La Seguridad Nacional se ha ido consolidando en la agenda y organización de los últimos gobiernos desde su implantación en 2011. Tres estrategias, dos partidos distintos y una ley han permitido al sistema de seguridad nacional prodigarse en consejos, comités, planes e informes de actuación. Un resultado que no es fácil de obtener para una política pública recién llegada a las preocupaciones del Gobierno y que debe abrirse paso en competición con otras culturas administrativas de mayor solera y entidad.
Es una recién llegada, pero no es una política más, porque –a diferencia de las anteriores– sirve para afrontar cuestiones complejas que afectan a varios Ministerios y Agencias, a lo público y lo privado, y a lo nacional, lo autonómico e internacional. Debido a su naturaleza transversal y multinivel, ocupa un lugar propio en el entorno de la Presidencia del Gobierno, desde la que puede desarrollar sus funciones de integración interministerial. Esa posición privilegiada en la cercanía del presidente le otorga unas posibilidades de asesoramiento y actuación extraordinarias, pero también le enfrenta a una tradición administrativa que no está acostumbrada a encontrar intermediarios entre las Agencias y Ministerios y el despacho presidencial. Pese a ello, el Sistema ha demostrado razonablemente su capacidad de coordinar a diferentes actores sin injerirse en sus competencias ejecutivas, alineando las estrategias sectoriales de actuación.
“Tras el cambio de Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional […] ahora cuenta con un director general dedicado exclusivamente a la Seguridad Nacional”
Tras el cambio de Gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional continúa dentro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y dependiendo de su director, pero ahora cuenta con un director general dedicado exclusivamente a la Seguridad Nacional, sin tener que compaginar sus funciones con las de adjunto al director del Gabinete. Dado el avanzado estado de la Legislatura en que nos encontramos, no se prevén grandes novedades en el desempeño de la Seguridad Nacional que, sin embargo, debería aprovechar su consolidación para afrontar nuevos retos que planean, por ejemplo, sobre la economía nacional.
A pesar de que la economía parece estabilizada y que los indicadores confirman la superación de la crisis que se ha padecido en los últimos años, quienes han pilotado la recuperación deberían dejar de mirar hacia atrás con complacencia y prepararse para afrontar una nueva tormenta mucho más perfecta y disruptiva: la de la Cuarta Revolución Industrial. Conocida con varias denominaciones, la nueva revolución comprende un conjunto amplio de tecnologías de naturaleza disruptiva que cambiarán los procesos, productos y modelos de negocio de la industria tradicional, así como el modelo de relaciones, consumo, empleo, salud y ocio de las sociedades avanzadas. Los sistemas ciber-físicos, la hiperconectividad, la sensorización, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas o los metadatos, entre muchos otros, propician mutaciones tecnológicas que van a transformar nuestro modo de vida a muy corto plazo.
El reto es sistémico porque la seguridad y la prosperidad de esas sociedades depende de cómo sepan adaptarse a la revolución para aprovechar sus oportunidades y mitigar sus riesgos. Es sistémico, porque para transformar las políticas y sistemas políticos, económicos y sociales al nuevo contexto se precisa un elevado nivel de concienciación, liderazgo y anticipación para el que no están preparadas las estructuras de gobernanza tradicionales. Y es sistémico, también, porque favorece la exclusión y la desigualdad del mercado para las industrias y empleados que no están mentalizados y formados.
La formulación de medidas para afrontar la nueva revolución depende de la madurez política y social para tomar conciencia de los retos y oportunidades que se plantean. Mientras que países de nuestro entorno, o la propia UE, ya han comenzado a tomar medidas excepcionales, en España se ultiman algunas estrategias sectoriales orientadas a la digitalización o a la industria, cuya coordinación sigue encomendada a estructuras administrativas y de segundo nivel (Secretarías de Estado) sin la implicación directa del Gobierno. A esta falta de madurez y de anticipación hay que añadir la desatención estructural de políticas que como las de Ciencia, Tecnología, Investigación, Desarrollo e Innovación no se consideran prioridades sociales y, por lo tanto, padecen recortes más profundos en épocas de austeridad y subidas menos generosas en los momentos de crecimiento. A ello habría que añadir, según la Comisión Europea, el complejo marco de gobernanza y la falta de una cultura de evaluación de las inversiones públicas en I+D+i, la insuficiente coordinación de las políticas autonómicas y nacional de innovación y los obstáculos a la transferencia de tecnología y movilidad entre universidades y empresas.
“No se puede afrontar esta revolución con las medidas incrementales y reactivas de siempre, sino que es necesario adoptar medidas de nueva generación estratégicas, integrales y público-privadas”
Los sectores público y privado comparten la responsabilidad de la situación, y aunque ambos se excusan tras la necesidad de superar la crisis económica, lo cierto es que han perdido terreno frente a sus competidores directos en los indicadores asociados a la nueva revolución industrial. Así, y en relación con el objetivo europeo de alcanzar una inversión para la I+D del 2% del PIB en 2020, la inversión total sigue estancada en torno al 1,3%, mientras que la media europea se sitúa ya en torno al 2,2% y la contribución privada a esa inversión (el 0,7%) es la mitad de la media europea (1,4%).
El crecimiento de la economía tradicional no basta para asegurar la inclusión. Y si no se nivelan en lo posible las condiciones de partida, la nueva revolución industrial va a acentuar la exclusión y la desigualdad. Y aunque la disrupción tecnológica y cultural no afecte a todos los ámbitos de la economía por igual, precisará una intervención decidida de los poderes públicos y de la sociedad para que las personas sigan estando en el centro de esa transformación si no se quiere dejarlos indemnes ante un proceso de cambio acelerado e irreversible.
Debido a su carácter disruptivo y sistémico, no se puede afrontar esta revolución con las medidas incrementales y reactivas de siempre, sino que es necesario adoptar medidas de nueva generación estratégicas, integrales y público-privadas. No son medidas que se puedan adoptar por un Gobierno, Legislatura o Administración, son medidas transformacionales que necesitan desarrollarse a largo plazo, sostenerse por varios Gobiernos y gestionarse con modelos de gobernanza público-privados. Para hacerlo, se debería recurrir a un enfoque como el de Seguridad Nacional, diseñado para hacer frente a grandes retos para la seguridad y la prosperidad de sociedades avanzadas como la española y con modelos de gobernanza distintos a los de las políticas tradicionales.
Es un enfoque que traslada a la Presidencia del Gobierno la responsabilidad del liderazgo para adaptar la economía y la sociedad española al nuevo entorno disruptivo de la cuarta revolución industrial y que abre las decisiones a nuevos ecosistemas de participación para aprovechar sus oportunidades y mitigar sus riesgos. De no aplicarse este enfoque, la sociedad española se enfrentaría a un doble problema de prosperidad, debido al deterioro severo de su competitividad y productividad, y de seguridad, porque el incremento del desempleo, la desigualdad y la exclusión favorecerá la desestabilización social: el tipo de problemas complejos para los que se adoptó la Seguridad Nacional y de los que deberá ocuparse cuanto antes, combinando la necesaria continuidad con cambios ineludibles.
