Según los datos preliminares, y más recientes, del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, la ayuda española se situó en 2017 en algo más de 2.400 millones de dólares corrientes (incluyendo una partida relevante de condonación de deuda), lo que sitúa a España en la 13ª posición, por volumen de ayuda, entre los llamados donantes tradicionales.
No obstante, este volumen representa una cifra muy menor a las que se registraron a mediados de los años 2000. Además, asciende a tan sólo 0,19% de la renta nacional bruta española, estando lejos del objetivo histórico de 0,7% pautado por el conjunto de los países miembros de Naciones Unidas, o al mucho más modesto 0,4% planteado por el propio gobierno para el final de la legislatura. Así, en términos relativos al tamaño de su economía, España se sitúa, como donante, en el 21º lugar de los 30 donantes CAD.
El actual gobierno ha reiterado en distintas ocasiones su voluntad de devolver la cooperación al desarrollo al corazón de la agenda política. Independientemente de los cambios estratégicos, políticos e institucionales que esto requiera, también incluye ineludiblemente dotar mayores presupuestos de ayuda, algo que, habida cuenta de los acuerdos adoptados en la Comisión Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, debería contar con apoyo parlamentario suficiente.
No obstante, diversos limitantes presupuestarios, como el hecho de que en el momento en el que se escribe este texto no haya unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para 2019, o las exigencias de control del déficit fiscal, dificultan el establecimiento de un presupuesto de ayuda sensiblemente superior para el próximo ejercicio. Sin ir más lejos, la propuesta de PGE del gobierno de esta misma semana contempla una subida de 109 millones de euros de ayuda a ser canalizada vía AECID (48 millones), FONPRODE y el Fondo del Agua (los algo más de 60 restantes). Si bien esta partida supone un aumento de más del 19% de los fondos canalizados por el MAEUEC, representa entre un 4 y un 5% de incremento de la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Esta diferencia se explica con que en torno a la mitad de la ayuda española se está canalizando vía instituciones de la UE, en forma de las contribuciones obligatorias que realiza España como Estado miembro (y cuyo volumen se decide en el contexto europeo). Otra parte muy importante de la ayuda española es la cooperación descentralizada, realizada por ayuntamientos y comunidades autónomas, no incluida en los PGE. En otras palabras, las partidas sobre las que la Administración General del Estado puede actuar, en estos momentos, vía PGE se han limitado, en los últimos años, a entre una cuarta y una quinta parte de la ayuda total.
El incremento de ayuda propuesto por el gobierno podría, además, verse rebajado si los presupuestos terminan por aprobarse. De las negociaciones parlamentarias no cabe esperar que otros partidos del arco parlamentario reclamen subidas más contundentes de la ayuda (quizás, más bien, lo contrario). En relación con esto último, téngase en cuenta que la ayuda estuvo ausente de la negociación presupuestaria del partido en el gobierno con Podemos, el pasado mes de octubre.
Así las cosas, el discurso del nuevo gobierno sobre la ayuda y sus acciones políticas hasta la fecha se han centrado en la importancia estratégica de la cooperación al desarrollo como política pública y como parte de la acción exterior y, sobre todo, en la necesidad de trasponer la Agenda 2030 cuyos objetivos interpelan al conjunto de los ministerios, ya sea con competencias internas o externas y cuyos contenidos trascienden, con mucho, la cartera de cooperación al desarrollo.
Pero además, al igual que para otras políticas, en materia de cooperación al desarrollo, el nuevo gobierno se propone intensificar su actividad europea y multilateral. Y es quizás aquí, en el ámbito de la UE, dónde esté la clave de la subida de la ayuda española en los próximos años.
Con la negociación sobre el marco financiero 2021-27, se fijará el rumbo de la financiación europea del desarrollo durante siete años. La Comisión ha realizado una propuesta muy ambiciosa que supone un incremento del 24% de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para la acción exterior, a pesar del Brexit. España, favorable a este incremento, deberá asumir su parte correspondiente, la cual estaba en el 8% en la UE a 28. De esta forma y teniendo en cuenta que las contribuciones a la UE vienen siendo en torno a la mitad de la AOD española, acabaría aprobando un aumento sostenido de la ayuda por primera vez en diez años, algo que en las negociaciones de ámbito nacional parecería estar resultando imposible debido, en parte, a la presión de la UE sobre el excesivo déficit español.
Hagamos este sencillo cálculo. La mitad (más o menos) de la ayuda española se canaliza actualmente vía instituciones europeas. Si estos fondos europeos aumentaran en un 24%, tal y como propone la Comisión (del cual en torno al 92% sería computable como ayuda al desarrollo), esto significa que la ayuda española podría estar aumentando, por esta vía en, aproximadamente, 11%. Esto es más del doble que el entre 4 y 5% de incremento previsto en la propuesta del gobierno de PGE para 2019. Así pues, quizás la solución al presupuesto español de ayuda esté (paradójicamente) en Bruselas.
