Resulta paradójico que mientras la tendencia a nivel internacional es suprimir barreras al comercio y las inversiones (véase por ejemplo el reciente acuerdo sobre el TPP o la negociación en curso para el TTIP), en ciertos países hayan aumentado en los últimos tiempos las barreras internas al comercio y las inversiones, entre diferentes zonas del mismo país. La unidad de mercado, un elemento que debería ser incuestionable en un país, queda así invalidada. Ello tiene claros efectos negativos sobre la internacionalización de la economía y las empresas de este país.
Uno de los países que sufre de manera importante este tipo de barreras internas al comercio es Canadá. El tema era objeto recientemente de un duro comentario en Tradeready, una interesante web sobre temas de comercio exterior, con el elocuente título de “How interprovincial trade barriers are hurting Canada’s economy and burdening exporters”.
Según el artículo, “las ineficiencias del comercio interno de Canadá están suponiendo un coste a los exportadores cuando van a los mercados exteriores, reduciendo su ventaja competitiva”. El artículo llega a señalar que:
“muchos exportadores encuentran más fácil comerciar con otros países que en el interior de Canadá”.
Y añade:
“Canadá es el único país del G7 que espera que sus empresas compitan globalmente, pero les niega regularmente porciones del mercado doméstico”.
Para darse idea del alcance de las barreras a la unidad de mercado existentes en Canadá, sólo hay que tener en cuenta que dos provincias, Alberta y British Columbia, llegaron incluso a negociar un acuerdo de libre comercio que entró en vigor en 2007, el TILMA (Trade, Investment and Labour Mobility Agreement). ¡Un acuerdo de libre comercio entre dos provincias de un país!
Las barreras al mercado interno afectan negativamente a la internacionalización. Por un lado, reducen el tamaño del mercado doméstico. Esto puede afectar al tamaño de las empresas, un elemento que, como es bien sabido, condiciona de forma decisiva la competitividad internacional de las empresas, su capacidad para salir a los mercados internacionales.
Por otro lado, las restricciones a la unidad de mercado son un claro factor desincentivador para las inversiones extranjeras, que ven cómo se limita su capacidad de operación en un mercado nacional del que esperaban que fuera un mercado único.
España está sufriendo también, de forma creciente, este problema. El “Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España”, publicado este año por la Cámara de Comercio británica en España y elaborado por la consultora AFI, señala que una de: “las principales debilidades del clima de negocios español detectadas por las empresas británicas y sobre las que conviene poner especial atención es la unidad de mercado entre las Comunidades Autónomas…” El estudio destaca:
“una debilidad de España: la unidad de mercado (…) La diferente legislación regional, estructura y tipos impositivos, así como, recordemos, la inestabilidad territorial, dificultan las relaciones económicas entre los diferentes ámbitos geográficos españoles y, por ende, la expansión de las empresas británicas por el territorio español”.
Sobre las diferencias regulatorias y de funcionamiento de diferentes comunidades tenemos información en el estudio “Doing Business en España 2015”, publicado en septiembre de 2015 por el Banco Mundial. El estudio pone de relieve las notables diferencias existentes entre diferentes partes del territorio español en lo que se refiere a regulaciones y trámites. Por poner un par de ejemplos, el registro de una propiedad tiene un coste del 3,1% (del valor de la propiedad) en Ceuta, frente al 10,1% en Galicia. Y el tiempo para completar los trámites de registro oscila igualmente de forma notable entre unas y otras Comunidades: en Madrid es de 12,5 días, mientras que en Galicia es de 21,5 días. La obtención de permisos de construcción puede variar entre 101 días en La Rioja y 297,5 en Galicia.
Resulta contradictorio que mientras España pertenece a un mercado único europeo, en el mercado doméstico se hayan desarrollado en los últimos tiempos barreras y diferencias regulatorias y burocráticas que ponen en cuestión el funcionamiento de un mercado único nacional. El tema no es objeto, además, de la preocupación y atención que merece. Y, además, probablemente la tendencia reciente ha sido hacia un empeoramiento.
La economía española sigue teniendo pendiente importantes reformas estructurales. Frenar y eliminar las barreras que obstaculizan la unidad de mercado es una de ellas, y debería recibir la atención necesaria.
