El Consejo de Seguridad Nacional acaba de aprobar una Estrategia de Ciberseguridad Nacional (ECN) y otra de Seguridad Marítima Nacional (ESMN) que desarrollan los ámbitos ciberespaciales y marítimos de los doce que identifica la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en mayo de 2013. Son dos documentos de una estructura similar, en la que se define la visión, riesgos, objetivos, principios, líneas de acción y articulación orgánica de cada uno de esos ámbitos. Tratándose de estrategias de segundo nivel, su contenido debería coincidir con las directrices que sobre esos ámbitos se establecen en la ESN a la que se subordinan y desarrollarlas con mayor precisión. Lo primero se consigue, alineándose sus contenidos con los del documento rector, con lo que se constata un avance en el alineamiento de planeamientos que, hasta ahora, han ido por libre. Sin embargo, lo segundo se consigue sólo parcialmente porque las estrategias se mueven en un tono declarativo de intenciones más propio de una estrategia de primer nivel como la ESN que de unas estrategias de segundo nivel que están orientadas a la actuación y, por tanto, deben precisar en mayor detalle los medios y modos con los que piensan alcanzar sus objetivos.
Así, por ejemplo, la ESN y la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional coinciden en el objetivo de proteger los intereses marítimos nacionales y en la necesidad de integrar la actuación de las distintas administraciones implicadas (primera línea de acción estratégica de ambos documentos) pero en el desarrollo de esa línea de acción, la ESMN no establece cómo se va a conseguir el conocimiento compartido del entorno marítimo o la cooperación operativa, con lo que se mueve en el mismo plano genérico que la ESN. Del mismo modo, las dos estrategias aprobadas siguen sin establecer prioridades ni plazos de ejecución, un lujo que la ESN se podía permitir porque se delegaba su concreción a los niveles inferiores de planeamiento, pero que las nuevas estrategias no se pueden permitir porque tienen que guiar la ejecución práctica y operativa.
Ni la ESN ni las nuevas estrategias hacen referencia a los recursos disponibles para atender las nuevas funciones de Seguridad Nacional. La carencia de recursos propios dificultará el liderazgo gubernamental porque se hará a expensas de los ya magros recursos humanos y materiales de los Ministerios y Agencias, con la consiguiente resistencia de los anteriores a hacer más con menos. Los presupuestos revelan las prioridades de gobierno y la desatención presupuestaria a las nuevas funciones de seguridad contrasta con la alta trascendencia social que se les otorga, abundando en la narrativa instalada de que las políticas públicas de seguridad y defensa no son un gasto social y que es posible garantizar a la prosperidad y seguridad de los ciudadanos con pocos recursos. Las estrategias son documentos con vocación transformadora de las políticas públicas para lo que deben asociar medios a objetivos. Sin precisarlos, no se podrá planificar ni disponer de políticas de ciberseguridad y de seguridad marítima como las que se pretenden, sino de una amalgama de actuaciones y medidas dispersas.
Las nuevas estrategias también comparten con la ESN la indefinición de la responsabilidad. Los principales problemas internos a los que hace frente la Seguridad Nacional, tal y como han reconocido las Estrategias de 2011 y 2013, es la compartimentación y proliferación de ámbitos competenciales concernidos y la insuficiencia de estructuras y procedimientos de coordinación para afrontar problemas complejos. Esas carencias y la defensa a ultranza de los intereses corporativos, tanto estatales como autonómicos, sólo pueden suplirse mediante un desarrollo integrador de la Seguridad Nacional que acerque la responsabilidad a la Presidencia del Gobierno.
La solución no puede ser la de más coordinación entre las partes –más de lo mismo– sino la superposición a ellas de un mecanismo de impulso, supervisión y evaluación. En esto consiste la integración que, a diferencia de la coordinación, aporta un responsable externo a las administraciones que intermedia su relación con el presidente. La ESN renunció a designar un responsable –un “zar” del presidente- para ejercer esas funciones entre éste y el resto de los gestores de la seguridad–. En su lugar, se ha optado por la vía colegiada de las comisiones delegadas, a las que auxilia –pero no lidera– el Departamento de Seguridad Nacional. Este patrón se ha repetido en las dos nuevas estrategias que crean sendos Comités Especializados en los que los responsables de las distintas administraciones implicadas competirán por la gestión sin ningún mecanismo externo de arbitraje y liderazgo. Aunque formalmente no se conoce su composición, no dejan de ser preocupantes los indicios de un sistema de reparto y rotación entre cuatro ministerios al frente del futuro Comité Especializado de Ciberseguridad (Miguel Gonzalez, El País, 4/XII/2013). Una solución salomónica que, de ser cierta, podría trasplantarse al Comité Especializado de Seguridad Marítima donde varios Ministerios y organismos de Defensa, Interior o Hacienda pugnan igualmente por las competencias del sector.
Finalmente, y contra la lógica de la participación y del empoderamiento, las estrategias no abren suficiente espacio para la integración en el diseño, ejecución y revisión tanto de las estrategias del sector privado como de las administraciones subestatales. La preferencia interministerial carece de razón en ámbitos como la ciberseguridad y seguridad marítima donde los actores privados controlan una parte sustancial del conocimiento, los medios y la visión de futuro.
El vaso, hay que reconocerlo, está lleno más de la mitad y el vacío restante podría rellenarse con un desarrollo adecuado de la Ley Orgánica de la Seguridad Nacional (el 11 de diciembre se cumplen los seis meses que se dio la ESN para que el Consejo de Seguridad Nacional presentar la propuesta de anteproyecto al Consejo de Ministros) pero la legislatura transcurre muy deprisa y pronto llegarán las citas, y desavenencias, electorales. Bien aprovechado ese tiempo, podíamos llegar al final de la legislatura con una implantación razonable de la Seguridad Nacional. De lo contrario, podríamos asomarnos a la nueva legislatura con el vaso más vacío que lleno.
