El capitán maliense Amadou Haya Sanogo, la misma persona que protagonizó el golpe de Estado en Mali en marzo de 2012, suspendió la Constitución y suprimió las instituciones, facilitando con ello la secesión del norte del país y la proclamación del Estado de Azawad, acaba de arrestar y obligar a dimitir al primer ministro Modibo Diarra y con él al gobierno de unidad nacional que estaba encargado de llevar a cabo la transición política y la reunificación de Mali. Él estaba también encargado desde agosto por el primer ministro, ahora dimitido, de reformar las fuerzas armadas, dirigir sus operaciones y subordinarlas al poder civil, unos cometidos que tenían como interlocutor externo a la UE.
Durante los meses anteriores, y debido a la preocupación de que se consolide un santuario yihadista o criminal en el Sahel, representantes de Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDAO), EEUU, la UE y otros países implicados han estado negociando con las autoridades malienses la intervención militar aprobada por la Res. 2071(2012) del Consejo de Seguridad cuyo objetivo es articular una fuerza internacional que ayude al gobierno y las fuerzas armadas malienses a reconquistar el norte del país en manos de los grupos yihadistas: al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y Ansar Dine (AD) y tuareg: el Movimiento Nacional por la Liberación del Azawad (MNLA).
La intervención extranjera se presentaba como una condición necesaria, pero no suficiente, para paliar el problema porque pesaban desde el principio serias dudas sobre su diseño, viabilidad y eficacia. Estas dudas se reflejaron en el Informe S/2012/894 de 24 de noviembre sobre la situación en Mali del secretario general de Naciones Unidas. En él, Ban ki-Moon reconoce los esfuerzos realizados pero cuestiona la madurez del concepto estratégico de la operación que le presentaron CEDEAO y la UA, porque no están debidamente resueltos aspectos como la coordinación, la división de funciones, el impacto humanitario y, sobre todo, las contribuciones financieras y en fuerzas que haría posible la operación. En consecuencia, el secretario general descartó que Naciones Unidas pagara el paquete de acompañamiento necesario para la intervención y sólo se ha ofrecido a organizar una conferencia de donantes.
El mismo día en que el capitán golpista ponía patas arriba la transición política en Mali, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE aprobaba el concepto de gestión de crisis para entrenar las fuerzas armadas malienses. Este entrenamiento era esencial para el desarrollo de la intervención porque, según el concepto estratégico aprobado, en la operación militar para recuperar el norte de Mali se emplearían unos 3.000 soldados del CEDEAO y otros 3.000 de Mali, a los que entrenaría la UE. La desafortunada coincidencia debería obligar a revisar algunos aspectos del planeamiento de la misión de la UE para hacerla viable.
En primer lugar, y tal y como indican los informes del secretario general y de sus Representantes Especiales para el Sahel y África Occidental, las fuerzas armadas a las que se iba a entrenar están divididas, politizadas y mal equipadas y adiestradas, lo que amenazaba la estabilidad del país y podía hacer fracasar la transición. Suponer que en esas condiciones de partida sería posible capacitar antes de septiembre de 2013 una fuerza de 3.000 soldados para recuperar el norte del país y consolidar el control territorial, en un ambiente contra la voluntad de sus destinatarios, con sólo 200 instructores y esperando a que otros pusieran los medios y equipo que el secretario general echa en falta (el Consejo sólo le pide a la Comisión que identifique qué partidas del Fondo Europeo de Desarrollo podrían utilizarse) revela la falta de adecuación del concepto de gestión de crisis aprobado por la UE.
En segundo lugar, en los últimos meses, las organizaciones y países de la región, especialmente Argelia, han puesto sordina a la intervención militar y dado prioridad a una salida negociada, lo que les evitaría correr riesgos (el propio representante especial para África Occidental del secretario general ha mantenido contactos con Ansar Dine y con el MNLA al respecto). Riesgos de una intervención militar que, como resalta el secretario general, podrían poner en riesgo la situación humanitaria y la estabilidad regional por lo que aquella ha pasado a ser una opción de último recurso. También resalta que el concepto estratégico africano no aborde otras dimensiones de las crisis entre las que destaca el control de las fronteras, una dimensión prioritaria para la UE y para España, porque es a través de esas fronteras descontroladas por donde llegan a territorio europeo los tráficos ilícitos y las acciones terroristas de los grupos yihadistas y criminales del Sahel. De poco sirve a la UE que se unifique el país o que se reformen sus fuerzas armadas si no se encargan de controlar sus fronteras y siguen dejando que campen por ellas los grupos criminales organizados que viven ello o los terroristas que preparan atentados sobre el norte de África y territorio europeo.
Lo ocurrido en Mali, al igual que lo ocurrido antes en Guinea-Bissau, debería volver a la UE más cauta y establecer condiciones de ejecución para evitar que sus iniciativas de reforma del sector de la seguridad acaben en manos de responsables locales como los que acaban de derrocar al primer ministro Diarra y a su gobierno. Se necesita contar con mucha mayor inteligencia y comprensión cultural de la demostrada para trabajar con quienes no creen en la asistencia que reciben de la UE y que sólo ven en su empoderamiento una fuente de legitimación política, de poder militar o de ingresos. La destitución del primer ministro lentificará los plazos y obligará a revisar el planeamiento previsto en la UE: plan de operaciones antes de fin de año y lanzamiento de la misión en febrero de 2013, pero también debería servir para revisar un procedimiento de intervención en el que prima a veces más el corazón que la cabeza.
