La reciente visita a Egipto del Director del FMI para Oriente Medio, Masood Ahmed, para abordar de nuevo la concesión por parte de la institución de un paquete financiero de 4.800 millones de dólares ha suscitado nuevos interrogantes sobre la política económica del país. Egipto necesita urgentemente ese paquete para despejar las incertidumbres que se ciernen sobre su delicada situación financiera: vencimientos de deuda externa cercanos a los 1.000 millones de dólares en las próximas semanas y una situación límite en sus reservas de divisas, que apenas alcanzan el mínimo de tres meses de importaciones considerado necesario por el FMI. Ello ha conducido a una abrupta caída de cotización de la libra egipcia en las últimas semanas, que podría alcanzar niveles aún más dramáticos en ausencia de una nueva fuente de financiación para el país.
El acuerdo, cerrado en noviembre de 2012, fue pospuesto a petición del gobierno egipcio para no exacerbar las protestas generadas por la aprobación de la nueva Constitución. El FMI exige para su aprobación duras medidas de ajuste cuyo coste político puede resultar inasumible para el gobierno. La fuerte ralentización del crecimiento económico experimentada desde el comienzo de las revueltas en 2011 ha llevado al país a un déficit público que el FMI estima en más del 11% del PIB y cuya corrección requiere reducir los subsidios indiscriminados a energía y alimentos, y subir los impuestos. Ambas medidas resultan escasamente atractivas para un gobierno que afronta unas próximas elecciones al Parlamento y cuya credibilidad en materia de justicia social puede verse seriamente dañada si se pliega a las condiciones del Fondo.
La incertidumbre acerca de la disposición egipcia a firmar el paquete se vio acrecentada tras el anuncio de Qatar de que apoyará al país con una nueva línea de crédito que, junto a la financiación ya otorgada, situaría la ayuda qatarí en cerca de 5.000 millones de dólares. Esta nueva ayuda favorecería la tentación de posponer el acuerdo con el FMI a después de las elecciones, previstas para abril, soslayando temporalmente el correspondiente coste político de las medidas de ajuste. Pero en la medida en que se considere una huída hacia adelante del gobierno podría acelerar la depreciación de la libra egipcia, encareciendo importaciones vitales para la estabilidad política del país, como las de cereales y combustibles. Más allá de la preocupación política por la creciente influencia económica de Qatar en Egipto, posponer de nuevo el paquete financiero del FMI mandaría una señal muy negativa a los inversores y a la población, que lleva semanas haciendo acopio de dólares ante la eventualidad de un hundimiento descontrolado de la libra egipcia.
Después de la confrontación política vivida en el país en los últimos meses, se acerca la hora de la verdad para la política económica egipcia. Las medidas de ajuste no pueden seguir posponiéndose, y el recurso al FMI resulta inevitable tanto para cubrir las necesidades financieras del país como para recuperar la credibilidad de su política económica. El gobierno debe optar por mantenerse en la senda de la indefinición y la ambigüedad, con el consiguiente coste económico, o afrontar con determinación los graves problemas financieros del país asumiendo el coste político a corto plazo de reducir los subsidios y aumentar los impuestos. En cualquiera de los dos casos, la naturaleza de la transición política se verá comprometida por las decisiones económicas que se tomen en las próximas semanas.
