El sector turístico en Túnez parece vislumbrar la luz al final del túnel; durante los últimos meses varias compañías turísticas han anunciado que reanudan sus viajes a la pequeña república norteafricana y el nefasto impacto de los ataques terroristas de 2015 –en el Museo Nacional del Bardo y en un complejo turístico de Susa– comienza a desvanecerse. Sin embargo, el estado de emergencia, declarado en noviembre de 2015 tras un atentado suicida contra un autobús que transportaba miembros de la Guardia Presidencial, sigue en vigor. De hecho, desde que triunfase la Revolución el 14 de enero de 2011, Túnez apenas ha conocido 16 meses fuera de este régimen de excepción.
Antes de la Revolución, el estatus de Túnez como socio privilegiado de Occidente en la región se sustentaba, entre otros, en la sensación de seguridad que irradiaba. Los diferentes instrumentos del Estado se afanaban en presentar el fenómeno yihadista como algo ajeno al país, un cuerpo externo cuyas escasas manifestaciones intramuros nada tenían que ver con el país, sino que provenían del extranjero. Ahora bien, la militancia de tunecinos y su importancia en redes yihadistas internacionales era más difícil de enmascarar. El Grupo Combatiente Islámico Tunecino –responsable, entre otros, del asesinato de Ahmed Sha Massaoud– o el nombre de algunos de aquellos tunecinos afganos, como Nizar Trabelsi, Sami ben Khamis Essid o Tareq al-Maaroufi, que acabaron conformando algunas de las primeras redes de al-Qaeda en Europa (en Bélgica e Italia, por citar algunos ejemplos), deberían resultar familiares. De infausto recuerdo es también el papel que desempeñó Serhane Ben Abdelmajid, “El Tunecino”, como jefe accidental de la trama operativa local del 11-M.
La Revolución lo cambió todo: el islamismo, reprimido duramente por la dictadura, irrumpió con fuerza en escena para convertirse en una de las opciones políticas más atractivas para quienes buscaban una ruptura con el pasado. Durante el período entre abril de 2011 y agosto de 2013, Anṣār al-Sharī’a (AST) disfrutó de casi total libertad de movimientos en un marco de legalidad, tiempo durante el cual consiguió granjearse la confianza de un buen número de acólitos. La contumacia institucional negando la existencia de un fenómeno que no dejaba de extenderse permitió a AST alcanzar una popularidad y un arraigo sin precedentes para una organización terrorista en el país. Hoy, la brigada ‘Uqba Ibn Nāfa’, considerada como la rama tunecina de al-Qaeda en el Magreb Islámico continúa activa a pesar de los importantes golpes asestados por las FCSE durante los dos últimos años y de las deserciones sufridas durante el momento de mayor popularidad de Estado Islámico en favor de éste.
“Túnez […] es hoy uno de los mayores exportadores de foreign fighters, el mayor si atendemos a la relación entre combatientes enviados y población total”
Más de dos años de libertad de movimientos dan para mucho: proselitismo a gran escala, forja y estrechamiento de lazos con otros grupos salafistas yihadistas, construcción de campos de entrenamiento en Libia, establecimiento de redes de envío de combatientes a zonas de conflicto, etc. Además, una vez la acción del Estado se hizo patente, fue capaz de manejar los niveles de violencia e ir elevándolos hasta poner el proceso de transición democrática contra las cuerdas. De aquellos polvos estos (y futuros) lodos. Túnez, pese a que el Ministerio de Interior no proporciona datos exactos, es hoy uno de los mayores exportadores de foreign fighters, el mayor si atendemos a la relación entre combatientes enviados y población total; un grupo de trabajo de Naciones Unidas cifró en más de 5.000 los nacionales tunecinos desplazados a zonas de conflicto a mediados de 2015. En su último informe sobre combatientes extranjeros, The Soufan Group revisaba sus anteriores estimaciones a la baja cifrando en cerca de 3.000 el número de éstos en Siria e Irak solamente. Aunque bien podrían ser más pues, inicialmente, muchos partieron a Siria –pasaporte en mano– a través de Turquía, pero, conforme se fueron incrementando las medidas de seguridad, el flujo adoptó nuevas rutas. Una de ellas, aunque no siempre de paso, circulaba a través de Libia, Estado fallido sin una autoridad fiable con la que intercambiar información de inteligencia con normalidad.
Hace escasas semanas, durante una reunión de la Comisión sobre Seguridad y Defensa del Parlamento, el ministro del Interior tunecino expuso los resultados de las operaciones antiterroristas llevadas a cabo durante 2017: 188 células terroristas desarticuladas (47 de ellas dedicadas a la captación y envío de combatientes) y prohibición de viajar a 29.000 individuos sospechosos de querer desplazarse a zonas de combate. Los datos son estremecedores y, si bien dan muestra de que el control sobre el fenómeno terrorista ha progresado, no hacen augurar un futuro halagüeño.
El retorno de combatientes también se ha convertido en un problema de difícil gestión para el país. El último informe de The Soufan Group estima que 800 yihadistas tunecinos habrían retornado ya al país. La superpoblación carcelaria no facilita las cosas, según los datos oficiales del Ministerio de Justicia la media de ocupación de las prisiones tunecinas es del 150% de su capacidad, disparándose este porcentaje hasta más del 200% en algunos penales. Del total de la población carcelaria un 7% (1.647 individuos) tenía en 2016 causas pendientes por delitos de terrorismo. En diciembre de 2016, Beji Caïd Essebsi, presidente de la República, declaró: “Túnez no dispone de suficientes prisiones para encarcelar a todos los yihadistas que regresan de las zonas de conflicto, simplemente adoptamos las medidas necesarias para asegurarnos de que éstos sean inofensivos”. La estrategia adoptada y los criterios que se aplican en la toma de decisiones sobre qué hacer con cada individuo (decretar vigilancia, arresto domiciliario o prisión) no están en absoluto claros, lo cual ha generado debates y división en el seno de la sociedad. Además, pese a la acuciante necesidad de poner en marcha un programa de rehabilitación de retornados, a fecha de redacción de este comentario los diferentes rumores al respecto de un proyecto concreto todavía no han cristalizado. En cualquier caso, las iniciativas en dicho sentido deberán tener en cuenta el carácter individual de cada proceso, cada retornado con una experiencia y un nivel de empatía ideológica y de implicación diferentes para con el proyecto ideológico en el que participó. El ingente número de tunecinos retornados, el estado de las cárceles y la ausencia, igualmente, de un programa nacional de prevención de la radicalización, siguen posibilitando que el ciclo de radicalización de nuevos individuos –habida cuenta de la existencia de núcleos de radicalización y de captadores– continúe funcionando.
En lo referente a la reforma en el sector de la seguridad, se han dado pasos importantes, como la adopción de la nueva ley antiterrorista en 2015, la creación de un Centro Nacional de Inteligencia y la modernización del sistema de control de fronteras con Libia. Sin embargo, el camino para transformar un Estado policial –dedicado, en gran medida, a proteger al régimen dictatorial de la ciudadanía– en una institución democrática requiere tiempo. Recobrar la confianza de los ciudadanos en dichas instituciones es una tarea fundamental, quizá la más difícil si tenemos en cuenta su historial, e instituciones como el Ministerio del Interior continúan siendo poco transparentes y todavía arrastran algunos comportamientos y automatismos del pasado.
La única democracia del mundo árabe continúa avanzando en su transición. Cierto es que desde el intento de toma de Ben Gardane por parte de Estado Islámico, Túnez no ha sufrido atentados a gran escala, aunque esto no quiere decir que la violencia haya desaparecido: más de 10 víctimas mortales desde marzo de 2016 testifican sobre una realidad que no suele alcanzar las portadas de la prensa en Occidente. A pesar de los notables avances, basta un vistazo al estado general de las cosas para constatar la difícil realidad. La región sigue sumida en un agujero profundo que parece no tener fin; dictaduras o caos como alternativa no favorecen los avances del proceso en el que se encuentra inmerso Túnez. Libia continuará siendo un foco de inestabilidad a medio plazo y la descentralización de AQMI ha encontrado en el Sahel un terreno favorable. Aun así, las cifras que preceden esta conclusión son suficientes para, incluso obviando los problemas que pueden derivarse de otros focos de inestabilidad en la región, darse cuenta de que Túnez es prisionera de una suerte de hipoteca que no parece que vaya a dejar de reclamarle costosos pagos durante algún tiempo.
1 Anṣār al-Sharī’a (Partidarios de la Sharía) es una denominación que adoptaron varios grupos bajo el paraguas de al-Qaeda tras las revoluciones conocidas en Occidente como Primavera Árabe, en una estrategia de rebranding para, por un lado, eludir la acción directa de la justicia y, por otro, no atemorizar a la población local.
