En los últimos meses las empresas chinas están experimentando un auge de regulaciones a las que deben estar sujetas. También de multas, aunque en menor medida. El llamado crackdown, o medidas rígidas, que está llevando a cabo el gobierno chino no es algo nuevo, pero sí más intenso. Lo es en especial para las firmas tecnológicas del país.
Desde el sector de Internet (Tencent), las aplicaciones de reparto de comida (Meituan), los sistemas automatizados de contratación (Kanzhun), las aplicaciones de taxi (Didi) hasta los buscadores de tutorías privadas online, muchas de ellas están viendo cómo la intervención y supervisión estatales crecen en un momento en el que su actividad económica empezaba a crecer de forma significativa dentro del país, o en empresas que ya tenían el mercado chino consolidado, pero que buscaban nuevos mercados globales tanto a nivel comercial, con mayor cuota de mercado y acuerdos en otros países, como a nivel financiero saliendo en bolsas extranjeras.
El crackdown tecnológico en China
Este fue el caso de Ant Group, la anteriormente conocida como Alipay, cuyo fundador es Jack Ma (del grupo chino Alibaba, el conocido como Amazon chino). Ant Group es la empresa de Fintech mejor valorada del mundo. En noviembre de 2020, Ant Group intentaba salir a las bolsas de Shanghái y Hong Kong con una previsión de 34.500 millones de dólares que lo hubiera convertido en la Oferta Pública Inicial más grande de la historia. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, cuatro organismos reguladores chinos, liderados por el Banco Popular de China, se reunían con el equipo ejecutivo de Ant Group y se restringía la venta de acciones a gran escala con el argumento de evitar conductas monopolísticas. La salida a bolsa tuvo que posponerse.
Desde entonces, ha habido casos similares, como sucedió con la también limitación de la salida de Didi Chuxing (el llamado Uber chino), en este caso en la bolsa de Nueva York, puesto que se consideró que vulneraba los protocolos chinos de seguridad de datos personales. Poco tiempo después se limitaba con el mismo razonamiento a Full Truck Alliance, una aplicación de logística de carga, y a Kanzhun, una plataforma de contratación.
Por qué está ocurriendo
Para entender el crackdown chino hay que buscar varias razones. El mantenimiento y estabilidad de la seguridad nacional es uno de ellos, pero no el único. En julio se aprobaba la Ley de Seguridad de Datos, y en noviembre debería entrar en vigor la Ley de Protección de la Información Personal. El objetivo es gestionar cómo se utilizan los “datos estatales núcleo” (core state data), es decir, aquellos datos que se consideran esenciales para la seguridad nacional del país. Ello explica que el caso de Didi Chuxing fuera gestionado por el CAC, la Administración China del Ciberespacio.
La segunda razón se refiere a la concentración de poder por parte de las empresas tecnológicas chinas. Ant Group es la empresa unicornio de mayor valor a nivel global. Las empresas unicornio, o emergentes con una valorización de más de 1.000 millones de dólares, son realmente pocas. 225 en todo el mundo, de las cuales 33 son de origen chino (y 13 de la Unión Europea). De Estados Unidos hay más de 140, como son Uber o Airbnb. El Gobierno chino, a través de la Administración Estatal de Regulación de Mercados (SAMR, por sus siglas en inglés), quiere evitar conductas monopolísticas de manera que unas pocas empresas acumulen todo el poder financiero y brazos económicos del país.
Ya existía una ley antimonopolio en China desde 2008, pero lo cierto es que no ha sido hasta noviembre de 2020 cuando el SAMR empezó a crear nuevas reglas más severas, con el apoyo del Politburó en diciembre. La regulación antimonopolio ya se ha aplicado al menos a 35 empresas tecnológicas chinas por no registrar las fusiones de forma adecuada, firmar contratos exclusivos, o por irregularidades en las adquisiciones. En Estados Unidos todavía no se ha empezado a regular en este sentido e intensidad, aunque la Comisión Federal de Comunicaciones ya busca incrementar los requisitos antimonopolísticos tras un año 2019 en el que las grandes tecnológicas alcanzaron el récord de 9.222 transacciones para comprar startups rivales, todo ello en el contexto de una década desde 2010 hasta 2019 en la que se han adquirido 819 pequeñas empresas para reducir el espacio de competición.
A la regulación antimonopolística se une el temor de que las empresas concentren demasiado poder por cuenta propia, es decir, sin el aparato estatal. Tencent y Alibaba han estado durante los últimos ocho años repartiéndose el poder de mercado de Internet con servicios y plataformas que eran interoperables entre sí. Por ejemplo, el sistema de pagos de Tencent no puede utilizarse en las páginas de comercio online de Alibaba, y Alibaba no puede compartir sus enlaces en WeChat, la aplicación de mensajería de Tencent. En octubre del año pasado, el fundador de Alibaba, Jack Ma, se quejó en una conferencia en Shanghái de que las autoridades chinas sofocaban la innovación. Desde entonces, las agencias reguladoras cancelaron su Oferta Pública Inicial y no aparece demasiado en público. El crecimiento de estas empresas es constante, y es por ello que, tras la reunión de éstas y algunas otras empresas, como ByteDance, Huawei o Xiaomi, con el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, se haya acordado permitir que sus plataformas sean interoperables entre sí. Además, habrá participación estatal en el sistema de puntuación de clientes de Ant Group, que opera en mercados de crédito, ahorro y seguros.
Más allá
Como se puede ver, las restricciones del Gobierno chino no van dirigidas únicamente a empresas que buscan mercados extranjeros. Tampoco se apela solo a razones de protección de datos personales. Lo cierto es que hay dos factores más.
Primero, la suspensión de la Oferta Pública Inicial de Ant Group ha llevado a varias agencias del Gobierno chino que tenían competencias para regular mercados a entrar en una rivalidad entre ellas (las turf wars) para sobrevivir ante lo que se viene con la siguiente ronda de Reformas del Partido Comunista Chino, que consiste en reducir agencias y centralizar ciertos asuntos en unas pocas.
La segunda razón tiene que ver con el bienestar social, la cohesión interna y la salud mental. La regulación de los sectores de EdTech y del videojuego parte de esta idea. Reducir el número de horas a la semana para jugar a videojuegos busca reducir el aislamiento social, y limitar las tutorías privadas online pretende aliviar el ambiente hipercompetitivo de la educación china, así como reducir carga económica a las familias, con la idea de que, al reducir sus gastos, aumente la tasa de natalidad (eliminar la política del hijo único no ha tenido el efecto esperado).
En conclusión, no se puede señalar una única razón para explicar lo que está ocurriendo en China. El crackdown se debe en algunos casos a motivos de seguridad nacional y competitividad económica, y en otros a causas como la salud mental y el cambio cultural. Ahora bien, en todos ellos hay algo común. Está habiendo una tendencia a priorizar industrias estratégicas, algo que podría asemejarse más al modelo alemán de política industrial que al estadounidense. Para la Unión Europea y Estados Unidos, será clave seguir esta realidad de cerca. Como dicen, “puedes salir fuera de casa, pero primero tienes que dejar en orden la tuya”.
