Emilio Álvarez Icaza es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde julio de 2012. Durante el diálogo del pasado 18 de abril de 2013 con expertos e investigadores especializados en América Latina, Álvarez Icaza reflexionó sobre el dilema de cómo enfrentar las violaciones de derechos humanos en los sistemas democráticos desde un organismo internacional como la CIDH (en el marco de la reforma y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos), en un contexto de cambios y avances democráticos en la región pero también de grandes retos como la pobreza y la exclusión.
Tras un breve repaso a los aspectos procesales y formales del sistema interamericano de derechos humanos, Álvarez Icaza abordó los principales aspectos de la agenda de derechos humanos en la región tales como las cuestiones pendientes de la consolidación y transiciones democráticas (justicia transicional), la debilidad del sistema de justicia e impunidad, la fragilidad o colapso de los sistema de seguridad y las amenazas para los ciudadanos, la situación de los sistemas penitenciarios o los impactos de la realización de grandes proyectos de desarrollo (minería, petróleo e infraestructuras) en términos de derechos de las comunidades indígenas. También destacó la importancia de los espacios de diálogo político y de cooperación internacional, y el papel de la transición española como «espejo hacia los procesos regionales de Iberomérica».
La CIDH junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman las instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) fundamentado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José (1969). En el marco del proceso de reforma del SIDH que lleva más de dos años, el próximo 14 de mayo se realizará la Segunda Conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Cochabamba (Bolivia) que reunirá a los cancilleres de los 23 países parte del Pacto de San José. El objetivo será revisar la Declaración de Guayaquil e intentar adoptar una postura conjunta para la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de este año.
