Periódicamente, aproximadamente cada 10 años, España se mete en el enorme esfuerzo de ser elegida por la Asamblea General miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por dos años. En ello está, en una iniciativa y planeamiento que empezó con el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero –la candidatura se presentó en 2005– y que tiene que culminar en las próximas semanas el actual de Rajoy. Y no se trata sólo de Gobiernos. Los reyes, el actual Felipe VI –que participa este año en la Asamblea General– y el precedente, Juan Carlos I, también han aportado lo suyo. Pues se trata de un esfuerzo diplomático mayúsculo y sostenido. La campaña, que hay que hacer en la sede de la ONU en Nueva York, en las capitales y en los foros internacionales, empezó ya en 2011 y alcanza su punto culminante estos días sobre la base de aportaciones españolas al ámbito internacional de los últimos años y de su visión del futuro.
¿Vale la pena este esfuerzo? En general, lo que un país puede hacer dentro del Consejo depende del conjunto de su política exterior. Estar en el Consejo de Seguridad, incluso en el proceso de impulso a la candidatura, permite presentar la política exterior de un país en toda su amplitud, para lo que hay que tener una política activa y amplia. Ahora bien, España no tiene para ello un margen de maniobra completamente abierto. Pertenecer a la UE y a la OTAN le condiciona. Pero hay posibilidad de mayor margen en cuestiones no cerradas por la UE, como la de Israel/Palestina, o las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Y puede dar mucho juego con los países del otrora llamado Tercer Mundo. Sin duda, el país que se sienta en el Consejo de Seguridad se vuelve más interesante para los demás, y puede llegar a desarrollar un grado de intimidad con otros de los presentes.
Además por el Consejo de Seguridad pasa mucha información. “Es una fuente de información única”, señala Juan Antonio Yáñez, ex embajador de España que se ha sentado en esta institución en diversas ocasiones –aunque hay canales de información aún más privilegiados que sólo pasan entre los cinco permanentes (China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia)–. Desde esa posición, España tendría que informar (junto a Francia y el Reino Unido) al resto de Estados de la UE, en reuniones semanales o ad hoc en caso de urgencias.
Hay una agenda previsible. Y luego el Consejo de Seguridad se llena de imprevistos. Si España es elegida, desde ese escaño tendrá que implicarse en algo que sí está previsto: el ataque de la coalición internacional que EEUU está poniendo en pie contra la organización Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS), bajo la amenaza, que previsiblemente se concretará antes del próximo periodo (2015/2016) de un veto por Rusia y quizá China. Y estos vetos están paralizando el Consejo, que no logra adoptar Resoluciones, por lo que a menudo, en estos tiempos, se limita a Declaraciones de su presidente de turno. Aunque el Consejo de Seguridad ha aprobado una Resolución en la “guerra” contra el ébola, que se prolongará.
Sentarse en el Consejo implica también obligaciones. Hay países que a menudo se resisten a esta participación, como México, consciente de que en el Consejo de Seguridad se puede tener que enfrentar a su gran vecino EEUU, miembro permanente con derecho de veto. Es lo que le pasó a México, cuando entró en el Consejo, en los prolegómenos de la invasión de Irak en 2003. Otros como Brasil y Alemania, que aspiran a un asiento permanente, quieren estar lo más posible y no esperan que pasen 10 años. Por el contrario, Arabia Saudí fue elegida en 2013 pero renunció 24 horas después para ser reemplazada por Jordania.
Salvo la osada primera intentona fallida en 1956, recién entrada en Naciones Unidas, siempre que se lo ha propuesto, España lo ha conseguido (1968, 1980, 1992 y 2002). En esta ocasión compite para dos puestos con Nueva Zelanda y Turquía.
