, ocupa ahora la cartera de Interior, se han trasladado al contrato de gobierno con el M5S, el texto programático de la coalición. Esas promesas son aparentemente simples: impedir la llegada de más inmigrantes irregulares por vía marítima, expulsar a los irregulares y dedicar mucho menos fondos a su atención en Italia y más a las devoluciones. Es difícil imaginar cómo se pueden reducir sustancialmente los fondos de acogida sin provocar un problema de salud pública, chabolismo y delincuencia, aunque el programa se propone también mejorar el control para evitar los escandalosos casos de malversación relacionados con el uso de esos fondos, en su mayor parte de procedencia europea.
En cuanto a la expulsión de los inmigrantes, se trata de una promesa sin ninguna posibilidad de realización inmediata: los gobiernos europeos sólo pueden devolver inmigrantes irregulares a aquellos países con los que han firmado un acuerdo de readmisión, e Italia, como los demás países europeos, no tiene suficientes acuerdos de este tipo en vigor con los países subsaharianos origen de los inmigrantes. Firmarlos no es tarea que se pueda ejecutar deprisa: los países de origen o de paso tienen poco interés en aceptar de vuelta a los que se fueron. En cuanto a reducir las llegadas por mar, el contrato de gobierno propone revisar las misiones europeas (básicamente la operación Sophia, antes denominada EUNAVFOR MED) por sus consecuencias para Italia, en donde son desembarcados sistemáticamente los inmigrantes rescatados. Conviene recordar que, según datos de FRONTEX, el 95% de los que llegan a las costas italianas han sido previamente rescatados. No está claro qué significa esta propuesta de la Liga Norte: ¿dejar de participar en la misión, pedir a la UE que la desmantele o exigir que los rescatados sean repartidos directamente entre los países europeos y no solamente en Italia o Malta? De la misma forma, el nuevo gobierno italiano propone que el reparto de los refugiados sea automático y obligatorio, en frontal oposición a lo que defienden los países del Este.
En ambos casos, ya se trate de llegadas de inmigrantes económicos irregulares o de peticionarios de asilo, por el momento Italia depende de la solidaridad voluntaria de los demás Estados europeos y es difícil que prosperen sus propuestas de reparto automático, especialmente en el caso de los migrantes económicos. En cuanto a los refugiados, habrá que esperar al Consejo Europeo de finales de junio, que discutirá la reforma del sistema europeo de asilo, para comprobar si se realiza algún avance en este sentido, pero los resultados del reciente Consejo de ministros de Justicia e Interior no auguran consensos. Por otra parte, sólo una minoría de los inmigrantes llegados a Italia reúnen las condiciones para recibir asilo o refugio, de modo que la reforma del sistema europeo, en el mejor de los casos, sólo supondría un pequeño alivio para Italia.
En definitiva, no parece que el nuevo gobierno italiano pueda cumplir sus promesas en el campo migratorio, al menos no con la rapidez que sus votantes parecen desear.
