Las revelaciones contenidas en los llamados Papeles de Panamá, con 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, han vuelto a poner de relieve el grado de corrupción en algunos países, y el problema que suponen los paraísos fiscales, algunos muy próximos a nosotros, en la propia Europa, y que ni la UE ni el mundo logran embridar. No significa que todo sea evasión fiscal, si se declaran las cuentas o empresas, pero Gabriel Zucman los estudió bien en su libro “La riqueza oculta de las naciones: investigación sobre los paraísos fiscales” (2013), en el que señalaba que el 8% de la riqueza financiera mundial se esconde en ellos, con una pérdida de ingresos fiscales de 200.000 millones de dólares anuales a nivel mundial. No es sólo un problema de dinero que sale del primer mundo, sino también del tercero, como se ve por la lista de los implicados, y por el hecho, según el citado Zucman, de que el 30% de la riqueza de África y más del 50% de la de los países productores de petróleo de Oriente Próximo y Rusia se encuentran en estos paraísos.
Estas noticias y este debate han venido a coincidir con una dura negociación entre Apple y la Comisión Europea sobre dónde debe la enorme compañía (como pasa con Amazon y con Google) pagar sus impuestos. Pues los gobiernos, incluido el de EEUU –de dónde son la mayor parte de estos nuevos gigantes tecnológicos– se están percatando de que empiezan a tener un gran problema no ya de evasión, sino de elusión fiscal, incluso dentro de la propia UE, dada la tributación más baja que se registra, por ejemplo, en Irlanda y en Luxemburgo. Es una negociación a cara de perro entre la comisaria de Competencia Margrethe Vestager y los directivos de Apple –el propio Tim Cook la visitó en enero–, en lo que constituye un nuevo gran escollo en las relaciones transatlánticas. Como señalaba el Financial Times, si Bruselas considera que la compañía de la manzana se ha beneficiado de un trato preferencial en Irlanda que contraviene las reglas de la competencia, puede tener que pagar miles de millones de euros a Dublín.
Cuando los salarios están bajando, y por tanto las contribuciones a la seguridad social, las rentas de capital las exceden ya, y las grandes empresas cuentan con sofisticados sistemas tecnológicos para pagar menos impuestos; los Estados, que suelen ir por detrás de los avances en los programas informáticos a este respecto, despiertan al hecho de que tienen, no que subir los impuestos teóricos al capital o al valor añadido, sino recaudar más, si quieren mantener un grado de ingresos públicos suficientes para hacer frente a sus necesidades, incluido los servicios de bienestar a sus ciudadanos. Es lo que en la jerga se llama BEPS, por las siglas en inglés del Base Erosion and Profit Shifting (“erosión fiscal y el traslado de beneficios”). El propio Warren Buffet reconoció no ha mucho que “paga menos impuestos que su secretaria”.
No es un tema que afecte solamente a las economías más avanzadas, sino que ahora las menos desarrolladas o emergentes se están dando cuenta de que también es su problema. Por vez primera esta cuestión ha entrado en el G-20. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G-20, reunidos en Shanghai (bajo presidencia china) en febrero pasado le dedicaron un tiempo a esto. En el punto séptimo de su comunicado abogaron por la creación de un “sistema fiscal internacional justo y moderno” y apoyaron los esfuerzos de la OCDE en este sentido, y la plataforma al respecto que están desarrollando conjuntamente esa organización, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas y otras instituciones. De hecho, en julio el G-20 va a celebrar un simposio sobre esta materia. Y los países en vías de desarrollo, que se quejan de que los regímenes fiscales les vienen impuestos por las grandes economías, quieren que se tomen en cuenta sus pareceres, al considerar que los planes puestos en marcha en los últimos tres años no les han llevado a recaudar suficientes impuestos sobre sociedades, queja en la que se ven apoyados por organizaciones como Oxfam. Incluso China (alguno de cuyos miembros de la elite también figuran en los Papeles de Panamá) asegura en el comunicado del G-20 que va a establecer un centro internacional de investigación sobre política impositiva.
El mundo en general empieza a tener un grave problema de recaudación fiscal. A los miembros del G-20 les preocupa la elusión fiscal y sus efectos BEPS. No es lo mismo que la evasión fiscal, respecto a la cual el Grupo reconoce “el significativo impacto de los flujos financieros ilícitos en todas nuestras economías”. Aunque países que se quejan, como Barbados y las Seychelles, más Panamá y muchos otros, tienen un destacado papel a la hora de facilitar esos flujos ilícitos. Contra ellos se hace poco a escala global, que es la dimensión correcta y eficaz. Cabe recordar que el G-20 proclamó en 2009 el “fin del secreto bancario” pero, como señala Zucman, desde entonces la riqueza gestionada por los paraísos fiscales ha crecido en 25%. “La pérdida de ingresos fiscales es una de las consecuencias de este sistema oculto; pero aún más peligroso es su profundo daño a la democracia y la estabilidad regionales cuando los políticos corruptos tienen un lugar para esconder activos nacionales robados fuera de la vista pública”, señala, muy correctamente, un editorial de The New York Times.
