Las poblaciones árabes que han salido a la calle no sólo deseaban cambios políticos, también exigían justicia económica. El hartazgo no sólo ha sido político, siempre ha estado ligado a demandas de vida digna, de empleo, de satisfacción de necesidades básicas.
Desde hace años, la OIT señala que los países árabes tienen los índices más altos de desempleo juvenil y ha sufrido el mayor deterioro del valor real del salario mínimo. La Confederación Sindical Internacional (CSI) denuncia que es la región donde menos se respetan los derechos de organización de los trabajadores y en la que más se incumplen los ocho convenios fundamentales en materia laboral.
De hecho los gobiernos de algunos países han anunciado ya medidas de urgencia para aplacar estas demandas socioeconómicas. De manera preventiva, y con un coste estimable para sus haciendas públicas, en Jordania y Marruecos se han decretado aumentos salariales, subvenciones a los productos de consumo básico, programas de empleo. Otros han iniciado conversaciones con empresarios y representantes de los trabajadores.
En la actualidad, los gobiernos de Túnez y Egipto no sólo tienen ante sí el reto de pilotar una transición política compleja y poner en marcha las reformas exigidas por la calle, también tienen que lidiar con una creciente contestación social y económica. A la par de las protestas callejeras, ambos países viven múltiples huelgas y conflictos laborales. Al calor del éxito obtenido al defenestrar a los presidentes y sus camarillas, aparecen réplicas en fábricas y otros centros de trabajo. Las reclamaciones tienen muchos puntos en común: aumento salarial, estabilidad en el empleo, readmisión de despedidos y libertad sindical. Si bien esta euforia reivindicativa se puede entender por la coyuntura, es obvio que estas demandas, junto a las que reclaman las capas más humildes de la población en materia de precios, tienen que ser atendidas de alguna forma en paralelo a las reformas políticas.
La atención a las demandas de naturaleza socioeconómica y la gestión de la conflictividad laboral suponen un reto en toda transición política. En el caso de los países árabes en mayor medida aún porque desde hace años han adoptado medidas de liberalización y de ajustes, sin desarrollar mecanismos de protección social y sin llevar a cabo estas reformas de manera negociada con los agentes sociales. De hecho la negociación colectiva es excepcional y apenas existe diálogo social institucionalizado.
El paisaje sindical árabe es diverso y esto augura muy diferentes formas de gestión. En Túnez, la Unión General de los Trabajadores Tunecinos, sindicato único pero que logró mantener una cierta representatividad y función mediadora, siendo incluso refugio de opositores, ha desempeñado un papel singular en las revueltas y hoy es un interlocutor ineludible para las reformas. En cambio en Egipto, la oficialista Federación Egipcia de Sindicatos era una extensión del gobierno, no representativa y cuya última función era de hecho controlar a los trabajadores. En este país la contestación laboral está protagonizada por nuevas organizaciones de creación muy reciente y con una capacidad de negociación y de gestión del conflicto que queda por ver. En otros países, la escena sindical es o bien parecida a la de Egipto (Siria, Argelia, Libia), o apenas se les reconoce como interlocutores sociales (Jordania, Palestina, Yemen, Iraq) o bien hay pluralismo sindical pero poco eficaz por su politización (Marruecos, Líbano), o son minúsculos (Golfo) o inexistentes (Arabia Saudí).
Es probable que las reformas políticas se lleven a cabo contando con algunos sectores de los viejos regímenes dispuestos a democratizarse y con la incorporación necesaria de nuevos actores. Las demandas socioeconómicas, por ser gravosas, probablemente sólo puedan ser atendidas de manera limitada e insuficiente, y por ello requerirán una difícil negociación. ¿Pero quiénes serán los interlocutores legítimos si los regímenes han mantenido sindicatos inservibles y sofocado a las organizaciones demócratas? ¿Es imaginable un esquema parecido a los Pactos de la Moncloa con las fuerzas políticas y una representación limitada de los agentes sociales?
Atender las demandas socioeconómicas de la gente que ha protagonizado las revueltas será probablemente la cuestión más compleja con lo que tengan que lidiar los gobiernos de transición.
