El 14 de febrero de 2010, y coincidiendo con las movilizaciones de otros países árabes, se convocaron las primeras manifestaciones bahreiníes en demanda de reformas políticas y sociales. Junto a las manifestaciones pacíficas y reivindicativas como la de la plaza de la Perla en Manama, se produjeron otras más sectarias en zonas chiítas que reprimieron las fuerzas de seguridad con medios antidisturbios y que causaron dos muertos. En los días siguientes se sucedieron las manifestaciones antigubernamentales y las fuerzas armadas relevaron a las policiales, lo que provocó nuevas víctimas, esta vez por armas de fuego. Cuando las fuerzas armadas se retiraron se reprodujeron las manifestaciones y ocupaciones a favor y en contra del Gobierno sin incidentes. La pausa permitió forjar un acuerdo de negociación entre el Gobierno y los principales grupos políticos, incluido el chiíta Al-Wafaq (controla 18 de los 40 escaños desde octubre de 2010, pero no dispone de mayoría parlamentaria) pero los movimientos chiítas más radicales reivindicaron el fin de la monarquía, siguieron organizando marchas sobre los edificios reales, se enfrentaron a los partidarios de la monarquía y levantaron barricadas. Ante el estancamiento de la situación, el Primer Ministro Salman al-Qalifa solicitó ayuda a los países del Golfo. A partir del 13 de marzo llegaron a Bahrein unidades militares de los países del Golfo para reforzar a las fuerzas locales (unos 8.000 miembros en las fuerzas armadas, 9.000 policías, y 2.000 guardias nacionales principalmente y el 15 de marzo se impuso el estado de emergencia por tres meses. Las fuerzas que han llegado como la Guardia Nacional Saudita están adiestradas y equipadas para la seguridad interior y nada más llegar han comenzado a desalojar plazas y despejar vías de comunicación empleando material antidisturbios de forma contundente.
La asistencia militar de los otros cinco países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar) a Bahrein activando los acuerdos de autodefensa refleja su preocupación por la evolución de la situación que amenaza con derribar los gobiernos actuales. La estabilidad de Bahrein es crítica para los países árabes del Golfo y para la presencia de la V Flota de los Estados Unidos. Los anteriores han mostrado su apoyo a la monarquía durante la crisis y le han pedido moderación para evitar medidas de fuerza desproporcionadas contra las manifestaciones. El Gobierno, dirigido por el tío del Rey Hamad Al-Qalifa, ha ofrecido diálogo, remodelado el gobierno, liberado presos, retirado a las fuerzas armadas y repartido dinero sin lograr disuadir las movilizaciones. Su situación se complica porque las reivindicaciones iniciales ha dado paso a otras que piden el fin de la monarquía y del predominio suní y, paradójicamente, con cada concesión que hacen permiten ganar fuerza a quienes aspiran a derribarles.
Los gobiernos del Golfo ven la mano iraní detrás de las movilizaciones aunque no puedan demostrarlo o quieran reconocerlo. Creen que Irán se apoya en los agravios a las poblaciones chiítas (70% en Bahrein, 20% en Arabia Saudita y 10% en Kuwait) para proyectar su influencia y desestabilizar a los regímenes suníes del Golfo, de la misma forma que ha actuado en Irak, Líbano y Palestina. De momento, no se ha identificado ningún grupo que haga para Irán el mismo juego que Hamás o Hezbolá hacen en otras zonas, pero los servicios de inteligencia siguen los desplazamientos posibles de activistas que puedan usar las manifestaciones para provocar una respuesta desproporcionada de los gobiernos que los deslegitime o mantener las movilizaciones que les acaben desgastando. En todo caso, el futuro inmediato de la seguridad de Bahrein está ligado a la rivalidad suní-chií. La caída de la dinastía Al-Qalifa afectaría a la viabilidad de la dinastía Al-Saud en Arabia Saudita a medio plazo y, a corto plazo, permitiría al irredentismo chiíta desestabilizar desde Bahrein la zona noroeste saudita próxima donde se acumular la población chiíta y el 10% de las reservas de petróleo mundiales. Esta posibilidad representa una amenaza a los intereses vitales de Arabia Saudita y de los gobiernos actuales del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que explica la intervención militar en Bahrein.
Una demostración de fuerza contundente de esas fuerzas que contuviera las movilizaciones permitiría al Gobierno ganar algún tiempo para atender las demandas políticas, económicas y sociales más moderadas de sunnitas y chiítas sin ceder a las presiones de los radicales. Pero si las fuerzas bahreiníes y del Golfo no pueden sofocar las revueltas de forma eficaz y preventiva, la seguridad de Bharéin se puede desestabilizar irreversiblemente y de paso agitar el conflicto regional entre el sunnismo y el chiísmo.
