Las inversiones extranjeras han sido consideradas generalmente como beneficiosas. Los gobiernos de países, regiones, municipios, se esfuerzan por atraerlas. En los últimos tiempos, sin embargo, han empezado a surgir recelos y se ha planteado en diversos países la necesidad de establecer mecanismos de control sobre las mismas. Así, la Unión Europea ha adoptado hace unos meses un mecanismo de control de inversiones extranjeras, que puede llegar a tener una gran relevancia.
Este mecanismo no está pensado en teoría para ningún país en concreto, pero es evidente que es el auge de las inversiones chinas lo que está detrás de su creación. La adquisición por empresas chinas de empresas de tecnología avanzada, sensibles para la seguridad y la defensa nacional, en sectores críticos de infraestructura, ha despertado las alarmas. Especial impacto tuvo en 2016 la compra de la empresa de robótica alemana Kuka por la empresa china Midea.
No se trata simplemente de que las empresas de un país concreto estén llevando a cabo adquisiciones de importantes empresas europeas. Las características políticas y económicas de China añaden un matiz importante. Se trata de un país con un régimen político muy distinto al de los países europeos, muchas de sus empresas inversoras son empresas estatales, que se benefician de una serie de ventajas por parte de su Administración, en primer lugar financieras. Incluso las empresas privadas en China no son como las empresas privadas de otros países, ya que mantienen una estrecha relación con el poder político (aunque intenten repetidamente negarlo). Todo ello en un contexto que ha contemplado en los últimos años el desarrollo por parte de China de una política exterior más agresiva.
A todo esto hay que añadir el conocido asunto de la reciprocidad. Es decir, las grandes diferencias que existen en cuanto a capacidad de operación entre las empresas chinas en Europa en comparación con las empresas europeas en China. Las empresas chinas han operado hasta ahora con gran libertad en los países europeos, mientras que las empresas europeas están sometidas a fuertes restricciones en el mercado chino. Los últimos datos a este respecto no son muy alentadores. Según el último Business Confidence Survey de la Cámara de Comercio Europea en China, publicado el pasado mes de marzo, un 47% de las empresas encuestadas esperan que los obstáculos regulatorios aumenten en los próximos cinco años, y un 25% esperan que permanezcan como ahora. Un 20% de las empresas indican que se sienten obligadas a transferir tecnología como condición para acceder al mercado chino.
El mecanismo de control de las inversiones extranjeras establecido por la UE tiene un doble componente. Por un lado se establecen diferentes vías para intercambiar información sobre inversiones extranjeras previstas o en estudio, tanto entre los países europeos como entre éstos y la Comisión Europea. Por otro, tanto la Comisión Europea como otros Estados miembros pueden solicitar información adicional sobre inversiones concretas, y pueden igualmente plantear objeciones y comentarios, que deben ser tenidos en cuenta por el país receptor, que tiene en todo caso la última palabra sobre las decisiones a tomar.
Con este mecanismo el objetivo general es proteger tecnologías, infraestructuras y suministros críticos, así como el sector de la información y el pluralismo de los medios de comunicación. Según un estudio de Rhodium Group y MERICS (Mercator Institute for China Studies), un 82% de las adquisiciones chinas en Europa en 2018 caerían bajo alguna de esas categorías.
La cuestión de las inversiones extranjeras ha pasado a tener una consideración que va bastante más allá de lo que es estrictamente la operación específica de inversión, situándose en un marco más general de las relaciones. Recordemos que en el mes de marzo una comunicación de la UE calificaba a China de “competidor económico” y “rival sistémico que promueve modelos alternativos de gobernanza”.
Vamos hacia un futuro en el que las inversiones extranjeras van a ser objeto de un mayor escrutinio, y de una valoración en la que se tomarán en cuenta más aspectos que antes. Las inversiones seguirán siendo deseadas y cultivadas, pero al mismo tiempo se valorarán sus implicaciones económicas y políticas, la naturaleza de los inversores (en particular si son empresas estatales y, en este caso, la naturaleza del sistema político de sus países), la necesidad de mantener un control sobre sectores críticos para el futuro de la economía.
