Según los últimos datos de la UE, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es, de media, un 11,6% menor que la de los hombres, diferencia que asciende al 50% cuando las familias tienen hijos menores de 6 años (periodo en el que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es del 60%, frente al 90% de la de los hombres).
En promedio, la brecha salarial (muy desigual según los Estados Miembros, y que oscila entre el 3,2% de Eslovenia y el 30% de Estonia) se sitúa en un 16,3% (en España asciende a un 19%), mientras que la brecha de las pensiones alcanza el 40%.
Las mujeres representan solo el 21% de los miembros de los consejos de administración de las empresas cotizadas más importantes (solo Francia, Italia, Finlandia y Suecia cuentan con al menos un 30 % de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas) y son el 29% de los empresarios.
Las mujeres de edad avanzada sufren un riesgo de pobreza y de exclusión social mucho mayor que los hombres de la misma edad. Las mujeres dedican de 2 a 10 veces más tiempo que los hombres a trabajos no remunerados, lo que constituye uno de los principales obstáculos para su independencia económica y política. Las mujeres trabajadoras dedican 2,5 horas más al día a tareas domésticas y de cuidado de los hijos que los hombres.
Las mujeres cursan estudios de educación superior en mayor número que los hombres (44% frente al 34% de los hombres), pero siguen sobrerrepresentadas en profesiones y tareas asistenciales (campos que se vinculan con estereotipos y roles de género tradicionales) e infrarrepresentadas en carreras de ciencias, matemáticas, tecnologías de la información e ingenierías.
Aunque ha habido progresos en los 60 años de existencia de la UE, la brecha de género también persiste en el ámbito político: las mujeres, de media, representan el 29% en los Parlamentos (y en Bulgaria, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Hungría, Malta y Rumania representan menos del 20% de los diputados), y el 27% de los ministros de los gobiernos nacionales.
Además, la violencia física o sexual sigue afectando a una de cada tres mujeres en la Unión Europea.
Nuevo mercado de trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar, capacitación para los cambios sociales, tiempo de trabajo, educación y formación, emprendimiento, o innovación son, entre otros, los temas objeto del documento de reflexión sobre la dimensión social de la Unión Europea lanzado por la Comisión el pasado 26 de abril, el primero de los papers tras la publicación del Libro Blanco sobre el futuro de Europa relativo a sus principales desafíos y oportunidades para la próxima década.
El documento aborda cuestiones sociales clave como nuestro modo de vida (y la manera en que se organizan nuestras sociedades), cómo crear más y mejores puestos de trabajo, dotar a las personas de las capacidades adecuadas o fomentar la cohesión social, teniendo en cuenta los cambios sociales profundos que ya se han producido, y los que vendrán en el futuro (cuarta revolución industrial y nuevas formas de empleo, o tasas negativas o muy bajas de fecundidad y el consiguiente envejecimiento de la población, entre otros). Crecimiento sostenible, cohesión y convergencia; promoción de la igualdad entre hombres y mujeres; lucha contra el desempleo, la discriminación, la exclusión y la pobreza; o educación, formación y empleo para los jóvenes serían objetivos esenciales de este nuevo pilar social europeo.
Es una buena noticia que la Comisión haya comenzado el debate sobre el futuro de la Unión Europea por su dimensión social que, si bien ha sido seña de identidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras (el “Modelo Social Europeo” ha sido aspiracional en otras regiones del mundo) puede considerarse hoy, en buena medida, una de las víctimas de la crisis económica y financiera de los últimos años, tanto en el plano conceptual como en el de su posible contribución para afrontar la crisis con “identidad europea”, esto es, sin abandonar a nadie a su suerte.
Como “iniciativa estrella” ligada a este pilar social destaca una de las propuestas de la Comisión para la conciliación de la vida familiar y laboral, consistente en cuatro meses de permiso parental retribuido (tanto para hombres como para mujeres y no transferible) destinado al cuidado de los hijos, que pueda ser utilizado desde el nacimiento hasta los 12 años, y que la Comisión plantea con un objetivo declarado: “aumentar las posibilidades de que los hombres asuman responsabilidades parentales y de cuidado de los hijos, beneficiando a los niños, y contribuyendo a aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo”. Los argumento a favor, cuantificados recientemente, incluyen también los beneficios de la igualdad de género en la economía y el empleo (incremento del PIB per cápita, creación de puestos de trabajo), además de una mayor adaptación a retos como el envejecimiento de la población, reto clave y no menor.
Que la UE cuente con una verdadera dimensión social puede ser clave para el futuro que se quiera diseñar en este siglo XXI. Habrá que reflexionar sobre los parámetros que debe adoptar ese nuevo pilar social (hasta ahora lo social está, eminentemente, en manos de los Estados Miembros), y cómo va a contribuir la UE (en recursos y alcance). Pero lo que es claro es que la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los objetivos de este pilar social, es, al mismo tiempo, esencial para conseguir el resto de los objetivos: crecimiento inclusivo, cohesión, para luchar contra la exclusión y la pobreza, promover la formación y el empleo para los jóvenes, o preservar la diversidad, innovar, y garantizar la no discriminación. Además, hablamos de un conjunto de políticas (y derechos) que afecta a la mitad de la población europea. La promoción de la igualdad entre las dos mitades que componen la sociedad europea debe ser transversal y situarse en la agenda. No habrá pilar social que pueda merecer ese nombre si no contribuye, sustantivamente, a lograr la igualdad entre hombres y mujeres.
España podría y debería estar en la primera línea de este debate, impulsando además una dimensión de género prioritaria de este nuevo pilar social de la UE. Su compromiso activo podría, por un lado, contribuir a avanzar más rápido en el camino por recorrer en el ámbito nacional, y por otro, aportar la experiencia de iniciativas legislativas clave (como la Ley para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres, o la Ley Integral contra la Violencia de Género) y medidas concretas en esta materia.
Teniendo en cuenta que las proyecciones coinciden en que, al ritmo actual, llevará 100 años lograr la igualdad de género, acelerar las medidas para alcanzarla cuanto antes sería la verdadera innovación social del siglo XXI. Y, posiblemente, la única vía para “construir sociedades más fuertes y adaptables”.
