Tras el anuncio de la retirada del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, el Real Instituto Elcano realizó un encuentro dentro del ciclo de Debates Elcano coorganizados con la Fundación Botín para analizar la gobernanza climática en el actual contexto internacional, contando con la participación de representantes de la administración, de empresas, del mundo académico y de la sociedad civil. En este post recogemos y ampliamos algunas de las principales ideas debatidas en dicho encuentro.
A nivel global, destaca la preocupación por los riesgos que conlleva la salida de EEUU del Acuerdo de París y su aislamiento en el ámbito climático (entre otros). No obstante, es esperable que un segundo default climático de EEUU en 2017 tenga consecuencias más limitadas de las que hubiera tenido su potencial abandono de las negociaciones climáticas en 2009, tras la debacle diplomática de Copenhague. En 2017 nos encontramos con una reducción en el coste de las energías renovables significativa en comparación con 2010, los principales emisores han invertido cantidades significativas de capital político en las negociaciones, conscientes de los impactos esperados del cambio climático y de las oportunidades de negocio de una transición gradual hacia una economía de bajas emisiones. Además, la preocupación por el cambio climático por parte de los ciudadanos es alta. Hay por tanto datos para ser optimistas en lo relativo a la descarbonización de la economía. Sin embargo sabemos, y así se señaló durante el debate, que la ambición tiene que aumentar.
La retirada de EEUU del Acuerdo de París supone, no obstante, un riesgo para el proceso de transición hacia una economía de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de la declaración de las Partes durante la COP22 en Marrakech relativas a la irreversibilidad de la acción climática, otros países podrían decidir retirarse del mismo. Además, y quizá más importante para el futuro de las negociaciones internacionales, la financiación climática comprometida podría no ser completamente desembolsada. Recordemos que dicha financiación ascendería a 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 y sería desembolsada principalmente por países desarrollados para la mitigación y la adaptación de los países en desarrollo. Por tanto, habrá que hacer frente al gap de financiación climática americano (y mundial), dentro y fuera de las negociaciones climáticas internacionales, no sólo poniendo un precio al carbono, sino también alineando las instituciones nacionales e internacionales, a la sociedad y al sector financiero, asegurando entre otros aspectos, la estabilidad regulatoria en pro de una reducción del riesgo de invertir en proyectos de bajas emisiones. Por último, la retirada de EEUU podría debilitar la ambición de otros países, como ya ocurriera en 2001 cuando EEUU anunció que no ratificaría el Protocolo de Kioto (primer default climático americano).
Sin embargo, en este contexto de salida del Acuerdo de París, muchos estados de EEU. han reiterado su compromiso climático. Hay además varias iniciativas en marcha por parte de estados y ciudades como la declaración ‘We Are Still In’, la alianza ‘US Climate Alliance group of states’ o America’s Pledge, entre otras, que indican la voluntad de los miembros de las mencionadas iniciativas de cumplir con el compromiso de EEUU de reducir sus emisiones entre un 26% y un 28% en 2025 en comparación con sus emisiones de 2005 y de implementar el Clean Power Plan.
A nivel europeo se destacaron, entre otros, el papel de la Unión Europea en la gobernanza climática global como líder mediante el ejemplo y como mediador entre las Partes; y la posibilidad de que España tenga un papel de mayor relevancia en el seno de la UE en materia climática. Este mayor papel podría estar justificado debido a que España se convertirá en el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero de la UE tras el Brexit (vea la tabla 1 a continuación). Además, se señaló el hecho de que la Unión Europea, tercer emisor a nivel mundial con un 9,66% de las emisiones en 2013 (último dato disponible proporcionado por World Resources Institute en 2017), necesita buscar aliados estratégicos para que colectivamente se cumplan los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París, evitar una interferencia peligrosa con el sistema climático y limitar el aumento medio de la temperatura global a menos de 2ºC en relación con la era preindustrial.
En lo relativo al liderazgo Europeo, España podría ayudar a reforzar el multilateralismo climático de la UE dotando de una visión estratégica a la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC). Dado que España es uno de los países europeos que se verá más afectado por los impactos adversos del cambio climático, y que cuenta con empresas e instituciones públicas líderes en el ámbito de la adaptación, también podríamos formar alianzas con otros países como Alemania u Holanda para incrementar la capacidad de adaptación europea y global. Otro ámbito en el que hay un claro hueco a cubrir es el de la gestión de los daños residuales del cambio climático, aquellos impactos a los que no podemos adaptarnos, al menos a corto plazo. Si España desea liderar, esta podría ser un área propicia para hacerlo. Por último, en el marco de la implementación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), España podría también liderar en materia de producción orgánica, al ser el país de la UE que mayor superficie tiene de producción agrícola y ganadera de origen orgánico.
En lo referente al Brexit y sus impactos sobre la ambición Europea en materia de cambio climático, el consenso existente indica que perderemos un socio (generalmente) ambicioso y un hábil negociador, otorgando más peso en las decisiones futuras a países menos ambiciosos como Polonia. Es previsible por tanto que las negociaciones climáticas se tornen más arduas y complejas en el futuro.
A nivel español, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se enmarca en la legislación europea, debe estar alineada con los objetivos de descarbonización a largo plazo del Acuerdo de París. La Ley se encuentra todavía en fase de desarrollo, aunque ya se han celebrado las primeras jornadas de expertos bajo el título ‘Juntos por el Clima’ para reflexionar sobre los elementos básicos que debe contener la ley en los siguientes sectores: agrícola, ganadero, forestal, de alimentación, de energía e industria, de adaptación, las ciudades (centrándose en los residuos, la movilidad y el sector residencial), y en el sector del transporte. A dichas jornadas asistieron representantes de las administraciones, políticos, empresas, sector financiero, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y científicos. Además, se ha creado un grupo interministerial y una Comisión de expertos sobre escenarios de transición energética y se ha abierto un proceso de consulta pública cuyo plazo finaliza el 10 de octubre de 2017.
Aunque hemos de esperar a la publicación del anteproyecto de ley para analizar sus contenidos específicos, se espera, entre otros, que la ley incluya objetivos a 2030 y 2050, que tenga en cuenta el presupuesto global de carbono y que recoja el espíritu del artículo 173 de la ‘Ley francesa de transición energética para el crecimiento verde’. Dicho artículo requiere: que las empresas cotizadas informen sobre su exposición al riesgo climático, que expongan las medidas adoptadas para reducir su exposición al mismo, y que documenten las consecuencias que tendrá el cambio climático en su actividad, en sus productos y servicios. Según la mencionada Ley, los bancos, por su parte, estarán sujetos a pruebas de estrés que incluirán el riesgo climático. Además, los inversores institucionales deberán informar sobre cómo incluyen en sus decisiones de inversión los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) y sobre cómo están alineando sus políticas con la estrategia de transición energética. Otras recomendaciones en el ámbito del riesgo climático, como las adoptadas por el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, que incluyen información sobre la capacidad de adaptación de las empresas a escenarios de 2ºC, podrían considerarse en la Ley española.
Finalmente, en el debate se recalcó la importancia de que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética española tenga vocación de permanencia y objetivos claros que den una señal inequívoca al mercado. Se pidieron objetivos vinculantes para todos los sectores, liderazgo decidido de la administración para modificar el modelo de producción y de consumo, una reforma fiscal ambiental, y un plan de información y concienciación ciudadana. A su vez, el sector empresarial mencionó que se deberían ofrecer soluciones a los sectores y personas más vulnerables ante la transición, así como establecer un precio del CO2 suficientemente alto para para incentivar la reducción de emisiones y transformar los procesos productivos y de consumo.
