Tras dos años y medio de guerra civil y 100.000 muertos, se revigoriza el interés internacional por la suerte de la población civil en Siria. Hasta ahora no se ha sabido –o querido– evitar su sufrimiento pero parece qué, por fin, se va a “castigar” al régimen sirio con un ataque militar para que no vuelva a emplear armas químicas contra su población. Dicho así, esta acción confirmaría en su fe a quienes todavía creen en la justicia y el orden internacional: una mala acción de los malos recibe su justo castigo a manos de los buenos. Sin embargo, incluso entre esos creyentes, surgen dudas sobre si el castigo es justo, proporcionado y útil como preconizan sus mentores.
No es una novedad que se hayan usado armas químicas en Siria ni, tampoco, que se haya denunciado su uso propagandístico por ambas partes. Tampoco es la primera vez que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, activa su mecanismo de investigación en Siria. Lo hizo el 21 de marzo a petición del gobierno de Bashar al-Asad pero Francia y el Reino Unido pidieron inmediatamente que se investigaran también otros lugares donde sospechaba su empleo por las fuerzas gubernamentales, con lo que la investigación no se pudo llevar a cabo. Ahora la novedad sería de escala: se habría pasado de las 29 víctimas presuntas de Khan Al-Asal a las 355 que ha certificado Medecins Sans Frontiers.
Las armas químicas, como saben bien los estrategas, no tienen mucha utilidad militar porque su empleo produce muchas contraindicaciones en situaciones de combate en la que se producen cambios de línea, exponiendo a las tropas propias a sus efectos. Son armas que se emplean en situaciones de extrema necesidad y locura. Sin embargo, los gobiernos estadounidense y británico creen que se usaron con una finalidad táctica porque las fuerzas gubernamentales estaban atacando y las rebeldes no cuentan con ese tipo de armas. Lo argumentan en función de sus fuentes de inteligencia y de las de terceros –como Israel– en quien confían.
Hasta ahora, Naciones Unidas ha verificado el empleo de medios químicos en Khan Al-Asal (Alepo) y Uteibah (Damasco) el 19 de marzo; en Sheikh Maqsood (Alepo) el 13 de abril y en Saraqib (Idlib) el 29 de abril sin que fuera posible determinar la autoría, los tipos de agentes ni los medios de lanzamiento empleados (Informe del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea, A/HRC/23/58). EEUU, el Reino Unido y Francia dicen disponer de esas evidencias en relación con su empleo en los suburbios de Damasco el 21 de abril y dudan de que el informe final de los investigadores independientes de Naciones Unidas pueda contradecirlas. Habrá que fiarse de sus servicios de inteligencia, algo que cuesta tras los fracasos y engaños de esos servicios en los últimos tiempos, y de que harán públicas las evidencias que poseen, algo que han venido anunciando desde hace meses sin hacer, en lugar de compartirlas con los reducidos círculos oficiales y parlamentarios habituales. Habrá que fiarse de que esta vez las evidencias justifican un ataque en lugar de que el ataque se justifique con evidencias como en ocasiones anteriores.
En esta guerra civil, las armas químicas se han convertido en un instrumento al servicio del intervencionismo humanitario. Ya que las sociedades occidentales no apoyan las intervenciones militares, quienes apoyan su empleo se ven obligados a recurrir a la causa humanitaria para cambiar las encuestas y justificar las intervenciones. Atrapados entre las encuestas y las acusaciones de debilidad, los gobiernos han eludido una intervención militar abierta o, como en el caso de EEUU, la han postergado al caso extremo de que se emplearan armas químicas (el propio presidente Obama fue el primero que trazó una línea roja que consideraba poco probable de traspasar y quien luego ha dudado en actuar cuando se le han presentado evidencias). Los gobiernos de EEUU, el Reino Unido y Francia han aprovechado los indicios de armas químicas para aumentar la presión militar contra el régimen sirio y justificar la entrega directa de armas a los rebeldes.
Siendo el uso de armas químicas inadmisible, parece justo que alguien castigue a quien las haya usado; pero el problema surge con los elementos de la prueba. El relato compartido de EEUU, el Reino Unido y Francia alega que el régimen ha recurrido deliberadamente a las armas químicas para combatir a los rebeldes, traspasando las líneas rojas fijadas por ellos mismos. Por el contrario, Rusia e Irán sostienen que son los rebeldes quienes han usado las armas químicas para forzar la intervención militar occidental, acercando las líneas rojas a un Gobierno que no las quería traspasar. Ambas versiones tienen elementos racionales y subjetivos y se puede creer una u otra versión, pero ninguna de ellas es neutral porque todos ellos han tomado partido y defienden sus propios intereses en este conflicto. Tampoco se debería ignorar que todos, en mayor o menor medida, han forzado o construido previamente la realidad para justificar otras actuaciones armadas en Kosovo, Irak o Libia.
No se conocen los objetivos de la acción militar que se anuncia ni los riesgos que están dispuestos a correr. Las declaraciones oficiales son ambiguas y los medios de comunicación atienden más la gadgetería que acompaña las intervenciones –al fin y al cabo lo que cuenta en la globalización es el espectáculo–, por lo que sólo cabe especular qué planes tienen para el ataque y cuáles para el día siguiente al mismo. Los análisis estratégicos que circulan en fuentes abiertas comparten las mismas reservas que el jefe de la Junta de Estado Mayor de EEUU, Martin Dempsey, sobre la utilidad de una opción militar para solucionar el conflicto. Por lo tanto, la utilidad parece más política que estratégica: se trata de hacer algo que pueda servir para rebatir las acusaciones de pasividad pero que no genere rechazo, algo que parezca contundente pero que no comprometa a una escalada militar y permita al intervencionismo humanitario moverse dentro del distanciamiento deseado (light footprint).
También cabe confiar en que hayan calculado mejor los riesgos de su acción militar que en ocasiones anteriores. Ningún planeamiento militar controla todos los riesgos y todas las acciones armadas producen efectos indeseados (las operaciones en Libia iban a durar unos días que se convirtieron en meses y la guerra continúa abierta en Irak 10 años después de que se diera por finiquitada en la cubierta de un portaaviones). Como se ha visto últimamente, cambiar de régimen no garantiza que mejoren las cosas para la población y cambiarlo por la fuerza en Siria puede acabar esparciendo por Oriente Medio un caos similar al que esparció la intervención militar en Libia por el norte de África y el Sahel en 2011.
Quienes toman partido por uno u otro bando en Siria se ven obligados a fiarse del relato que elaboran para justificar sus acciones, a pesar de las dudas de conciencia que puedan suscitar el mensaje y los argumentos. En tiempos de acción (militar) mantener criterios propios se considera un signo de debilidad o de tibieza y en las coaliciones se ingresa por adhesión incondicional. Frente a quienes apoyan al régimen sirio, los gobiernos de EEUU, el Reino Unido y Francia no tienen dudas sobre la justicia, proporcionalidad y eficacia de un ataque militar contra Siria en represalia por emplear armas químicas contra su población. Las potencias se hablan entre ellas por teléfono y dejan pasar a los demás la luz y los taquígrafos que les convienen. Entre medias, quedan muchos individuos, gobiernos y organizaciones con dudas razonables sobre la legitimidad y utilidad de un ataque militar. Una vez más, una intervención militar se reduce a una cuestión de fe. Una fe que puede mover montañas… o estrellarnos contra ellas. .
