Un gran problema que afecta a la inmigración es que, con mucha frecuencia, sus beneficios para el conjunto de un país son difusos pero sus desventajas están concentradas. En el Reino Unido, los perjuicios causados por una de las inmigraciones más altas de Europa se han concentrado en los trabajadores de baja cualificación, que han visto cómo se reducía (o dejaba de aumentar) su salario por la llegada de mano de obra extranjera más barata. Esto no ha pasado en la parte alta de la estructura de ocupaciones, la más productiva, como el sistema financiero, donde los salarios han seguido creciendo a la vez que los empleados extranjeros ocupaban gran parte de los puestos. Echen un vistazo a la City londinense, el centro financiero: más de la mitad de sus ajetreados habitantes son extranjeros. El sistema laboral británico no se parece en nada al “continental” (como dirían ellos) dominante en la UE: es completamente liberal, lo que implica que hay pocas protecciones frente a los resultados de la cruda ley del mercado. Algo que casa muy bien con el clasismo y el elitismo que han caracterizado siempre la vida social inglesa y que implica una falta de solidaridad interna en lo laboral: los ricos, los privilegiados y los exitosos no se sienten responsables del puesto de trabajo de los que no son lo suficientemente inteligentes y diligentes o no han tenido la suerte de nacer en la familia apropiada. Es el mercado… o la cuna.
“¿Y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con la inmigración al Reino Unido de ahora en adelante? La respuesta corta es “probablemente nada”. .”
En el resto de Europa los sindicatos han jugado un papel moderador del impacto de la inmigración en los mercados laborales, asegurándose de que su llegada no afectara a las condiciones laborales y salariales de los autóctonos. Pero en el Reino Unido los sindicatos fueron destrozados en la etapa de Margaret Thatcher y en la mayor parte de las empresas no hay convenio de ningún tipo.
Mientras el sistema político británico permitía que los inmigrantes llegaran, el malestar concentrado en algunos sectores fue aumentando: no se han hecho suficientes inversiones en los servicios, sobre todo en el sanitario, para compensar el aumento de la población. Los que más sufren la consecuencia son los mayores, los principales usuarios del sistema sanitario, a su vez los más asustados por el cambio en el paisaje humano creado por la inmigración y los que más han votado a favor del Brexit. El mercado de la vivienda ha supuesto otro cuello de botella: no se han construido suficientes viviendas para absorber el aumento de la demanda, con el resultado de una subida de precios intensa que ha perjudicado a todos. La política multicultural británica, que se basa en su experiencia colonial en la India, cuando decidieron conceder autonomía relativa a las zonas musulmanas, ha tenido resultados desastrosos desde la perspectiva del radicalismo islámico y la formación de enclaves étnicos. La aceptación de la sharía como norma en cortes de arbitraje es uno de los restos de esas prácticas multiculturales, que escandaliza a muchos británicos.
En conjunto, la inmigración ha provocado un malestar importante, manipulado, deformado y agigantado por medios de comunicación y por políticos irresponsables, aunque obviamente no ha sido la única causa del voto a favor del Brexit. Si reducir la inmigración intracomunitaria hubiera sido el único elemento en discordia, el resultado del referéndum habría sido el contrario.
¿Y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con la inmigración al Reino Unido de ahora en adelante? La respuesta corta es “probablemente nada”. Vayamos por partes: sólo una parte de la inmigración que recibe el Reino Unido es comunitaria –aproximadamente la mitad– y, por tanto, sólo a ellos les afectarían los cambios de la eventual salida de la UE. Hay que insistir en que es “eventual” porque en este momento ni siquiera está claro si va a producirse efectivamente o será paralizada desde las instituciones británicas.
Pero supongamos que efectivamente el Reino Unido dejase mañana de ser un Estado miembro de la UE. Puesto que tampoco es miembro del Espacio Schengen de libre circulación de personas, o sólo lo es en parte, podría imponer visados a los ciudadanos europeos que deseasen entrar en el país. Eso no cambiaría la situación de los que ya están dentro –2.300.000 extranjeros comunitarios– aunque reduciría su movilidad internacional. Para evitar un colapso económico, el gobierno y el parlamento tendrían que redactar nuevas normas que permitieran la concesión de un permiso de estancia y trabajo a todos aquellos que ya están trabajando allí. De la misma forma, para evitar el colapso del sistema universitario, que vive en gran parte de los estudiantes extranjeros, tendrían que conceder rápidamente permisos a los estudiantes comunitarios. Y qué decir del preciado NHS, el sistema de salud público, que se mantiene gracias al trabajo de médicos y enfermeras extranjeros, en buena parte comunitarios, mientras los médicos británicos emigran a EEUU donde pueden ganar mucho más dinero con una consulta privada. Después, los británicos deberían implantar políticas para erradicar la inmigración irregular, algo que se han demostrado incapaces de hacer en el pasado. No hay ningún signo de que ahora puedan hacerlo: a fin de cuentas, el negocio de los que se aprovechan de la inmigración irregular ha tenido hasta ahora más peso político que las quejas de los trabajadores autóctonos desplazados por los inmigrantes. Recuerden: es un sistema liberal.
“Dicho de otra forma: la economía británica no puede prescindir de golpe de sus trabajadores extranjeros comunitarios.”
¿Se atreverían los británicos a exigir visado a todos los ciudadanos comunitarios? ¿Querrán poner dificultades al empresario alemán, al alumno francés, al turista italiano? ¿Qué pasaría con el negocio de tantas familias que hacen literalmente su agosto gracias a los alumnos europeos que pasan el verano con ellos mientras intentan aprender inglés? En realidad, de entre los comunitarios, los únicos que parecen molestarles son los emigrantes del Este Europeo. ¿Eximirán de visado entonces al resto? Pueden hacerlo, claro está, pero eso no va a ganarles el apoyo de los Estados del Este en las futuras negociaciones con la UE para firmar un acuerdo comercial que les permita seguir accediendo al Mercado Único. Polonia, Rumanía y Bulgaria podrían bloquear cualquier acuerdo comercial o de otro tipo con un Reino Unido que impidiera entrar a sus nacionales. ¿Serían tan insensatos los británicos como para sacrificar su acceso al mercado único? Probablemente no.
En cuanto a los refugiados, su llegada libre a la UE por la vía de los Balcanes durante meses ha aumentado en el Reino Unido el temor a verse afectados por una Europa incapaz de gestionar sus fronteras. Sin embargo, el Brexit puede reducir en vez de aumentar la capacidad de gestión del Reino Unido en este tema. Por una parte, si el Reino Unido sale de la UE, el gobierno francés podría dejar de cooperar en el control del paso de Calais y, sin más, permitir que los miles de inmigrantes y refugiados que intentan atravesar el Canal de la Mancha lo hagan libremente. Ya no tendrían que esconderse en los bajos de los camiones, podrían simplemente coger el ferry como cualquier otro viajero, y los campamentos en el norte de Francia se trasladarían al sur de Inglaterra. Por otra parte, el Reino Unido, que forma parte del Sistema Europeo de Asilo, devuelve cada año miles de peticionarios de asilo, en aplicación de la Regulación de Dublín, al país por el que entraron en la UE. Esa Regulación está ahora puesta en duda y sujeta a revisión y al Reino Unido le va a resultar más difícil influir en la discusión si está fuera de la UE.
¿Y qué puede pasarles a los británicos que viven en otros países de la UE? Son 1.800.000, según las fuentes del Reino Unido, que infraestiman la cifra. Los Estados donde residen, como España, donde habitan unos 300.000 británicos (258.965 según el INE), decidirán si concederles o no automáticamente un permiso de residencia y trabajo, o bien obligarles a someterse a la legislación general de inmigración, lo que dejaría en la ilegalidad y riesgo de expulsión a la muchos de ellos, y firmar o no acuerdos con el Reino Unido que les permitan disfrutar de la sanidad pública en los países de la UE. Los incentivos de los Estados miembros para tratar con excepcionalidad generosa a los residentes británicos estarán en proporción directa a la apertura hacia los ciudadanos europeos que demuestre el futuro gobierno británico. Es un intercambio de personas: 1.800.000 británicos en otros países de la UE frente a 2.300.000 comunitarios en el Reino Unido, con la gran diferencia de que muy pocos de esos 2.300.000 son jubilados y por tanto su aportación económica al Estado británico es mucho más importante que la del caso contrario. Dicho de otra forma: la economía británica no puede prescindir de golpe de sus trabajadores extranjeros comunitarios. Pero el resto de las economías de la UE sí pueden prescindir de los jubilados y los trabajadores británicos. Esto deja claro que el Reino Unido tiene poco o ningún poder negociador en este tema ante la UE, cuando llegue el momento de negociar desde fuera de ella.
En definitiva, lo más probable es que poco o nada cambie en este tema y que el Reino Unido acabe teniendo que conformarse, como mucho, con las migajas que la UE les ofreció antes del referéndum para calmar a los euroescépticos.
Desde luego, no van a encontrar mucha simpatía en la negociación.
