Poco imaginaban Stanley o Brazza cuando exploraban el impetuoso río Congo con las dificultades expuestas en Through the Dark Continent y Au Coeur de l’Afrique, que siglos después su cauce se vería interrumpido por presas y turbinas. Ya se han analizado en Elcano las tensiones en las aguas del Nilo a cuenta de la construcción en Etiopía de la Grand Ethiopian Renaissance Dam, con una capacidad de 6.000 MW. El caso de la Grand Inga Dam en la República Democrática del Congo (nada menos que 40.000 MW) es menos conocido, pero ilustra una dimensión diferente de la seguridad energética, menos relacionada con la gran geo-estrategia y más con la micro-geopolítica de la seguridad humana.
El río Congo es el segundo mayor río africano (sólo por detrás del Nilo), el más profundo del mundo y en parte por ello el más potente de África, con un caudal de 42.000 metros por segundo, lo que brinda un enorme potencial de generación hidroeléctrica. El Congo se utiliza desde hace años para generar electricidad y, por tanto, junto con otros proyectos hidroeléctricos en Egipto, China, el Mekong o Paraguay, es uno de los primeros casos de estudio sobre la geopolítica de los flujos transfronterizos de electricidad de origen renovable. En el caso del Congo, estos flujos se producen, además, en una de las regiones más conflictivas del mundo. Baste apuntar aquí que su curso discurre por 4.700 kilómetros y que su cuenca hidrográfica abarca ocho países: Angola, Camerún, Gabón, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República del Congo, Tanzania y Zambia.
“Las críticas de la sociedad civil y de buena parte de la comunidad académica dificultaron mucho el apoyo del Banco Mundial”
Su gran potencial hidroeléctrico, especialmente en los rápidos de Inga en el Bajo Congo, empezó a explotarse con la presa Inga 1 (350 MW) en 1972, a la que siguió la Inga 2 (1.750 MW) en 1982. Ese mismo año se terminó el corredor de alta tensión (HVDC) Inga-Kolwezi, que simboliza el potencial de la integración eléctrica regional, pese a los problemas de mantenimiento de Inga 1 y 2. En 1995, el Banco Mundial apoyó la creación del Southern African Power Pool (SAPP) para impulsar la integración del mercado eléctrico regional. El Grand Inga está formado por una serie de presas a construir en varias fases, de las cuales la siguiente es la Inga 3. Como ya se ha apuntado, una vez concluido el proyecto generaría unos 40.000 MW, más del doble que la presa de la Tres Gargantas en China, más de la tercera parte del total de electricidad generada actualmente en África y el equivalente al total de la demanda eléctrica de Sudáfrica (este último dato, como se verá, no tiene sólo propósitos comparativos).
El proyecto contó con el apoyo de la comunidad internacional para financiar un coste previsto en unos 80.000 millones de dólares, y ha sido considerado prioritario por varias organizaciones regionales y organismos financieros multilaterales (por ejemplo, Southern Africa Development Community-SADC, New Partnership for African Development-NEPAD, SAPP, y el World Energy Council). Sin embargo, las críticas de la sociedad civil (destacando el activismo de la ONG International Rivers) y de buena parte de la comunidad académica, que lo consideran un proyecto propio de un modelo de desarrollo desfasado que prima a las empresas mineras (compradoras de buena parte de la electricidad generada en las fases ya construidas) y los mercados de exportación a expensas de los pobres, dificultaron mucho el apoyo del Banco Mundial. En 2014, el Banco Mundial aprobó un primer crédito pese a la abstención de EEUU y a que el propio Banco destacó la existencia de “riesgos de implementación significativos”. Finalmente, en julio de 2016 el Banco Mundial suspendió la financiación del proyecto aumentando la incertidumbre sobre su futuro.
Desde la perspectiva clásica de la seguridad energética, un proyecto como la Grand Inga Dam afronta dos vulnerabilidades clave: la del comprador único por el lado de la seguridad de demanda; y la de la sobre-dependencia de una única fuente energética por el lado de la seguridad de oferta. Por el lado de la demanda, la prevalencia de los contratos firmados por Sudáfrica, de lejos el mayor comprador de la electricidad a generar en la Grand Inga además de participar en su construcción y financiación, sesgará el poder de negociación de un país como la República Democrática del Congo, cuyo PIB equivale a una décima parte del sudafricano. Por el lado de la oferta, la ausencia de diversificación del suministro por fuentes y por orígenes geográficos es uno de los vectores de vulnerabilidad más perniciosos para la seguridad energética, puesto que en caso de ataque o sabotaje, o simplemente de un mal mantenimiento, no habría alternativas disponibles.
“Las rentas derivadas de la exportación de electricidad pueden abonar comportamientos corruptos y rentistas”
Pero, además, se ha argumentado que la seguridad energética en África, y por tanto de la Grand Inga Dam, debe enfocarse a través del prisma del desarrollo, el acceso a la energía y el buen gobierno de los recursos energéticos. Con dichos criterios, es evidente que los mega-proyectos suponen un vector importante de modernización y creación de empleo, pero en un contexto de pobreza energética y mala gobernanza sus beneficios en materia de accesibilidad y buen gobierno pueden ser limitados o incluso contra-producentes. Debe considerarse que en la República Democrática del Congo poco más de un 10% de la población tiene acceso a la red eléctrica, y la pobreza energética no se circunscribe al mundo rural, sino que la red ni siquiera llega a algunas ciudades importantes. Además, las rentas derivadas de la exportación de electricidad pueden abonar comportamientos corruptos y rentistas, reproduciendo el conocido mecanismo económico de la “enfermedad holandesa” y político de la “maldición de los recursos”.
Este aspecto es interesante, pues introduce un elemento frecuentemente pasado por alto en el debate sobre las implicaciones estratégicas de las energías renovables, especialmente de las que comportan esquemas de generación muy centralizados como es el caso de la hidroelectricidad (aunque no sólo, como también hemos tratado ya en Elcano). A saber, que en un contexto de baja calidad institucional pueden darse situaciones de “rentismo renovable” equiparables en casos extremos a las consecuencias que padecen los ciudadanos de los países en desarrollo productores de hidrocarburos. Finalmente, si a algún lector de este comentario los problemas de gobernanza de la hidroelectricidad en el río Congo le parecen excesivamente distantes, quizá cambie de opinión al conocer la presencia de empresas españolas en uno de los consorcios interesados en la construcción de la Grand Inga Dam.
