Se ha celebrado el último Consejo Europeo de 2013 que se iba a dedicar monográficamente a la Defensa, aunque posteriormente la agenda incluyó otros temas de actualidad. El anterior monográfico se celebró en 2008 pero ahora era necesario convocarlo de nuevo para decidir qué hacer con la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) tras la avalancha de cambios estratégicos de los últimos años entre los que se encuentran el fin de las grandes misiones internacionales, el alejamiento de EEUU hacia Asia-Pacífico, la crisis económica y el desvanecimiento de las amenazas de naturaleza militar entre muchos otros. Iba a ser un Consejo para tomar decisiones importantes pero las divergencias y las dudas han ido reduciendo la ambición de los sucesivos borradores y, al final, las decisiones importantes se han pospuesto para más adelante. No están los tiempos para grandes saltos en la política de defensa de la UE porque muchos de sus Estados miembros están repensando ahora sus políticas nacionales, pero se han tomado algunas decisiones que podrían ayudar a reactivar una política que se estancó tras la entrada en vigor del Tratado de la UE aprobado en Lisboa.
La primera decisión adoptada fue la de respaldar la necesidad de la Defensa en tiempos de cambio como los actuales. Reconocer que la Defensa importa tiene valor porque ataja la tentación de postergar su rango frente a otras políticas públicas. Y es importante que lo reconozcan los Jefes de Estado y de Gobierno porque son ellos quienes tienen que decidir qué lugar ocupa la Defensa entre la agenda de prioridades nacionales.
La segunda decisión es la de dar algunos pasos adelante en cuestiones sobre política, capacidades e industria, y hacerlo por este orden y de forma equilibrada. La necesidad de preservar la secuencia y el equilibrio era una línea roja que ha trazado España junto a otros Estados miembros preocupados porque los países con gran capacidad industrial pretendían progresar en el orden inverso y desarrollar antes la industria que la política y a las capacidades a las que sirve, con el riesgo de avanzar en la construcción de la PCSD por el tejado. El Consejo Europeo no ha querido adoptar decisiones irreversibles hasta que se analicen las distintas opciones con tranquilidad y con la participación de todos los implicados, pero la pugna continuará porque los intereses económicos en juego son muy importantes.
Sobre la política de Defensa, se ha decidido que no se haga de forma independiente sino en colaboración con socios estratégicos globales, transatlánticos y regionales, y en complementariedad con la OTAN. No es lo que le gustaría a Francia y a los partidarios de una mayor autonomía estratégica y de mayor protagonismo global de la UE pero no están las voluntades ni las arcas europeas dispuestas para asumir responsabilidades de potencia global. Junto a lo anterior, se ha decidido revisar –una vez más– todo lo que no funciona satisfactoriamente, desde los procedimientos de gestión de crisis al reparto de los gastos de las operaciones, pero lo verdaderamente novedoso es el espaldarazo que recibe la seguridad dentro de la PCSD. Este es el primer Consejo en el que se reconoce la necesidad de progresar por la línea de la Seguridad –en lugar de obcecarse en avanzar por el camino tortuoso y difícil de la Defensa– ya que las tendencias estratégicas apuntan a una mayor participación de los medios militares en la seguridad y protección de sus ciudadanos y territorios, una tendencia que en España ya se refleja en su concepto de Seguridad Nacional. Vistas las divergencias existentes a propósito de la Defensa, resulta más práctico para la PCSD ganarse los corazones y las cabezas de los europeos empezando por la seguridad.
Sobre las capacidades se han dado algunos pequeños pasos para ampliar y profundizar algunas de las experiencias de colaboración dentro de la UE, agrupando y compartiendo recursos nacionales para obtener ahorros y economías de escala, como las que se obtienen con el Mando Europeo de Transporte Aéreo al que se acaba de incorporar España. También se ha decidido desarrollar capacidades no existentes como las de repostaje en vuelo (AAR), aviones no tripulados (UAV-RPAS), satélites de comunicaciones y ciberseguridad, y para hacerlo se va a estudiar si se pueden aplicar beneficios arancelarios, siempre que no distorsionen las reglas del mercado, y si se puede mejorar la coordinación de los planeamientos nacionales de defensa.
Finalmente, las decisiones industriales no han progresado en la dirección que proponía la Comisión y que tantas reservas había suscitado entre quienes veían detrás de ella la mano de los grandes países e industrias de la defensa para repartirse el mercado europeo a costa de desplazar de ese mercado a industrias como la española (véanse el Comentario y el ARI del autor al respecto). La resistencia ha conseguido que aparezcan en las Conclusiones del Consejo Europeo alusiones al equilibrio, la apertura, la trasparencia, la igualdad de oportunidades entre contratistas y subcontratistas de toda Europa que no se apreciaban en el texto –ni en el espíritu– de la comunicación de la Comisión. También han desaparecido menciones a la armonización de estándares y se le ha recordado a la Comisión expresamente que los propietarios y operadores de las capacidades militares son los Estados miembros, frente a la pretensión de la Comisión de pasar de regular a comprar, financiar y operar equipos militares. La política industrial de seguridad y defensa se va a reestructurar, pero progresivamente (el Consejo Europeo revisará los progresos en julio de 2015) y compartiendo la responsabilidad entre la Agencia Europea de Defensa, la Comisión, los Estados Miembros y la alta representante. Tendrán que ver cómo impulsan la investigación y desarrollo dual (civil y militar), cómo se definen colectivamente los estándares de los equipos europeos, cuál es la forma más adecuada de garantizar la seguridad del suministro y cómo se apoya a las PYME para mejorar su competitividad.
Las decisiones del Consejo Europeo no han podido ir más allá del mínimo común denominador actual de voluntades y las espadas siguen en alto mirando al calendario de reformas previstas. Por lo que si España quiere influir en la configuración de la PCSD que se anuncia, el Gobierno deberá ponerse ya mismo a realizar sus deberes pendientes: reestructurar su propia política de Defensa, invertir en las capacidades que va a necesitar y definir una política industrial de seguridad y defensa. No va a ser fácil pero el Consejo Europeo ha reconocido que la Defensa importa y el presidente del Gobierno se ha comprometido a ello.
