En 2010 se elaboró la Estrategia Española de Seguridad, siendo la primera vez que un Gobierno elaboraba un documento público en el que se reconocía la existencia de problemas complejos que afectan a la seguridad nacional y para los que se necesitan estructuras y procedimientos distintos de los que se habilitaron para atender a problemas de seguridad del pasado. Las estrategias y los sistemas que las desarrollan han proliferado esto últimos años entre las sociedades avanzadas de nuestro entorno, pero no es un proceso fácil porque obliga a las administraciones y gobiernos a desarrollar un profundo cambio cultural y de mentalidades.
A pesar del amplio consenso de la comunidad estratégica y del esfuerzo del equipo encargado de la redacción, el documento tuvo que esperar varios meses a que el Gobierno aprobara en junio de 2011 la Estrategia Española de Seguridad. Sin embargo, la demora hizo que ya no quedara tiempo material para encontrar el consenso político y de Gobierno suficiente para ponerla en marcha (ver Propuesta para la implantación de una Estrategia de Seguridad Nacional en España del Real Instituto Elcano de 2011). El nuevo Gobierno se encontró con una parte del camino andado y se dispuso a completarla creando para ello el 20 de julio el Departamento de Seguridad Nacional en el Gabinete del Presidente (R.D. 1192/2012). Sus trabajos han culminado con la aprobación el 30 de mayo de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2013 y del Real Decreto que regula el Consejo de Seguridad Nacional.
Las estrategias son documentos con vocación transformadora de las políticas públicas cuya labor comienza –y no termina- con su aprobación, por ello en su valoración se debe diferenciar el contenido de la misma de los mecanismos de puesta en marcha que, a la larga, serán los que demuestren la validez o irrelevancia del documento aprobado. En relación con el contenido, la nueva Estrategia es bastante continuista respecto a la anterior, lo que refleja una vocación de consenso y político y de visión de Estado a propósito de la seguridad nacional entre los dos grandes partidos políticos digna de destacar en estos días. Coinciden en identificar como riesgos el terrorismo, los conflictos armados, el crimen organizado, la inseguridad económica y financiera, las ciberamenazas, los flujos migratorios no controlados, las armas de destrucción masiva, la vulnerabilidad energética y de los servicios e infraestructuras críticas o las emergencias y catástrofes naturales; a los que se añaden ahora el espionaje y la inseguridad marítima. Las coincidencias muestran una visión compartida del contexto estratégico que se prolonga en las líneas estratégicas para afrontar esos riesgos.
Ambas estrategias comparten una visión integral de la seguridad, transversal, transfronteriza, abierta a nuevos actores públicos y privados para proporcionar la libertad, la seguridad, el bienestar y el funcionamiento de los servicios que precisan los ciudadanos. También comparten la insuficiencia de las estructuras y procedimientos de coordinación existentes para afrontar problemas complejos, por lo que acercan la responsabilidad a la Presidencia del Gobierno.
En relación con la puesta en marcha, era de esperar que el Gobierno primara una implantación rápida, ya que una vez aceptada la filosofía de la seguridad nacional, la dificultad reside después en pasar a las matemáticas para distribuir responsabilidades y competencias. La anterior Estrategia ya experimentó esas dificultades para definir el capítulo Quinto, en el que se debía definir el Sistema: responsable, organismos y funciones que arroparían al Presidente del Gobierno, pero tuvo que conformarse con un esbozo de mínimos. Ahora, la nueva Estrategia no ha ido mucho más allá y, prácticamente, repite el mismo organigrama básico: Consejo de Seguridad Nacional y órganos de apoyo (la anterior Estrategia incluía comisiones interministeriales y un foro social que ahora desaparecen) omitiendo en el Sistema cualquier referencia al Departamento de Seguridad Nacional creado en julio de 2012, que ha conducido la elaboración y que iba a ser el órgano permanente de trabajo. Casi todo queda, pues, pendiente de lo que acuerde el Consejo de Seguridad Nacional que establece el nuevo Real Decreto: la nueva Ley Orgánica que tendrá que dar respaldo normativo a la Estrategia de Seguridad Nacional, la estructura de trabajo permanente en La Moncloa, los comités especializados y los procedimientos de integración. Mucha tarea para el poco tiempo que se da el Gobierno para realizarla: seis meses, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido más de un tercio de la legislatura y que el consenso entre los dos grandes partidos se reducirá a medida que avances las citas electorales. En todo caso, la continuidad de ambas estrategias parece indicar que estamos antes una política de Estado y sólo queda esperar a que el Gobierno acierte a implantarla cuanto antes para que se consolide en interés de la seguridad nacional de todos.
