La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los asuntos que más preocupan a las sociedades latinoamericanas, por encima incluso de la pobreza, el desempleo, la inflación o la buena gestión de los servicios públicos, como la sanidad y la educación. Así lo evidencian tanto las encuestas de ámbito regional, Latinobarómetro en primer lugar, como otras concentradas en la realidad de los distintos países.
Pero esto no siempre fue así. Y no lo fue por dos motivos. El primero, porque la inseguridad como preocupación social es un fenómeno relativamente reciente, ya que en un pasado no muy lejano las tasas de criminalidad eran mucho más bajas. Es obvio que la urbanización afecta muchos comportamientos sociales, incluyendo la delincuencia, pero se trata de un proceso observable en otras partes del mundo con desiguales resultados.
El segundo motivo tiene que ver con el hecho de que la inquietud creciente de la opinión pública ha roto el dique ideológico que tendía a situar los temas de seguridad, represión y castigo del delito y de los delincuentes como algo exclusivo del discurso conservador o más reaccionario. Se decía que la preocupación por una mayor seguridad era algo que afectaba exclusivamente a los ricos, cuando en realidad quienes más sufrían, y sufren, el impacto de la actividad criminal son los sectores populares, mucho más inermes, y con menos recursos para enfrentarse a la delincuencia.
Estas razones explican que una institución como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) haya incluido entre sus prioridades el estudio en profundidad del fenómeno y haya producido el informe: Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito, publicado en su serie Reportes de Economía y Desarrollo.
Es tal la magnitud y el impacto de la falta de seguridad en las sociedades latinoamericanas, especialmente en sus ciudades grandes y medianas, que los autores de informe hablan de “una crisis de proporciones epidémicas”. Se trata de una crisis que vulnera la protección y garantía de algunos derechos fundamentales, comenzando por el derecho a la vida de los latinoamericanos, pero que también afecta la libertad de circulación y de asociación, entre otras. De hecho, América Latina como un todo, pese a las grandes diferencias nacionales, es la región más insegura del planeta, más que África y mucho más que Asia y Europa y en la que la tasa de homicidios ha crecido de forma más acelerada.
Ésta es, quizá, una de las mayores paradojas de América Latina. El continente ha sido en los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, la parte del mundo con menor incidencia de conflictos bélicos y su consiguiente pérdida de vidas humanas y costes materiales. Pero, al mismo tiempo, es la región más violenta del planeta. A tal punto que la tasa de victimización latinoamericana entre 2000 y 2010 ha fluctuado entre el 30% y el 40%.
La expansión del crimen no influye sólo sobre el estado de ánimo de la población. También tiene importantes repercusiones económicas, que los autores del informe sitúan en torno al 5% del PIB regional. Esta cifra se desglosaría entre un 2%, consecuencia de los gastos de atención médica y los años de vida perdidos en la actividad laboral, y un 3% por gastos en seguridad y justicia. A esto habría que añadir los costes indirectos, mucho más difíciles de cuantificar, pero que tienen consecuencias negativas sobre los salarios, la participación laboral o incluso las inversiones.
Frente a la idea de seguridad pública, que exige respuestas represivas y de intervención de las fuerzas policiales y eventualmente militares, la CAF introduce el concepto de seguridad ciudadana, un concepto más integral, que requiere respuestas multidimensionales y afectan al conjunto de las políticas públicas y la implicación de todos los niveles de la administración y del Estado.
Desde este punto de vista, la lucha contra el delito requiere más y mejores instituciones, educación y campañas de prevención, pero también una policía bien entrenada y bien pagada capaz de resistir la corrupción, una justicia eficiente e independiente del poder político, y un sistema carcelario que sirva para reeducar y reinsertar y no para ser escuela de delincuentes.
La principal conclusión del Informe es que necesitamos más y mejor información de modo de enfrentar el problema de la delincuencia y la falta de seguridad con mayores posibilidades de éxito. El estudio de las causas y los mecanismos delictivos debe ser hecho sin demagogia ni partiendo de premisas que se han demostrado falsas, como la relación mecánica y directa entre pobreza e incidencia del delito.
De hecho, en la última década América Latina ha conocido un retroceso importante de la pobreza y de la extrema pobreza que fue acompañado, sorpresivamente, de un aumento de las tasas de los delitos comunes. Importante desafío para los gobiernos, para todos, y no sólo para aquellos que dicen tener una agenda centrada en la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos.
