El lunes pasado, 25 de junio, se conoció el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra varios artículos de la ley SB (Senate Bill) 1070 de Arizona. El fallo es una batalla más de un largo conflicto entre el estado de Arizona y el gobierno federal de EEUU, que denunció ante el Supremo la norma argumentando que legislaba sobre competencias federales. La Ley 1070 de Arizona forma parte de una creciente implicación de los estados y de las instituciones locales norteamericanas en la lucha contra la inmigración irregular, en el siglo XX en manos exclusivas de las policías y agencias federales. Esta mayor participación de los estados está motivada por la percepción de que los órganos centrales (Senado, Congreso, gobierno y las agencias federales) no son capaces de resolver el problema de la inmigración irregular, estimada en unos 11 millones de personas. Junto a Arizona, otros estados han planteado normas similares (Alabama, Carolina del Sur, Indiana, Virginia Occidental y Utah) que esperan una próxima sentencia del Tribunal Supremo. Mientras tanto, la sentencia del lunes es una victoria del gobierno federal de Obama, que ha visto aceptado por el Supremo su argumento de que el control de la inmigración es competencia federal, pero hace más visibles la necesidad de nuevas normas para gestionar la inmigración y el incumplimiento por la Administración Obama de la promesa electoral de una gran reforma migratoria y de un proceso de regularización.
Arizona, con una frontera de 600 km con México, es uno de los estados más afectados por la inmigración irregular, compuesta básicamente por mexicanos y centroamericanos, y los “irregulares” constituyen un 20% de su población hispana, un porcentaje similar al de Nueva York, Texas o California. Ha sido uno de los estados más activos en la aprobación de medidas contra la inmigración irregular, medidas que gozan de un considerable apoyo social, como la exclusión de los inmigrantes irregulares del acceso a la educación pública, aprobada en 2006. En su empeño por defender el territorio de la entrada de inmigrantes irregulares, Arizona está recogiendo aportaciones privadas para construir un muro que complemente el de cinco metros de alto que cubre ya un tercio de su frontera (sufragado con fondos federales) y su Senado discute una ley que crea patrullas voluntarias, apoyadas con fondos públicos del estado, para vigilar esa frontera y detectar a inmigrantes irregulares y traficantes de drogas. La inmigración irregular se presenta frecuentemente asociada en los discursos a la delincuencia, especialmente al tráfico de drogas y la violencia de grupos de pandilleros.
La sentencia del lunes 25 de junio del Tribunal Supremo anula varios de los aspectos más polémicos de la ley 1070 y avala otros. Entre los artículos anulados se encuentran el que permitía a la policía detener a los inmigrantes irregulares que solicitasen un empleo, la aplicación de sanciones penales a los irregulares por el hecho de serlo y la detención de irregulares a partir de la mera sospecha de que podrían haber cometido actividades delictivas. Sin embargo, el Supremo acepta el artículo que obliga a la policía a comprobar el estatus legal de cualquiera que les parezca sospechoso de estancia irregular y al que hayan parado en el transcurso de su actividad policial normal (en un control de tráfico rutinario, por ejemplo). Este artículo es el que más protestas había levantado entre los grupos de defensa de los derechos humanos, que ven un peligro de discriminación racial en su aplicación. Puesto que la casi totalidad de los inmigrantes irregulares son hispanos, las señas exteriores que componen el aspecto físico de un mexicano o de un indígena centroamericano serán la clave que la policía usará para seleccionar las personas a las que va a “pedir los papeles”. Un resultado indirecto de esta inevitable selección es la extensión de la sospecha sobre toda la población hispana del estado, que se encuentra así convertida en objeto de especial atención por parte de la policía.
El fallo del Tribunal Supremo ha decepcionado y alarmado a muchos hispanos del país que esperaban la anulación del artículo conocido como show me your papers (“enséñeme su documentación”), pero también al grueso de la población mayoritaria de Arizona, disconforme con la anulación de los artículos rechazados por el Tribunal. La mayor parte de la opinión pública norteamericana, el 75% según el Pew Research Center, apoya la ley de Arizona y la de los otros estados que han planteado normas similares. Incluso entre los “no-blancos” (entre los que destacan por su número los hispanos) el 62% apoya estas normas, lo que implica que hacen una clara distinción entre inmigración e inmigración irregular, que no ven un problema de discriminación racial en ellas y que están a favor de medidas más severas para reducir la inmigración irregular.
Por otra parte, no está nada claro cómo puede aplicarse la ley sin originar una sobrecarga de trabajo a la policía, ya sobrepasada por sus tareas habituales. Según la norma, la policía puede ser denunciada por cualquier ciudadano que considere que no ha cumplido su obligación de comprobar el estatus legal como residente de un “sospechoso”, lo que implica gestiones y consultas con las agencias federales, una tarea que requiere tiempo. Además, la puesta en práctica de la norma puede conducir a un aluvión de denuncias contra la policía, por discriminación racial, por parte de ciudadanos norteamericanos de origen hispano, y reducir la confianza y la colaboración de los hispanos con la policía (a menudo hispana) en la prevención de la delincuencia. En buena parte, sus efectos dependerán de la interpretación que hagan los sheriffs de los condados sobre los comportamientos o rasgos que hacen a alguien sospechoso de ser un inmigrante irregular. Algunos de estos sheriffs ya han dicho que la norma no va a cambiar en nada su forma de proceder en el presente. En cualquier caso, un resultado inmediato, producido desde que la norma se aprobó en Arizona en 2010, ha sido la huida de gran parte de los inmigrantes irregulares hacia otros estados de la Unión.
