Pese a que no estaba previsto que ocupara un lugar preminente en la 4ª Cumbre que acaba de celebrarse en Bruselas entre la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA), la inmigración irregular se ha convertido en uno de los principales temas de discusión de la reunión, que ha aprobado un plan de acción trienal para combatir esa forma de migración. A primera vista el plan no parece contener grandes novedades. Se repiten los leitmotiv de lo que constituye la política europea contra la inmigración irregular desde hace años: combatir a las redes que se benefician del deseo de emigrar, mejorar el impacto de la migración legal en el desarrollo local, mejorar la gestión fronteriza no sólo de la UE sino entre los países africanos, facilitar cauces de emigración legal, y, de forma expresa o sobreentendida, condicionar la ayuda europea a la cooperación en la prevención de la inmigración irregular. Esa ayuda se cifra en 28.000 millones de euros anuales para el período 2014-2020, una cantidad respetable (como comparación, los fondos dedicados a mejorar la competitividad de la economía europea en el presupuesto de la UE de 2014 son 16.000 millones de euros).
Sin embargo, aunque las ideas no son nuevas –son las mismas que rigen la actuación de la UE desde la adopción en 2005 del llamado Enfoque Global sobre la migración– sí lo es el ámbito geográfico en que van a aplicarse. Hasta ahora, sólo los países implicados en el llamado Proceso de Rabat (básicamente el Magreb y África occidental), iniciado en 2007, habían establecido con la UE, y en particular con España, el tipo de relaciones que permitía generar redes de confianza y obtener el apoyo de los países de paso u origen de la inmigración irregular para frenarla. Lo nuevo de esta Cumbre es que por primera vez el conjunto de los Estados africanos aceptan incluir las migraciones irregulares en la mesa de negociaciones con la UE y tratar temas que hasta hace poco eran tabú en esas conversaciones, como las readmisiones. Hasta ahora las migraciones estaban incluidas en una de las ocho áreas de cooperación que formaban el Parternariado Africa-EU pero dentro de un conjunto heterogéneo de asuntos que incluían también el empleo y la enseñanza universitaria en África. España ocupaba la vicepresidencia de este área de cooperación y desde ella ha impulsado la presencia de la inmigración irregular en esta 4ª Cumbre: de las cuatro Declaraciones que ha producido la Cumbre, una de ellas se dedica a la inmigración.
¿Qué puede esperar España de este nuevo plan que es en buena parte un éxito de la diplomacia española? Puede esperarse que compense el derrumbe de la ayuda española al desarrollo en África y, por esa vía, ayude a restaurar la colaboración con Estados africanos que, a raíz de la disminución de los fondos españoles de cooperación, son ahora más renuentes que antes a aceptar las readmisiones de inmigrantes irregulares. La readmisión en origen o en el Estado de paso es una pieza clave de cualquier política de lucha contra la inmigración irregular; sin la readmisión no es posible la devolución o expulsión y en consecuencia esa política pierde toda su eficacia y credibilidad. El descenso de los presupuestos estatales españoles impide desarrollar muchos de los elementos que forman parte de la cooperación española incluida en los acuerdos firmados con 16 países africanos a partir de 2006. Esos acuerdos han sido muy eficaces para frenar la llegada de inmigración irregular a las costas españolas (las llegadas por mar a Canarias pasaron de 31.000 personas en 2006 a 197 en 2013) pero los recortes presupuestarios están poniendo en peligro la colaboración de algunos de estos países. Así, por ejemplo, España encuentra cada vez más problemas para conseguir la readmisión de irregulares en Camerún y Guinea-Conakry. La crisis económica española impide además desde hace cinco años ofrecer cuotas de inmigración legal como contrapartida a la colaboración de las autoridades africanas en el control de la irregular. Las restricciones presupuestarias españolas también han reducido drásticamente la cooperación institucional en el terreno específicamente migratorio: apoyo a los gobiernos de la zona para el desarrollo de sus propias normas y políticas migratorias, campañas de sensibilización dirigidas a los jóvenes para que conozcan los riesgos del viaje irregular, apoyo a la gestión de fronteras entre países africanos, etc.
En este contexto de reducción de las ayudas para la cooperación en todos los frentes, con una disminución del 70% desde 2011 de los presupuestos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), sin un Plan África que sustituya al que acabó en 2012, y sin presencia de la inmigración en el Plan Director de Cooperación 2013-2016 (la migración sí aparecía en el Plan anterior como una prioridad de la política para el desarrollo), los recursos españoles para obtener la colaboración de las autoridades africanas se han visto seriamente disminuidos.
Por eso, la Declaración aprobada en la Cumbre es una buena noticia para España y para todo el espacio Schengen por el que circulan libremente los inmigrantes irregulares una vez que han accedido a cualquiera de sus Estados miembros. Los fondos aprobados permitirán, por ejemplo, prestar más ayuda a Marruecos en su implementación del acuerdo de movilidad con la UE que se firmó en el 2013, en el desarrollo de su nueva política migratoria que por primera vez incluye la posibilidad de regularizar a los inmigrantes, y en la gestión de sus fronteras. El acuerdo de movilidad incluye 5 millones de euros para apoyar a Marruecos en el desarrollo de esas políticas nacionales, una cantidad que resulta muy insuficiente a la luz de la presión migratoria de paso que el país está sufriendo.
Sin duda se trata de pequeños pasos, que pueden parecer desproporcionadamente reducidos ante la magnitud del problema demográfico de un continente cuya población sigue aumentando con tasas mucho más altas que las de su crecimiento económico, pero son pasos en la dirección apropiada.
