En lo que respecta a las negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, 2016 comienza bajo el signo esperanzador de que ambas partes continúan sentadas a la mesa dialogando. Esto de por si, pese a la ya larga duración del proceso, es un signo positivo y esperanzador, que permite ser relativamente optimistas respecto a la fecha de finalización del proceso anunciada por el presidente Juan Manuel Santos.
De acuerdo con su anuncio, y tras cerrarse un nuevo capítulo de las arduas conversaciones, antes del 23 de marzo las dos partes implicadas deberían firmar el documento final que clausure el enfrentamiento. Pese a las declaraciones de unos y otros de que éste es finalmente el año de la paz y de que a partir de esta semana se acelerarán las negociaciones, subsisten dudas razonables acerca de la naturaleza del pacto que se pudiera alcanzar en las próximas semanas.
Son muchos los que creen, y con razón, que a estas alturas una vuelta atrás es imposible y que una ruptura del diálogo sería un fracaso. Por eso nadie quiere levantarse de la mesa dando un portazo, ya que quien lo hiciera sería declarado responsable de los ulteriores enfrentamientos y de las nuevas víctimas que se pudieran producir. Sin embargo, esto no significa que el acuerdo que se alcance sea bueno, pero tampoco que no lo sea. Antes de fin de marzo se firmará un papel, algún papel, que entre otras cosas recoja un cese al fuego bilateral y que sea el preámbulo para la convocatoria de un referéndum, la vía elegida por Santos para que el pueblo colombiano se pronuncie sobre el acuerdo.
Aquí encontramos un punto de disenso entre el gobierno y las FARC. Mientras el primero apuesta para que la Corte Constitucional avale el plebiscito popular, las segundas pretenden que los acuerdos los refrende una Asamblea Nacional Constituyente (donde tengan una representación garantizada), que le darían más margen para ejercer unos derechos políticos sin respaldo popular.
El fin del conflicto y el inicio de lo que ya se conoce como el post-conflicto va a estar determinado por el precio que estén dispuestos a pagar la sociedad colombiana y las FARC para dejar atrás la época de las armas. O como se está diciendo ahora en Colombia, cuántos sapos, en forma de concesiones, están dispuestos a tragar unos y otros.
La paz supondría grandes ventajas para el futuro de Colombia a corto, medio y largo plazo. El sólo hecho de que dejaran de producirse víctimas mortales atribuibles al conflicto sería todo un éxito. Sin hablar de sus significados económicos. Ahora bien, en ambas partes hay muchos interesados en hacer descarrilar el proceso, o en que el contrario pague el mayor precio posible.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), apuntaba que los acuerdos de La Habana referentes a la justicia transicional suponían “una piñata de impunidad”. Gustavo Duncan coincide con esta apreciación y agrega que esas grandes dosis de impunidad serán inclusive más notorias cuando los mecanismos pactados comiencen a implementarse. Ahora bien, Duncan va mucho más allá al afirmar que “ese es un precio que vale la pena pagar con tal de alcanzar la paz y parar la violencia contra los civiles”.
A esta altura de los acontecimientos está claro que tanto el gobierno y las FARC deberán hacer concesiones y que éstas serán importantes. Álvaro Uribe y muchos de quienes piensan como él aseguran que se está entregando el país y las instituciones a las FARC, algo que dista mucho de ser verdad. En esto incidió el ex presidente de Avianca, Fabio Villegas Ramírez, probable responsable de la campaña del plebiscito. Villegas defendió la racionalidad de la negociación llevada adelante por el gobierno de Santos: “No hay tal de que el país esté entregando [a las FARC] la Constitución, el orden institucional, o sacrificando la libertades o al sector privado. Creo que es la negociación, con organizaciones al margen de la ley, que menos costo institucional ha tenido”.
Algún desenlace del conflicto y del proceso de paz en Colombia está próximo. De momento desconocemos tanto la letra grande como la letra pequeña del acuerdo, pero tal como están planteadas las cosas será el pueblo colombiano quién tenga que pronunciarse. Si se mantiene la correlación de fuerzas que permitió la reelección de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de junio de 2014 resulta probable que el SÍ a la paz se imponga al NO. Si eso ocurriera, sería un gran momento para Colombia y para toda América Latina.
