El ajustado resultado de las elecciones venezolanas originó una cascada de reacciones internacionales, de muy distinto signo, pero la gran mayoría se decantó en apoyar las posiciones de una u otra candidatura. Como suele ocurrir en estos casos, las reacciones en apoyo del candidato gubernamental (básicamente provenientes de los países sudamericanos más otros como Irán, Corea del Norte, China y Rusia) fueron interpretados como un claro respaldo a la legalidad y al orden de Venezuela, mientras que las discrepancias (EEUU, los países de la UE y la OEA) fueron rápidamente calificadas como un acto de injerencia en los asuntos internos del país. Desde la óptica gubernamental, estas últimas fueron contestadas con dureza, especialmente notable en aquellas dirigidas contra la administración de Barack Obama, el secretario general de la OEA José Miguel Insulza y las autoridades españolas.
Esto fue lo que ocurrió con las declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien al día siguiente de celebrados los comicios constató la existencia de una fuerte polarización en Venezuela y agregó que para evitar incertidumbres era necesario confirmar cuanto antes el resultado electoral efectuando un recuento de los votos. Concluyó sus palabras señalando que “sea quien sea el vencedor” final era necesario que ambos países mantuvieran buenas relaciones bilaterales, lo que fue entendido por las autoridades bolivarianas como el desconocimiento español de la victoria de Maduro. Y tal como se vio en las reacciones posteriores, se trataba de un extremo intolerable desde la perspectiva del gobierno de Caracas.
Si el objetivo de García-Margallo era preservar unas relaciones bilaterales bastante complicadas desde 2002, sus palabras casi provocaron el objetivo contrario al buscado. Los sucesos de abril de ese año, que supusieron el alejamiento temporal de Hugo Chávez del poder, marcaron el principio de fuertes desavenencias entre los gobiernos de Venezuela y España. Esto ocurrió después de que Chávez acusara a José María Aznar, uno de los primeros en reconocer a Pedro Carmona como presidente venezolano, de respaldar el golpe de Estado que lo alejó del poder. Desde entonces Aznar fue, junto con George Bush, uno de los grandes demonios de la mitología chavista.
Los esfuerzos de Miguel Ángel Moratinos, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por recomponer la maltrecha relación tampoco dieron frutos duraderos. Y esto más allá de la labor componedora del entonces embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, que parecía más el embajador de Chávez ante España que viceversa.[1] El incidente del “por qué no te callas”, en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, en noviembre de 2007, que enfrentó a Hugo Chávez con el Rey D. Juan Carlos, escenificó las dificultades por las que entonces atravesaba la relación bilateral, y que de alguna manera todavía atraviesa.
Los temas más conflictivos de la agenda bilateral, desde la perspectiva de Madrid, con independencia del partido que gobierne desde la Moncloa, son el estado de la colonia de inmigrantes españoles y las agresiones que sufren (expropiaciones de tierras, robos y secuestros, etc.), la protección otorgada a los terroristas de ETA (ejemplificadas en el caso de Arturo Cubillas), las dificultades que atraviesan las empresas españolas presentes en Venezuela (comenzando por Repsol) y los constantes enfrentamientos entre las posturas de ambos países en los diversos foros multilaterales compartidos. En este sentido, es particularmente sensible el apoyo venezolano a Irán, Libia (Gaddafi) y Siria (Bashar-al-Assad).
Dado el grado de conflictividad existente, casi nadie se sorprendió en el gobierno de Madrid por la sobreactuación de su contraparte venezolana, provocada por las declaraciones de García-Margallo. La reacción de Maduro y los suyos llegó incluso a amenazar el futuro de la relación bilateral hispano-venezolana. Tras este conflicto subyacen algunas cuestiones que tratarán de responderse a lo largo de este análisis. En primer lugar, ¿cuál era el objetivo del gobierno venezolano al desatar de forma casi gratuita una tormenta desmesurada por unas declaraciones que en ningún momento suponían una injerencia en sus asuntos internos? Y en segundo lugar, ¿por qué las autoridades venezolanas minusvaloran tanto la relación bilateral con España?
Como ya se ha señalado más arriba, tras el ajustado resultado de las elecciones presidenciales venezolanas, que supusieron un duro varapalo para el oficialismo, que esperaba una victoria mucho más amplia, el ministro García-Margallo apoyó la petición del candidato opositor, Henrique Capriles, de efectuar un recuento del 100% de las papeletas con el fin de despejar incertidumbres y reducir la conflictividad que podría emerger en Venezuela. Pero bastaron estas declaraciones para que se desatara una verdadera tormenta sobre la relación bilateral, gracias a unas respuestas venezolanas claramente sobreactuadas.
El primer acto estuvo a cargo del ministro de Exteriores venezolano, Elías Jaua, que llamó a consultas a su embajador en Madrid, Bernardo Álvarez. Se da la circunstancia de que esta reacción fue previa a cualquier otra reclamación ante el gobierno de España, en contra de los usos diplomáticos establecidos. Paralelamente, el presidente Maduro amenazó con tomar medidas en todos los niveles si no había una rectificación formal por parte de España. Según algunos trascendidos se habría llegado incluso a amenazar a algunas empresas españolas con represalias en su contra si el gobierno de Rajoy no reconocía el triunfo de Maduro.
Este hecho inusitado en lo que según las partes implicadas es una correcta relación bilateral fue seguido de durísimas declaraciones por parte de las más altas instancias venezolanas: el presidente Nicolás Maduro, el ministro Jaua y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Jaua amenazó con reservarse acciones “si persiste esta actitud de desconocimiento del gobierno español”. Las declaraciones gubernamentales fueron acompañadas de la reacción habitual en los medios venezolanos y latinoamericanos prochavistas, que sirvieron de caja de resonancia al discurso oficial. Incluso se criticó a TVE (Televisión Española) por el programa emitido el lunes 15 de abril por la noche, al día siguiente de las elecciones, para analizar los resultados electorales, calificándolo de “proimperialista”.
Si Diosdado Cabello publicó en su cuenta de twitter que “Sería muy bueno que el Gobierno de España se ocupe de sus propios problemas, que tiene muchos”, y que “Hace años esta Gran Patria dejó de ser colonia”, Nicolás Maduro advirtió al gobierno español de que debería tener cuidado con sus declaraciones sobre los asuntos venezolanos. Tras advertir que tomarían medidas en “todos los niveles”, agregó “Ocúpense del 25% de desempleo, que le están quitando la vivienda a los trabajadores… preocúpense de eso, no de Venezuela, que es un país libre y tiene una democracia”. En su primer discurso tras ser electo, Maduro advirtió “Cuidado España: el Gobierno de España se mete con el digno pueblo de Venezuela. Respeten para que lo respeten”. “El pueblo de Venezuela ya se liberó. Somos el pueblo de Bolívar que derrotaron (sic) a las tropas del rey hace tiempo”, y recordó que España tiene importantes intereses económicos en Venezuela, como los de Repsol en la Faja del Orinoco, que podrían verse afectados si se vulneran los derechos de Venezuela.
Fue precisamente ese último punto, la presión sobre las empresas españolas y las consecuencias que una escalada verbal podría tener, el que llevó al Ministerio español de Exteriores a presionar por aclarar el “malentendido”, detallando una por una las palabras de García-Margallo, con el argumento de que no se habían entendido adecuadamente, aunque sin ofrecer excusas. El ministro se manifestó sorprendido por la magnitud de la reacción venezolana a sus declaraciones iniciales, a las que definió como “muy medidas” y “coincidentes” por las apuntadas por otros actores internacionales como la UE, la OEA y EEUU. Luego habló varias veces con el embajador Álvarez, a quien le entregaron una cinta con la declaración íntegra del ministro español. El embajador español en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, convocado por la cancillería venezolana para dar explicaciones por las declaraciones del ministro, también tiene la cinta. Sin embargo, no hubo diálogo alguno entre los ministros García-Margallo y Jaua.
En su descargo García-Margallo dijo lo siguiente: “Ayer dije en primer lugar que tomaba nota de que el Consejo Electoral Nacional había declarado vencedor de las elecciones a Nicolás Maduro. Dije también que tomaba nota de que Capriles había pedido un recuento de votos y dije que la solicitud debía tramitarse y resolverse de acuerdo a la legislación venezolana y que en el supuesto de que hubiese un recuento de votos, que es lo que dijo la UE, debía resolverse con rapidez… Añadí que las elecciones habían demostrado una gran polarización en la sociedad venezolana y que eran tiempos de tender puentes y de abrir diálogo. Acabé diciendo, y es lo que digo ahora, que espero que las relaciones entre los dos gobiernos sean tan amistosas y tan fraternales como son las relaciones entre los dos pueblos”. Por eso reiteró su llamamiento “al diálogo, al consenso, al acuerdo para que el pueblo venezolano pueda afrontar los desafíos de una etapa… distinta a la anterior”.
Finalmente, el gobierno de Mariano Rajoy reconoció a Maduro como “presidente de la República de acuerdo con el ordenamiento constitucional”, lo que sirvió para normalizar la situación. Y también para el lanzamiento de nuevas declaraciones altisonantes por parte del nuevo presidente venezolano: “Excelente, muy bien Gobierno de España. Cuenten con nuestra amistad para el trabajo. Vamos a querernos y respetarnos”. Es obvio que según la lectura del gobierno venezolano el respeto no puede tener lugar en la discrepancia sino únicamente asumiendo al pie de la letra todos sus presupuestos.
La situación creada tras la elección y las respuestas desmedidas de las autoridades venezolanas influyeron decididamente a la hora de decidir la composición de la delegación española que debería asistir a la toma de posesión de Maduro. Finalmente se optó porque el Príncipe de Asturias no viajara a Caracas, pese a que su presencia ha sido una constante en actos de esta naturaleza en América Latina. En su lugar viajó el presidente del Congreso, Jesús Posada (la tercera autoridad del Estado, tras el Rey y el presidente del gobierno), acompañado del secretario de Estado de Iberoamérica, Jesús Gracia.
Nuevamente una tensa calma se cierne sobre la relación bilateral, pero nadie sabe cuánto durará o cuál será el hecho novedoso que dispare una nueva crisis. La situación se agrava por la debilidad del nuevo gobierno. Maduro no es Chávez y carece de su visión estratégica. Resulta curioso que cuando fue presentado por Chávez como su sucesor, medios diplomáticos de distintos países creyeron ver en Maduro a un hombre dialogante, siguiendo la pauta de su comportamiento como principal referente del Ministerio de Exteriores. Sin embargo, su labor al frente del gobierno en los últimos meses ha demostrado totalmente lo contrario. No se trata únicamente de mimetizarse tras la figura del líder bolivariano, sino sobre todo de presentar un perfil más radicalizado con el objeto de neutralizar a los sectores más duros del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). En este sentido, la labor de Maduro se realiza contemplando permanentemente las reacciones del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, su gran rival en el control del liderazgo del oficialismo venezolano. Fue Cabello quien tras conocerse los resultados electorales consideró necesario efectuar una profunda autocrítica de lo ocurrido y del retroceso del voto chavista.
Es en torno a estas cuestiones donde se encuentran los argumentos para responder a la pregunta de por qué el gobierno de Nicolás Maduro lanzó tan dura ofensiva contra España. Si por un lado se trataba de minimizar el impacto de la petición de la oposición de recontar los votos, por el otro se buscaba acallar a las voces más críticas con la gestión de Maduro durante la campaña electoral. El cálculo del cual se parte es que el coste político de criticar a España es muy bajo y el económico aún menor. El gobierno venezolano estima que es fácil presionar al gobierno español amenazando a las empresas con un endurecimiento de las condiciones bajo las cuales actúan en el país. Y esto es así porque sus estimaciones no valoran el impacto negativo que estas actuaciones puedan tener sobre la inversión extranjera.
[1] El 6 de enero de 2006 Raúl Morodo publicó en El País el artículo “Venezuela, ¿hacia una democracia avanzada?” que era una apología del populismo y de la “Revolución bolivariana”. Entre otras cosas, allí se podía leer: “A diferencia de anteriores mistificaciones populistas, más dentro de la demagogia, el nuevo populismo pretende -y otra cuestión es que lo consiga- ser democrático, acudiendo a elecciones periódicas, no utilizando la violencia y ajustándose a la legalidad constitucional establecida: Chávez, Lula, Kirchner, Morales, Tabaré Vázquez y, eventualmente, López Obrador, en México, y Ortega, de nuevo, en Nicaragua, tienen entre sí divergencias, pero también supuestos finalistas comunes: pretender un amplio desarrollo social, salir de la endémica pobreza y de la dependencia frustrante, no prescindir de las libertades y asentar una multilateralidad productiva”.
