La idea de competencia geopolítica entre grandes potencias como principio rector de las relaciones internacionales está ganando terreno frente a la de la cooperación basada en normas entre Estados interdependientes. La actual agresión de Rusia contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania parece confirmar esta tendencia, dando la razón a quienes creen que el derecho internacional va camino de ser sustituido por la ley del más fuerte.
La competencia estratégica permea también la declaración conjunta realizada por Rusia y China en Pekín el 4 de febrero, que rezuma de mensajes implícita o explícitamente anti-occidentales. En ella China se opone por primera vez a la expansión de la OTAN y avala la propuesta rusa de establecer “garantías jurídicas en materia de seguridad” en Europa (garantías que, tal como las ha planteado Rusia, significan, de facto, el reconocimiento de una zona de influencia rusa). Ambos países, en línea con los intereses rusos, se oponen a las “revoluciones de colores” (esto es, a movimientos prodemocráticos) y, respondiendo a las inquietudes chinas, expresan su seria preocupación por el acuerdo estratégico entre Australia, EEUU y Reino Unido (AUKUS) sobre el Indo-Pacífico.
Además, en el plano de las ideas, la declaración refleja el designio de ambas potencias de apropiarse de los conceptos de democracia y derechos humanos, desnaturalizándolos y dándoles una lectura que sirva a sus intereses. Así, se declaran opuestas a “la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos”, invocan la diversidad cultural y civilizacional para justificar la existencia de diversos tipos de democracia y se manifiestan dispuestos a colaborar con todos los socios interesados para “promover una auténtica democracia” (algo que los países que entienden la democracia como la posibilidad de cambiar de gobierno mediante elecciones libres deben escuchar con especial preocupación tras el ataque a Ucrania).
También los derechos humanos, según la declaración, deben entenderse atendiendo a la situación específica de cada país y no deben usarse para presionar a otros Estados. Esta idea, que ha sido defendida en particular por China en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos en los últimos años, va diametralmente en contra del acervo acumulado en este terreno desde la II Guerra Mundial, que apunta a que la protección de los derechos humanos debe ser una preocupación de la humanidad en su conjunto y a que ningún Estado puede sustraerse a ella.
Finalmente, en cuanto al papel de las Naciones Unidas, la declaración afirma que “Rusia y China como potencias mundiales y miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen la intención de adherirse firmemente a principios morales y aceptar su responsabilidad, abogan firmemente por el sistema internacional en el que las Naciones Unidas desempeña un papel esencial” y “defienden un orden mundial basado en el derecho internacional…”, etc. Evidentemente no puede ser más sangrante el contraste entre estas palabras y la agresión contra Ucrania, seguida por el veto por parte de Rusia a la Resolución del Consejo de Seguridad que pretendía abordar la crisis ucraniana, así como la abstención china. A ello se suma el citado aval dado a la propuesta rusa de “seguridad” en Europa, que va en contra de los principios de igualdad e independencia política de los Estados consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Por no hablar de la apenas velada amenaza del presidente Putin de utilizar el arma nuclear, amenaza que no había sido esgrimida desde los momentos más tensos de la Guerra Fría, a principios de los años 60, y que contrasta con los protestos por parte de Rusia de “aceptar su responsabilidad internacional” como gran potencia y con el reconocimiento por su parte hace apenas unas semanas, junto con el resto de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de su responsabilidad en la prevención de la guerra nuclear.
Esta narrativa, que va en el sentido de desvirtuar y, en último término, desmontar el orden internacional basado en normas y valores tal como lo conocemos, exige una contra-estrategia, no sólo por parte de los países occidentales, sino de todos aquellos miembros de la comunidad internacional que deseen poner coto a la razón de la fuerza, a la desnaturalización de los derechos humanos y a la instrumentalización de las instituciones multilaterales.
Afortunadamente, la arquitectura internacional puesta en pie tras la II Guerra Mundial para proteger estos valores y principios resiste a pesar de los ataques a los que se ve sometida.
Así, el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad a la Resolución sobre Ucrania no debe hacer olvidar que fue apoyada por un gran número de Estados miembros de las Naciones Unidas, ni la contundente reacción del Secretario General, que llamó expresamente al presidente Putin a poner fin a las operaciones militares, ni la movilización de la comunidad internacional en favor de Ucrania, que se ha traducido, entre otras acciones, en la suspensión de la representación de Rusia en el Consejo de Europa, la condena por parte de la OTAN, de la UE, de la OCDE, de la CEDEAO y de la presidencia de la OSCE, el llamamiento de la presidencia de la Unión Africana a que Rusia respete el derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania, e innumerables expresiones de condena de países de los cinco continentes a título nacional. La UE, los miembros del G7 y otros Estados han acompañado además sus declaraciones de importantes sanciones económicas a Rusia, destinadas a que desista de su actuación contraria a derecho.
Ante el veto ruso a la Resolución del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en sesión especial de emergencia, ha aprobado el 2 de marzo una Resolución de importancia histórica sobre la agresión rusa contra Ucrania con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Cabe considerar que este documento, dado el amplio apoyo que ha recibido, expresa el sentir de la comunidad internacional en su conjunto.
La Resolución, que se basa en la del Consejo de Seguridad que no pudo ser aprobada a causa del veto ruso, reafirma el compromiso de la AGNU con la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, deplora enérgicamente la agresión rusa (así como la implicación bielorrusa), que considera una violación de la Carta de las Naciones Unidas, y exige a Rusia que cese inmediatamente en el uso de la violencia y que retire todas sus fuerzas de forma inmediata, completa e incondicional del territorio ucraniano.
Además, deplora el reconocimiento por parte de Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, en violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, reclama a Moscú que revoque inmediata e incondicionalmente dicho reconocimiento, e insta a las partes a respetar los acuerdos de Minsk (que prevén la autonomía de dichos territorios dentro de Ucrania) y a trabajar de forma constructiva en los marcos internacionales pertinentes.
Finalmente, exige a todas las partes a que faciliten el acceso rápido, seguro y sin obstáculos de la asistencia humanitaria para proteger a los civiles, incluido el personal humanitario, y a las personas en situaciones de vulnerabilidad, y condena toda violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Cabe señalar que en su preámbulo la Resolución condena además la decisión rusa de aumentar el nivel de alerta de su fuerza nuclear.
Existen otros elementos reveladores de la pugna por el orden internacional que se ponen de manifiesto en esta crisis. Ucrania ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Derechos Humanos acerca de la situación de la población civil causada por la ofensiva rusa, reunión que, a pesar del voto en contra de Rusia y China, tendrá lugar el 3 de marzo, y en la que sin duda Rusia invocará el supuesto genocidio en el Donbás con el que ha alimentado a su opinión pública. La reunión constituirá pues un nuevo episodio de la confrontación en curso sobre la relevancia de los derechos humanos en las relaciones internacionales, en el que resultará necesario reunir las fuerzas de todos aquellos que defiende la concepción verdaderamente universal de los derechos humanos, incluidos los EEUU, ausentes hasta hace poco del Consejo.
La agresión a Ucrania es también un ataque a la democracia, que es percibida como una amenaza por algunas autocracias. Un mundo en el que los gobiernos elegidos democráticamente pueden ser derrocados por sus vecinos autoritarios es un mundo en el que la democracia está amenazada en todas partes. Una respuesta internacional en este campo es también necesaria. En este contexto, la iniciativa de la Cumbre de la Democracia, lanzada por la actual Administración estadounidense, es más pertinente que nunca.
En definitiva, frente a la agresión contra Ucrania, Occidente ha reaccionado con un elevado grado de cohesión y rapidez, que quizá el presidente Putin no esperaba. Pero, más allá, esta crisis ha puesto de relieve una gran cohesión de la comunidad internacional en su conjunto, en defensa de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La agresión contra Ucrania constituye un asalto al orden europeo actual y un intento de retrotraerlo a los tiempos de la Guerra Fría, pero es también un asalto contra un orden internacional basado en los principios de igualdad entre los Estados, integridad territorial, independencia política y prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, y contra los principios de democracia y respeto de los derechos humanos.
Se han iniciado negociaciones entre Rusia y Ucrania. A pesar de que existe un claro déficit de confianza de la comunidad internacional hacia Rusia después de que ésta rompiera su repetido compromiso de no invadir Ucrania, sin duda hay que dar una oportunidad a las negociaciones. Éstas, debe tener lugar sobre la base de los principios antes citados.
En un momento en el que, con la etiqueta geopolítica, parecía que el nuevo paradigma de la convivencia internacional se inclinaba hacia la ley del más fuerte, la reacción internacional ante la crisis de Ucrania supone una reivindicación de la arquitectura internacional multilateral en la que se basa la convivencia pacífica entre los Estados, sin duda imperfecta pero preferible al estado de naturaleza que se ofrece como alternativa.
Ante la parálisis del Consejo de Seguridad, la Resolución adoptada por la AGNU el 2 de marzo es la plasmación de la toma de conciencia de la comunidad internacional en su conjunto acerca de la necesidad de proteger y perfeccionar el actual orden internacional basado en normas y valores frente a las y tentativas de desnaturalización a las que se enfrenta.
Imagen: Sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). Foto: Jonathan Ansel Moy de Vitry.
Actualizado 7 marzo 2022
