Tras los recortes de producción acordados por la OPEP y Rusia, y las sanciones (actuales y en ciernes) a Irán y Venezuela, el último empujón geopolítico a los precios del petróleo procede del recrudecimiento del conflicto libio. El colapso de la industria petrolera del país en 2011, que producía 1,6 millones de barriles diarios de petróleo (mbd) y era el tercer productor africano antes de la caída de Gaddafi, obligó a liberar las reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía para frenar la escalada de precios. Libia tocó su suelo de producción en 150.000 barriles diarios en mayo de 2014 y, simplemente, el mercado descontó la volatilidad geopolítica inherente a la situación del país. Pero en los últimos años, tras una montaña rusa de bloqueos de campos, puertos y oleoductos, y en gran medida gracias al esfuerzo de la compañía petrolera nacional libia (NOC) y el compromiso de las compañías que operan en el sector, la producción se había recuperado hasta alcanzar los 1,1 mbd. La solución, casi una década después sigue consistiendo en una combinación adecuada de seguridad, reconstrucción y gobernanza.
Antes de iniciar en abril su actual ofensiva sobre Trípoli, el Ejército Nacional Libio (ENL) liderado por Jalifa Haftar se había hecho gradualmente con el control de los principales campos del país. Desde el comienzo del conflicto, las diferentes facciones han utilizado las instalaciones petroleras como elementos de negociación política y para obtener recursos financieros. Debe quedar claro que ni la NOC ni los principales operadores han cedido a chantajes, pese a la difícil situación del país. De hecho, buena parte de los campos y puertos del este del país permanecieron prácticamente bloqueados hasta 2016, cuando las fuerzas de Haftar se hicieron con la mayor parte de las mismas. A principios de este año, el ENL llevó a cabo con éxito una ofensiva sobre los campos de la cuenca de Murzuq, para luego continuar su avance hacia el norte. Más recientemente, sus fuerzas se hicieron con el control de varias terminales petroleras operadas por la NOC, cuyas protestas por las interferencias políticas en sus operaciones vienen siendo constantes desde el inicio del conflicto.
De hecho, pese a controlar la mayor parte de campos, oleoductos y terminales de exportación (puertos), los intentos de las fuerzas del este por hacerse con las crecientes rentas petroleras han fracasado. Bien directamente, estableciendo una compañía petrolera alternativa en el este; bien intentando hacerse con el control del Banco Central que las custodia. Haftar no parece enteramente supeditado al gobierno establecido en Tobruk, sino que sigue su propia agenda, y su alianza con él tiende a ser instrumental. La negativa de las compañías internacionales a contratar con nadie que no sea la NOC ha permitido hasta la fecha un cierto control de los recursos petroleros del país y evitar que se pongan a plena disposición de las facciones en conflicto. La intervención militar de Estados Unidos abordando el primer petrolero con un cargamento expedido por la NOC del este fue el mensaje más claro y efectivo posible para los operadores del mercado. El otro reducto institucional del gobierno internacionalmente reconocido es el Banco Central, también ubicado en Trípoli. Su gobernador tiene a su disposición más de 70.000 millones de dólares fruto de la subida de ingresos generada por el aumento tanto de la producción como de los precios del petróleo.
El problema de Haftar parece consistir en la necesidad de controlar los recursos petroleros de la NOC y las reservas de divisas del Banco Central, evitando el acceso a los mismos del gobierno legítimo rival y poder cooptar a las facciones restantes. Puede resultar decepcionante que la Unión Europea no haya sido capaz de coordinar una posición común sobre Libia, pero al menos debería poder acordar entre sus Estados miembros el respeto a la independencia y profesionalidad de las dos únicas instituciones dignas de tal nombre que siguen en pie en Libia: la NOC y el Banco Central. Ese consenso de mínimos podría también extenderse al resto de potencias regionales inmersas en el conflicto libio, pues a ninguna interesa que se convierta en un conflicto por recursos de duración indefinida. Preservar ambas instituciones no sólo resulta clave para la economía libia y el abastecimiento global, sino también para mantener un campo de juego equilibrado que permita una solución política. Si las fuerzas de Haftar se hacen con el petróleo y/o las divisas libias, aumenta el incentivo para perseguir una solución militar. El actual conflicto por recursos que asola al país desde 2011 corre el riesgo de recrudecerse, y con él su impacto sobre los precios del petróleo. Cabe recordar que la producción libia está en niveles cercanos a los pre-revolucionarios, y que su colapso obligó a una intervención coordinada de la Agencia Internacional de la Energía. Como acaba de titular el presidente de la NOC libia, Mustafa Sanalla, su recomendable artículo para Bloomberg: “Only a Cease-Fire Will Protect Libya’s Oil: Neither side of the civil war should get complete control of the country’s main economic resource.”
