Se encuentra en marcha un proceso de reforma del sistema español de cooperación internacional al desarrollo, que previsiblemente se plasmará en una nueva ley de cooperación. Es importante que el nuevo sistema reconozca el papel fundamental que las empresas pueden desempeñar en la política de cooperación.
En principio las perspectivas parecen favorables a este planteamiento. El pasado mes de marzo la entonces Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, señalaba en una comparecencia en el Congreso que serán imprescindibles alianzas público-privadas con el sector empresarial, “un socio fundamental para el progreso sostenible por su contribución al crecimiento económico, el empleo digno, los ingresos fiscales y la financiación de las inversiones en las economías en desarrollo”.
La Secretaria de Estado abogaba por «impulsar la creación con dicho sector de un marco de colaboración con una visión común y proyectos conjuntos que conjuguen los beneficios y rentabilidad de las empresas con el logro de resultados de desarrollo sostenible»
Alinearse con nuestro entorno
En España han existido históricamente, en ciertos sectores vinculados con la política de cooperación, recelos en relación con la participación de las empresas. Estos recelos han tenido de entrada una motivación “ideológica”: en la medida que las empresas son entidades que, entre otros objetivos, buscan un beneficio, su participación en la cooperación al desarrollo supondría una “mercantilización” de la ayuda, que desvirtuaría su naturaleza. Según este planteamiento, sólo agentes sin ánimo de lucro estarían habilitados para desarrollar actividades de ayuda al desarrollo.
El tema del papel de la empresa en la cooperación al desarrollo es objeto de análisis en una nota publicada recientemente por el Club de Exportadores e Inversores Españoles, de la que son autores Antonio Bonet (presidente del Club) y Rafael Ruiz-Villar (coordinador de su Comité de Reflexión sobre Internacionalización).
Bonet y Ruiz-Villar aluden a una comparativa internacional: “los países que más ayuda oficial al desarrollo prestan, otorgan gran importancia a la participación de sus empresas en proyectos de cooperación. Casi ningún país, por no decir ninguno, prescinde voluntariamente de la participación empresarial en este tipo de proyectos, en el convencimiento de que su aportación, en experiencia, gestión y recursos, contribuye positivamente al desarrollo económico y social”.
Dos justificaciones: eficiencia, solidaridad nacional
Existen dos motivos clave que justifican el papel activo de las empresas en la cooperación al desarrollo.
En primer lugar, un motivo de eficiencia. Las empresas son las que tienen la capacidad técnica para desarrollar de manera eficiente muchos proyectos de cooperación al desarrollo. Construir un hospital, una planta de tratamiento de aguas, o asesorar al gobierno de un país para fomentar la internacionalización de sus pymes o para reformar su sistema fiscal, constituyen un tipo de actividad en el que, por regla general, son las empresas las que tienen la capacidad técnica para su desarrollo.
Como indican Bonet y Ruiz-Villar, “la decisión de quien, o cómo se deben ejecutar los proyectos, no debería estar basada en consideraciones de tipo ideológico, sino en criterios de eficacia y eficiencia”.
En según lugar, la política de cooperación no puede dejar de lado la realidad social de España, en la que existe un elevado nivel de desempleo, bolsas de pobreza y marginalidad, etcétera. No sería justo el que las actividades y productos empleados en proyectos de cooperación realizados por España no tuvieran el máximo componente español, a través de la participación de empresas españolas, con el efecto arrastre que ello tendría sobre el empleo y el crecimiento económico.
Hasta ahora la experiencia no ha sido demasiado positiva en cuanto a la participación de la empresa en la cooperación. En el trabajo de Bonet y Ruiz-Villar se citan los resultados de una encuesta realizada entre empresas del Club de Exportadores que tiene actividad en proyectos de cooperación internacional: “únicamente un 10% de las empresas se ha presentado a licitaciones financiadas directamente por la AECID y han encontrado la experiencia positiva (22% en el caso de Fonprode). Por el contrario, el 30% de las mismas han contestado indicando que la experiencia fue negativa y, el 60%, que no se ha presentado nunca a una licitación convocada por la AECID (78% en el caso de Fonprode)”.
Es de esperar que la anunciada ley de cooperación reconozca de manera efectiva, por fin, el papel de las empresas en la política de cooperación, un papel que por supuesto es compatible e incluso complementario con el de otros agentes sociales. Sería deseable, en este sentido, que en el nuevo sistema se establecieran instrumentos para fomentar la cooperación entre empresas y otros agentes sociales que participan en la cooperación al desarrollo, como las ONG, entre las que hay muchas que realizan, en su campo de actividad, una labor muy eficiente.
