En tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos –de hecho lo instauraron las Cortes de Cádiz– existió en aquella España pobre e injusta (y en otros países) un doble sistema por el cual todo varón llamado a filas podía evadirse de sus obligaciones. Bien fuera con lo que se llamó la “redención en metálico” (pagar para no ir a al servicio militar, 1.500 pesetas a partir de 1882) o la “sustitución” (contratar a otra persona para que lo cumpliera en lugar de uno, y había muchos dispuestos a ello por unos ingresos modestos). Fue esencialmente una forma para los de familias acomodadas de evitar ir a combatir en un tiempo de abundancia de guerras. Cuando la de Cuba el número de redenciones se amplió de forma marcada.
Ante el drama de los refugiados, el jefe de la diplomacia alemana, Frank-Walter Steinmeier, ha advertido de las consecuencias que tendría para el proyecto europeo no encontrar una salida “al que puede ser el mayor desafío en la historia de la UE”. A medida que pasan los días, como era previsible, va a más y no a menos. En medio de esta vorágine, ha pasado casi desapercibida en la de otro modo razonable propuesta de la Comisión Europea para cupos obligatorios de acogida de exiliados, una cláusula que permitiría a un país no aceptar a los que le correspondieran y pagar una multa a cambio. Es decir, una redención en metálico.
Por cierto, si se aprueba la propuesta de la Comisión, cada país va a recibir 6.000 euros por refugiado acogido, y los países de tránsito, 500 por cada uno para cubrir gastos de viaje. En “circunstancias excepcionales”, y con “razones justificadas”, a valorar por la Comisión, la medida se aplicaría de “forma temporal durante un año”, y el país en cuestión tendría que pagar una cantidad equivalente al 0,002% de su PIB para sufragar los mayores gastos en los otros Estados miembros que se tendrían que repartir ese cupo. No es mucho. A Polonia, por ejemplo, le correspondería pagar algo más de 8 millones de euros. Además, no tiene sentido una sanción aplicable también en el caso de que un desastre natural justificara la suspensión del plan de acogida en un país determinado.
La razón de esta cláusula no es la de las circunstancias excepcionales, sino una forma para la Comisión de tratar de seducir así a los países reticentes al sistema de cupos obligatorios. Lo han rechazado tajantemente Hungría, Polonia. Eslovaquia, la República Checa, Rumanía y Letonia. En la fatídica reunión del pasado día 14 de septiembre de los ministros de Interior de los 28 no pudo lograrse siquiera un acuerdo político sobre los 120.000 nuevos refugiados (más los 40.000 decididos en mayo), cifra que ya se ha quedado pequeña, a repartir entre los 28. Y este detalle de la propuesta prácticamente no se discutió. Sólo Polonia había mostrado en las reuniones preparatorias un cierto interés. Tampoco el Parlamento Europeo la ha cuestionado al aprobar sin enmiendas (370 a favor, 134 en contra y 52 abstenciones) y con extrema celeridad la propuesta general de la Comisión. La pelota pasa ahora a los jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán mañana en cumbre extraordinaria, en una difícil negociación pues no es sólo entre ellos mismos, sobre todo entre Este y Oeste, sino de cada uno, Merkel incluida, con su electorado.
Al plantear la posibilidad de la redención, la Comisión está abriendo un precedente peligroso. Bajo el principio de “quien contamina paga” se ha instaurado un sistema no ya europeo sino mundial de compra de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y otros tipos de contaminantes que sufragan esencialmente las empresas, una especie de redención medioambiental. En el caso de la de los cupos de refugiados en la UE, que atañe a personas, es esencialmente a países más pobres –donde los que huyen de sus guerras no quieren permanecer– a los que se ofrece este sistema. Son claros receptores netos de fondos de la Unión. Con lo que la UE les estaría financiando para no cumplir con su deber. No sorprende que en tal situación la canciller alemana, Angela Merkel, haya planteado que a los Estados que no quieran acoger la parte de refugiados que les corresponde se les reduzcan las aportaciones de los fondos europeos.
El sistema de redenciones está en la lógica de ahondar las diferencias y las exenciones, los opt-outs, en una UE de cada vez más difícil gobernanza. El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no están vinculados a estos aspectos de la ya insuficiente política común en materias de Justicia e Interior, si bien los dos últimos aceptan voluntariamente unas cuotas. Y aunque el asunto podría dirimirse por mayoría cualificada entre 25, es demasiado delicado dar tal paso pues su incumplimiento podría llevar a rupturas de la legalidad y a resucitar el derecho a veto en casos de interés nacional vital, el famoso “compromiso de Luxemburgo”. Pero ofrecerles a los que se oponen a los cupos esa salida agravaría la pérdida de la idea de solidaridad, hacia dentro y hacia fuera. Idea que está seriamente tocada en esta Europa, y no sólo por el reto de los refugiados.
