La movilización de combatientes extranjeros desplazados a Siria e Irak acudiendo –mayoritariamente– a la llamada de la organización terrorista yihadista Estado Islámico (EI, en su última denominación), en torno a los 12.000 según el último recuento del londinense ICSR (cifra que asciende hasta los 15.000 en los cálculos la CIA), ha activado las alarmas en los más de 74 países de los que proceden.
En el particular de Europa occidental –siguiendo los cálculos del ICSR–, más de 2.500 combatientes habrían decidido abandonar sus países para enrolarse en las filas yihadistas, contándose éstos por centenas en Francia (700), Reino Unido (500), Alemania (400), Bélgica (300), Países Bajos (150), Suecia, Dinamarca y España (100 individuos en cada caso). Ante los casos de individuos retornados, y la perspectiva de que otros sigan el mismo camino en un futuro próximo, las democracias europeas comienzan a plantearse la espinosa cuestión de qué respuesta dar a dichos nacionales que, más radicalizados y con experiencia en combate, deciden volver, suponiendo en algunos casos un riesgo para la seguridad nacional.
#INFOGRAPHIC: a breakdown of foreign fighters in Iraq and Syria pic.twitter.com/Cb43TL3TfX
— Agence France-Presse (@AFP) septiembre 14, 2014
A finales de agosto, debido a la situación en Siria e Irak, el Reino Unido elevó el nivel de alerta terrorista de “sustancial” a “severa” (penúltimo estadio de un escalafón de cinco), proponiendo su primer Ministro, David Cameron, tres días más tarde en la Cámara de los Comunes una serie de medidas entre las que se incluye dotar a la policía de nuevos poderes para la retirada del pasaporte a ciudadanos británicos sospechosos de retornar de zonas de conflicto (que estarían incluidos en listas elaboradas por los servicios de inteligencia), impidiéndoles de este modo su entrada en el país. Una idea que nos devuelve al viejo debate pragmatismo vs. moralidad en el eje de coordenadas política/seguridad, y, más concretamente, que ejemplifica a la perfección el punto de vista que prima los derechos de la seguridad por encima de los derechos de la libertad. Esto es, el par soberanía popular/intereses colectivos frente a su opuesto derechos/dignidad individual, con el adagio romano clásico como perfecta conceptualización: la seguridad del pueblo es la primera ley, como recoge Michael Ignatieff en su obra «El mal menor. Ética política en una era de terror» (Taurus: Barcelona, 2005). Así, la postura de Cameron, que ha suscitado ya controversias con sus socios de gobierno, los liberales-demócratas de Nick Clegg, no es otra que la del «mal menor»: los derechos deberán doblegarse a la seguridad si queremos reducir la potencial amenaza.
España, con cifras notablemente más bajas de desplazados (de hecho, la cifra oficial todavía los cuenta por decenas) también incrementó el pasado 9 de septiembre el nivel de alerta terrorista –pasando este de «bajo» a «alto», dentro del nivel II–. Una decisión justificada, del mismo modo, por la situación en el escenario común de insurgencia que constituyen Siria e Irak. El pasado domingo la prensa española se hacía eco de una nueva iniciativa policial para combatir el terrorismo yihadista, respaldada por jueces y fiscales de la Audiencia Nacional: las “órdenes de captura exprés” o, lo que es lo mismo, la emisión de órdenes de busca y captura contra individuos sobre los que existan «indicios razonables» de integración en organizaciones yihadistas. Volviendo a Ignatieff, la respuesta española parece constituir una postura intermedia que busca aumentar la eficiencia policial sin menoscabar las garantías legales de los ciudadanos.
Siendo ciertamente difícil abstraerse de la idea del «mal menor» en el particular que nos ocupa, y aún teniendo en cuenta cómo el efecto indeseado de dicha opción puede acabar provocando el «mal mayor» (pensemos, por ejemplo, en la intensificación del conflicto), resulta complicado valorar cuáles deben de ser las medidas a implementar. Dado que el terrorismo internacional se ha demostrado como fenómeno con una extraordinaria capacidad de adaptación y mutabilidad, la respuesta al mismo debería adoptar las mismas características, con acciones innovadoras y multifacéticas a la altura, las cuales deberían hacer especial hincapié en la prevención de la radicalización y en eventuales planes para contrarrestarla.
