De un tiempo a esta parte se observa una creciente presencia en el debate público de “la España vacía”, término exitosamente acuñado por Sergio del Molino en su libro homónimo publicado en 2016. Así, aunque desde hace dos décadas existen diversas plataformas ciudadanas en defensa de los derechos de los ciudadanos que la habitan, diversos factores entre los que destaca una mayor importancia electoral de estas provincias a causa del nuevo escenario partidista ha acabado introduciendo de lleno este asunto en la agenda política nacional, tal y como refleja la reciente aprobación de las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. De tal manera, ha podido llegar a darnos la impresión de que esta es una realidad intrínsecamente española, ¿pero realmente es así, o también puede identificarse con una incidencia similar (o incluso mayor) en otros países europeos?
Aunque en un primer vistazo al mapa demográfico continental se confirma la magnitud de la despoblación interior española, también se observan situaciones parecidas en las vecinas Portugal y Francia, buena parte de los Balcanes y, por supuesto, en la climatológicamente hostil periferia nórdica, donde la región islandesa de Landsbyggd apenas supera el habitante por kilómetro cuadrado. De hecho, las 55 regiones NUTS-3 (Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas) con menos de 20 hab/km2 se sitúan en alguna de estas tres áreas europeas (a excepción de la Guyana francesa), si bien resulta necesario diferenciar las distintas dinámicas en las que se encuentran inmersas.
Mientras en la mayoría de estas regiones apenas se aprecian caídas de habitantes con respecto a 1990 (primera fecha con datos disponibles), e incluso algunas muestran incrementos significativos, en 23 de ellas la densidad poblacional ha bajado más del 5%. Este fenómeno se localiza principalmente en Portugal, España, Finlandia y muy especialmente en las repúblicas bálticas, donde en algunas de sus regiones ya notablemente despobladas hace tres décadas la caída ha sido superior al 30%, convirtiéndose en una de sus principales amenazas nacionales. A este respecto cabe incidir en que si la gestión de territorios salvajes tradicionalmente casi inhabitados ya supone un reto para las administraciones públicas, descensos demográficos acusados en regiones de por sí poco pobladas implican un desafío incluso mayor, en la medida en que a la correcta prestación de servicios y conservación medioambiental se suman la gestión de un tejido socioeconómico, cultural y patrimonial declinante en un contexto de envejecimiento poblacional.
Ante esta situación las autoridades comunitarias han empezado a reaccionar. Así, a finales de 2017 el Parlamento Europeo apoyó incluir criterios de esta naturaleza en el reparto de las ayudas económicas, propuesta que se concretó el pasado marzo aprobándose para el periodo 2021-2027 destinar como mínimo un 5% de los fondos FEDER a nivel nacional al desarrollo territorial integrado de zonas con desventajas naturales o demográficas. Del éxito o fracaso de esta medida, todavía pendiente de la aprobación definitiva por parte del Consejo, así como de todas aquellas que vayan a emprender los Estados miembros más afectados, dependerá en gran medida que la Europa vacía no siga avanzando a lo largo de la próxima década.
Imagen: Calle de Balborraz en Zamora (España). Foto: Heparina1985 (trabajo propio) (Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
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