Tras el comienzo de la crisis en Ucrania, la OSCE ha aprobado varias iniciativas para contribuir a la seguridad del país. Tiene la ventaja de ser un foro en el que participan en pie de igualdad 57 Estados de Europa, Asia Central y América del Norte, pero a la vez presenta el inconveniente de que sus potencialidades de diálogo y cooperación no sean aprovechadas por la falta de voluntad política de algunos Estados participantes, que potencian en paralelo otras organizaciones de tamaño más reducido o apuestan sin más por contactos bilaterales, o incluso han reducido sus aportaciones económicas. Esto ha llevado a la OSCE a utilizar recursos de su Fondo de Emergencia o de excedentes de caja para financiar algunas de sus tareas en Ucrania. Estas actitudes repercuten en la “visibilidad” de la OSCE, apenas presente en los medios informativos, aunque habría que reconocer que a esto tampoco es ajena la discreción con la que suelen moverse los diplomáticos y el personal de este gran foro de seguridad paneuropeo.
Pese a las apariencias, la declaración conjunta de EEUU, la UE, Rusia y Ucrania, suscrita en Ginebra el 17 de abril de 2014, otorga un papel destacado a la Misión Especial de Observación en Ucrania, establecida por la Decisión 1117 del Consejo Permanente de la OSCE el pasado 21 de marzo. En Ginebra se acordó que la Misión debería jugar un papel destacado en la asistencia a las autoridades ucranianas y a las comunidades locales en el cumplimiento inmediato de las medidas para rebajar las tensiones, y al mismo tiempo EEUU, la UE y Rusia se comprometían a apoyar la Misión, integrada en principio por cien observadores civiles. Entre las tareas de la Misión, cuyo mandato es de seis meses renovables, están recopilar información e informar sobre la situación de seguridad en diversas zonas, y vigilar y apoyar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, uno de los principios sustentadores de la seguridad europea consagrados en el Acta Final de Helsinki en la época de la distensión. Con todo, las discrepancias entre los Estados de la OSCE se hicieron notar respecto a las zonas en que deberían desplegarse los observadores. Se trata de diversas ciudades de Ucrania oriental y meridional, si bien en la Decisión no se incluye a Crimea. La posición de Rusia en una declaración interpretativa es totalmente explícita: el despliegue y las actividades de la Misión deben reflejar “las realidades política y jurídica existentes desde el 21 de marzo de 2014 como resultado de que la República de Crimea y Sebastopol hayan pasado a formar parte integrante de la Federación de Rusia”.
La actitud conciliadora rusa respecto a los observadores civiles de la OSCE contrasta con la presencia de observadores militares desarmados de la institución en el este de Ucrania, retenidos algunos días por las milicias prorrusas. Su presencia, desde principios de marzo, obedecía a una solicitud de Kiev para una labor de verificación sobre el terreno en el caso de sospechas sobre actividades militares inusuales, en virtud del Documento de Viena 2011 sobre Medidas para el Fomento de la Confianza y la Seguridad. El hecho de que los militares retenidos procedieran de Alemania, Polonia, Dinamarca y la República Checa sirvió a algunos medios informativos rusos para acusarles de ser miembros de la inteligencia militar de la OTAN. Estos medios acusaron a la OSCE de no haber consultado a Rusia, pero hay que decir que la invitación ucraniana a los observadores era de carácter de bilateral y no necesitaba de la unanimidad del Consejo Permanente.
Por otro lado, la Presidencia en ejercicio de la OSCE, correspondiente este año a Suiza, ha designado enviado especial para Ucrania al diplomático Tim Guldimann, y el propio presidente en ejercicio, Didier Burkhalter, se ha reunido recientemente con Putin, lo que se ha traducido en el inesperado apoyo de Moscú a la celebración de las elecciones presidenciales ucranianas. Serán novecientos observadores de un órgano de la OSCE, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, los que supervisarán la consulta electoral.
El papel de la OSCE en Ucrania no es menor, aunque a la vez limitado. Hubo un tiempo, cuando Yeltsin ostentaba la presidencia rusa, en que Moscú defendía la OSCE como alternativa de seguridad paneuropea que reemplazaría a las alianzas militares de los dos bloques. La alternativa era inviable desde el momento en que la expansión de la OTAN y la UE, en nombre de la llamada “seguridad democrática”, representaba para Occidente una lógica consecuencia del colapso de la URSS. Aquel sistema desapareció, aunque Rusia nunca asumió la concepción integral de seguridad de la OSCE: la que vincula la dimensión humana con la dimensión político-militar de la seguridad. Nada que ver con las esferas de influencia, la hegemonía o el equilibrio.
