El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) examinó, durante el verano de 2015, las políticas de igualdad en España y alertó de la “persistencia de actitudes y estereotipos tradicionales sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres” y de los “efectos negativos en todas las esferas de la vida de las mujeres” que habían tenido las medidas de austeridad aplicadas para hacer frente a la crisis.
Además, conminó al Gobierno a que, en un plazo de dos años, proporcionase por escrito información detallada sobre las medidas adoptadas para aplicar las siguientes recomendaciones:
21 a) Revisar su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de que incluya otras formas de violencia de género, por ejemplo, la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas;
21 b) Disponer cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden sobre la Convención y su Protocolo Facultativo y sobre la estricta aplicación de las disposiciones penales relativas a la violencia contra la mujer, y sobre procedimientos que tengan en cuenta el género para entrevistar y tratar a las mujeres que son víctimas de violencia;
21 f) Recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el autor.
y 37 c) Proporcionar tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de asilo con necesidades específicas y adoptar una perspectiva de género a la hora de elaborar programas de asistencia.
El pasado 29 de julio se cumplió el plazo dado por este órgano de Naciones Unidas encargado de velar por el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer, y tanto el Gobierno como la Sociedad Civil –a través de la Plataforma CEDAW Sombra– enviaron sus respectivos informes de seguimiento estructurados en torno a estas cuatro grandes cuestiones.
En relación a la revisión de la legislación con objeto de incluir otras formas de violencia que requería el citado informe de la CEDAW, el Gobierno español ha informado de la modificación del Código Penal con objeto de incluir delitos tales como el matrimonio forzado o el ciberacoso. Y ha promovido la aprobación del Estatuto de la Víctima del Delito, el II Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, y la Proposición No de Ley instando a un Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
No obstante, todas ellas son medidas relevantes, pero se sigue sin garantizar la protección de aquellas mujeres que sufren violencia de género fuera del ámbito de la pareja o expareja, lo que invisibiliza otras formas y tipos de violencias.
El Gobierno también ha remitido una relación de acciones dirigidas a la formación de miembros de la carrera judicial, de la carrera fiscal, así como de cursos de especialización para la policía judicial. En ellas, se abordan cuestiones tales como el ciclo de la violencia, las órdenes de protección o la tutela penal de la igualdad, entre otras.
Nuestro sistema judicial requiere de formación que ponga fin a la mirada sexista en todo el procedimiento, desde el peritaje hasta la sentencia, garantizando que las mujeres no sufran desprotección. Una formación especializada, acreditable y continua también para el resto de profesionales –como los equipos psicosociales– que intervienen ante situaciones de violencia.
En relación a la recopilación de datos estadísticos, si bien es cierto que desde el año 2000 se computan algunas variables incluidas en el informe de CEDAW (tipo de violencia –doméstica y sexual–, sexo, nacionalidad, edad y relación entre la víctima y el agresor) en el Sistema Estadístico de Criminalidad; y que, a su vez, tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Consejo General del Poder Judicial o la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género elaboran informes al respecto, no lo es menos que la recogida y recopilación se centra –exclusivamente– en mujeres asesinadas por su pareja o expareja y en el análisis de las denuncias, dejando a las que no denuncian o mueren a manos de su pareja o expareja fuera del interés público en la materia.
Recoger datos de calidad capaces de prevenir todas las formas y tipos de violencia que sufren las mujeres requiere disponer de una metodología armonizada que permita una visión global del fenómeno, especialmente la de aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, y abordar otras formas de violencia que no se contemplan adecuadamente en los datos oficiales como la sexual, la mutilación genital femenina, o la trata con fines de explotación sexual.
Por último, el comité CEDAW también exigía un tratamiento adecuado para las mujeres y niñas refugiadas. En este sentido, en su informe el Gobierno ofrece un enfoque de interrelación, complementariedad y protección acumulativa incluyendo la intervención de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en casos de violencia; el ya mencionado Plan Integral contra la trata; estadísticas de género; o la elaboración de un protocolo de prevención y respuesta ante el acoso y la violencia sexual y de género para los centros de migraciones. Sin embargo, obvia mencionar el alarmante incumplimiento en los compromisos de acogida o que, como denunció el Defensor del Pueblo en 2016, no se haya producido una adecuada trasposición de las directivas comunitarias en materia de asilo.
En unos meses el Comité informará si considera implementadas o no las recomendaciones hechas hace dos años. Será entonces cuando sepamos si avanzamos en el camino de la igualdad o, como advertía el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2015, hemos sufrido una regresión.
